Pedro Leal: “El cierre de Lada y de otras centrales térmicas de carbón supondrá un golpe perjudicial para el tejido productivo e industrial español y asturiano, y encarecerá el precio del recibo de la luz”

“PSOE, Podemos y C’s son favorables en las Cortes y en la Eurocámara al adelanto de la fecha de cierre de las centrales térmicas de carbón y en Asturias son contrarios a ello, lo que supone un  fraude a los ciudadanos españoles y, muy especialmente, a  los asturianos”

“Ante este doble discurso de PSOE, Podemos, y C’s, consideramos adecuado que la JGPA manifieste la conveniencia de modificar la Ley del Sector Eléctrico, para dotar al Gobierno de los instrumentos que garanticen que los cierres de centrales térmicas se atengan al interés general”

Intervención del diputado de FORO, Pedro Leal, en el Pleno de la JGPA, en la iniciativa sobre la adopción de medidas para evitar el cierre unilateral de las instalaciones de generación eléctrica :

En las últimas fechas algunas formaciones políticas están trasladando a la sociedad asturiana un doble discurso, basado en la defensa de propuestas contradictorias en Asturias y en otras CC.AA., respecto a las distintas posturas que mantienen dichos partidos aquí, en Madrid y en Bruselas, ofreciendo una ambigüedad alarmante en un tema tan trascendente para el tejido industrial español, y asturiano en particular, como el cierre o la continuidad de las centrales térmicas de carbón para la generación de energía eléctrica. 

Concretamente, estos grupos políticos, y me refiero expresamente al PSOE, a Podemos y a Ciudadanos, que sostienen en las Cortes Generales y en la Eurocámara una postura favorable al adelanto de la fecha de cierre de las centrales térmicas de carbón, como demostraron con sus votos en el Congreso de los Diputados en octubre de 2017 y, por el contrario, los mismos grupos políticos manifiestan en las instituciones autonómicas y locales asturianas su postura contraria a los cierres de dichas centrales, lo que supone un  fraude a los ciudadanos españoles y, muy especialmente, a  los asturianos, que estamos pendientes de la resolución del Gobierno de España sobre el anuncio unilateral por parte de Iberdrola del cierre de la central térmica de Lada en Langreo. 

Ante este doble discurso de Podemos, PSOE y C’s, consideramos adecuado que la JGPA manifieste la conveniencia de modificar la Ley del Sector Eléctrico, para dotar al Gobierno de los instrumentos que garanticen que los cierres de centrales térmicas se atengan al interés general.

El cierre de la Central Térmica de Lada y de otras centrales térmicas de carbón no solo supondrá un golpe perjudicial para el tejido productivo e industrial español y del Principado de Asturias, sino que encarecerá el precio del recibo de la luz y abrirá la puerta al aumento de las horas de funcionamiento de las centrales nucleares que sustituirán a las centrales de carbón que se cierran.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, califica expresamente el suministro de energía eléctrica como un servicio de interés económico general, en la misma se establece que el objeto de la regulación del sector eléctrico no es otro que ‘garantizar el suministro de energía eléctrica, y de adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste’. 

En consecuencia, la operación y cierre de una instalación de generación debe de ponderarse teniendo en cuenta el interés general y el impacto que la clausura de la instalación pueda ocasionar.

En la medida en que la regulación del sistema energético se basa sobre tres pilares fundamentales:

1º.- la competitividad

2º.- la sostenibilidad 

3º.- y la seguridad de suministro

Resulta imprescindible disponer de herramientas regulatorias adecuadas para garantizar el suministro de energía eléctrica ante los supuestos de riesgo cierto para la prestación de dicho suministro, de efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad o en la competencia en el mercado eléctrico, o de riesgo de incumplimiento de los objetivos medioambientales, que pudieran derivarse de un eventual cierre de una instalación de generación de energía.

Como hemos tomado conciencia del problema que supone la clausura anticipada de las centrales térmicas alimentadas por carbón, de las que cinco se encuentran en Asturias, desde la JGPA debemos exigir responsabilidad a los que tienen las funciones ejecutivas de gobierno, les pedimos que se sitúen y valoren las consecuencias previsibles de estos cierres y que no debemos ahorrarnos acciones para evitarlos, reflexión que no se hizo cuando Almunia y Zapatero lanzaron en 2010 su campaña anti carbón en Europa; ni cuando en 2013 se aplaudió que sindicatos y gobierno firmaran un plan de cierre de la minería; ni cuando diputadas asturianas como Adriana Lastra y Natalia González, junto al ciudadano Ignacio Prendes, se sumaron a Sofía Castañón y Segundo González de Podemos, en el mes de octubre de 2017, para votar todos juntos, al alimón, una propuesta de cerrar la térmicas presentada por Podemos.

Por eso introducimos esta enmienda para, en caso de aprobarse, que tomen conocimiento de lo que están haciendo, y de lo que supone para Asturias cuando aprieten el botón del voto, y poder también comprobar el nivel de influencia que tienen en sus organizaciones políticas, aquellos que votan una cosa aquí, y otra en Madrid y Bruselas.

Como conclusión, y para describir los principales efectos de adelantar el cierre de las térmicas, supondrá un golpe muy duro para el empleo directo de las cinco centrales asturianas, para todos los servicios avanzados de ingeniería y mantenimiento, para la minería autóctona, y para el carbón importado que mueve unos 200.000 camiones para transportar mercancía para ser quemadas en esas térmicas, son, por tanto, argumentos suficientes como para que se vote a favor, y que influyan en sus respectivas organizaciones en las Cortes Generales, en el Parlamento Europeo y, en particular, en los representantes asturianos en estas Cámaras, para que apoyen los cambios normativos procedentes para dotar al gobierno de los instrumentos necesarios para controlar este tipo de cierres.