Intervención de la Consejera de hacienda

Publicada por Pressy el 23/09/2019 12:35:05

Señorías, como saben, comparezco en esta Junta General para presentar nuestro programa de gobierno al frente de la Consejería de Hacienda para los próximos 4 años.

Ésta es mi primera intervención en esta Cámara. Por eso, más allá de la cortesía parlamentaria, permítanme agradecerles esta primera oportunidad para comparecer ante ustedes. Durante estos 4 años tienen, entre otras, una importante labor: controlar la acción de este gobierno. Es esta una oportunidad que me permite compartir con sus Señorías, y con la ciudadanía asturiana a la que nos debemos, los principales objetivos de nuestra Consejería.

En los próximos minutos presentaré junto a mi equipo las líneas generales de nuestra actuación para esta legislatura. Se trata, como verán ustedes, de algunas cuestiones estratégicas y de gran calado, pero también de otras más concretas y específicas; en cualquier caso, todas exigirán el esfuerzo de mi Consejería, pero también la colaboración y el consenso de los distintos grupos políticos aquí representados. La búsqueda del interés general así nos lo demanda y debemos responder a sus exigencias.

Inicio mi labor al frente de la Consejería con el ánimo de que mi gestión se sustente sobre tres pilares básicos: visión de equipo, diálogo y responsabilidad.

Visión de equipo, porque provengo de una institución, la universitaria, donde la resolución de los problemas se concibe a través del trabajo en equipo y del esfuerzo conjunto. Así deseo yo desempeñar mi labor.

Diálogo, porque sinceramente creo que resulta imprescindible para la acción política. Es una convicción personal que seguro ustedes comparten. Les aseguro desde ya, desde el primer día, que el diálogo será una seña de identidad de esta Consejera.

Y responsabilidad, porque la gestión pública bien entendida exige como premisa ser realizada de modo responsable. Seguimos inmersos en tiempos complicados. Aún arrastramos las consecuencias de la crisis económica vivida en los últimos años, y todos debemos tener claro la responsabilidad a la que nos enfrentamos; no sólo nosotros desde el gobierno, sino también ustedes desde la oposición. El trabajo que desempeñemos debe ser serio y riguroso. Sólo de este modo lograremos que nuestra labor se traduzca en resultados positivos para los ciudadanos.

Señorías, esta Consejería y por extensión este Gobierno, tiene ante sí dos retos inmediatos y de una relevancia crucial para nuestra comunidad autónoma: la configuración de los Presupuestos del próximo ejercicio y la negociación del que será el nuevo modelo de financiación autonómica. En ambos casos, como verán, deberemos hacer uso de estos tres pilares.

Contar con unos Presupuestos para 2020 es el objetivo inmediato de esta Consejería. Los retos que tiene Asturias y las oportunidades que esperan los asturianos no merecen ninguna prórroga. Nos comprometemos a elaborar y aprobar un documento presupuestario que recoja las necesidades de todos los asturianos y ahí es donde entra en juego este Parlamento. Ya hemos visto de qué manera ha afectado a las cuentas autonómicas el hecho de que en el Estado no tengamos Presupuestos Generales, con el bloqueo durante meses de más de 200 millones de € y que pueden afectar a la prestación de los servicios públicos.

Estoy segura de que todos somos conscientes de que no es lo mismo tener un Presupuesto que no tenerlo. No es lo mismo contar con el máximo de recursos posibles, que padecer los rigores de una prórroga presupuestaria. Imaginen una familia a la que se le impide hacer frente a unos mayores gastos, a pesar de ser necesarios para sus integrantes y a pesar de contar con ingresos para ello. Eso es una prórroga para nuestra región.

A nadie se le escapa que este Gobierno tiene más coincidencias en su programa con los grupos de la izquierda de este Parlamento, y serán ellos nuestra prioridad en la negociación presupuestaria. Pero, como señaló el Presidente del Principado, lo importante es que contemos con Presupuestos y que tengan el máximo consenso posible. De ahí que insista en apelar a la responsabilidad de todos.

Somos conscientes de que una vez aprobado un Presupuesto, éste debe llevarse a la práctica a través de una gestión presupuestaria rigurosa, eficaz y realista. Así nos comprometemos a hacerlo, puesto que ésta es la mejor garantía para alcanzar los objetivos de cada política. Ser más eficaces en esa gestión, requiere contar con una normativa clara, precisa, que abarque todos los aspectos que afecten a la Hacienda pública. Por ello, acometeremos en esta Legislatura la elaboración de una nueva Ley en materia económica, financiera y presupuestaria.

El texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias fue publicado en el año 1998. En aquel momento tuvo como referencia una Administración relativamente pequeña y en pleno proceso de formación, que ha experimentado importantes cambios desde entonces. También nuestro marco jurídico ha cambiado; se ha visto afectado en estos años por circunstancias como cambios en el modelo de financiación o las exigencias en materia de estabilidad presupuestaria o de coordinación de la política fiscal. Es preciso por tanto elaborar una nueva disposición legal que responda eficazmente a esta nueva realidad.

Como saben, el Presupuesto abarca, por un lado, los gastos asociados a la prestación de servicios a los ciudadanos, y, por otro, como si de las dos caras de una moneda se tratase, los ingresos que permitirán financiar tales servicios. Hablemos de estos últimos.

Más del 75% de nuestros ingresos (unos 3.000 millones de euros) proceden de los modelos de financiación autonómico y provincial.

Estos modelos habrán de ser reformados en fechas próximas. Este será nuestro segundo gran reto. Nos jugamos mucho y nuevamente he de apelar a la visión de equipo, al diálogo y, en especial, a la responsabilidad. Ese nuevo sistema de financiación nos afectará a todos como comunidades autónomas en lo colectivo y a todos como ciudadanos en el plano individual. Y los efectos no serán sólo para esta legislatura, sino a mucho más largo plazo. Recuerden que el actual modelo fue aprobado ya hace una década.

El gobierno de Asturias ya ha dejado claro a través de su Presidente cuál consideramos que debe ser el punto de partida de un futuro modelo de financiación: Un sistema centrado en las necesidades de gasto y el coste efectivo de los servicios, no en la capacidad fiscal de cada territorio. Defendemos un modelo que garantice la equidad y la solidaridad, donde se tengan en cuenta de manera efectiva aspectos que condicionan de forma decisiva el coste de prestación de los servicios: el envejecimiento demográfico, la dispersión, la orografía o todos aquellos costes fijos asociados a la prestación de nuestros servicios públicos. Defendemos un modelo de nivelación total que garantice la suficiencia en la prestación de los servicios transferidos y no aceptamos limitar la igualdad por el mal llamado principio de ordinalidad (el cual lo único que hace es permitir una mejor financiación a los territorios más ricos).

Asturias tiene que ir a negociar unida. Poco podremos defender en Madrid si vamos separados y cada uno de nosotros hace la guerra por su cuenta. Mi voluntad es propiciar el mayor entendimiento con los grupos de la Junta General, lograr un amplio acuerdo social, y mantener y, si es posible, reforzar, las alianzas alcanzadas durante la anterior legislatura con otras comunidades autónomas.

El pasado 20 de agosto el Presidente hizo una petición de reunión a la Junta de Portavoces con el objetivo de buscar una posición común que nos permita defender nuestros intereses con la mayor fuerza y unidad de la que seamos capaces. Además, se ha constituido en esta Junta General una comisión específica sobre financiación autonómica, de la cual estamos seguros surgirán acuerdos y propuestas que nos favorecerán a todos, y cuando digo todos me refiero al conjunto de la ciudadanía asturiana.

Asegurar la elaboración de un buen modelo de financiación autonómica es primordial para Asturias, pero este modelo debe de ir de la mano de un sistema fiscal responsable, progresivo y justo. Señorías, no les descubro nada si les digo que este Gobierno no tiene intención alguna de sumarse a esa tendencia de rebajar impuestos a la carta, como si la reducción impositiva generalizada fuera la solución a todos los males.

A nadie se le escapa, por mucho maquillaje que se utilice, que esas supuestas rebajas fiscales no favorecen a toda la población: se centran en unos pocos, aquellos que poseen las rentas más altas, en perjuicio, claro está, del resto de los ciudadanos, reduciendo con ello la progresividad del sistema. No conviene obviar que estamos apoyándonos en un principio de nuestra propia Constitución.

No olvidemos que son reducciones fiscales que se realizan en comunidades autónomas que tienen una mayor capacidad de recaudación; frente a ellas se sitúan territorios como Asturias, donde nos hemos caracterizado por una política fiscal responsable, progresiva y redistributiva.

Permítanme aprovechar para comenzar una labor que cada vez creo más necesaria: desmentir el mantra de que Asturias es un infierno fiscal. Son suficientes las cifras para rebatirlo, todo lo demás es demagogia. La presión fiscal viene determinada fundamentalmente por los grandes impuestos estatales, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades, aquella parte definida por la normativa estatal y no por las modificaciones que se practican desde las comunidades autónomas.

Fíjense: de acuerdo con las cifras del ejercicio 2018, los tributos cedidos en los que las comunidades autónomas disponemos de competencias normativas, suponen tan sólo el 1,4% de la presión fiscal global. Si analizamos esta última cifra, veremos que Asturias se sitúa por debajo de la media, con un 1,25%.

Si incorporamos también los tributos propios, la media de presión fiscal es del 1,6%, y nuevamente Asturias se sitúa claramente por debajo de esta cifra, con el 1,53%.

Tengan en cuenta que la presión fiscal global en nuestro país se sitúa en el 38,9% según los últimos datos de Eurostat para 2018. Y permítanme añadir un inciso: la presión fiscal en España no es elevada. Comparémosla con la media de la UE, que alcanza el 45%, o la de los países de la Eurozona, algo superior al 46%.

Ni hay infierno fiscal ni mucho menos una política tributaria que desincentive la actividad económica.

En todo caso, a lo largo de la presente legislatura revisaremos nuestro sistema tributario, dentro del margen que nos permita la normativa de estabilidad, garantizando siempre su carácter progresivo y solidario, y sin poner en riesgo la prestación de los servicios públicos. El sistema tributario puede servir para apoyar políticas relevantes para el Principado, contando con medidas que fomenten la actividad económica, que favorezcan al medio rural, que permitan hacer frente al reto demográfico o que impulsen las iniciativas innovadoras.

Pero todo ello me hace remitirme nuevamente al modelo de financiación. Cualquier cambio tributario ha de ir de la mano necesariamente de la reforma de dicho modelo. En su seno deberá establecerse un espacio fiscal propio en el que podamos adaptar la tributación autonómica a la realidad de nuestros ciudadanos y sus necesidades. Y esto sólo es posible si ponemos fin a las guerras fiscales entre territorios y definimos un sistema armonizado a nivel nacional, que permita la legítima autonomía de los territorios, pero garantizando una fiscalidad mínima común.

Me gustaría completar esta parte de mi intervención con dos compromisos: el primero, nuestra intención de seguir incrementando nuestro esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal. Así, desde el Ente Tributario se irán aprobando y mejoraremos cada ejercicio los Planes Anuales de Control Tributario, para perseguir del modo más efectivo a quienes defraudan y trabajar de manera coordinada con los distintos agentes y administraciones. Mi segundo compromiso se refiere a la necesaria revisión de la normativa de tasas y precios públicos. Tenemos el objetivo de presentar ante este Parlamento una nueva Ley de Tasas en un breve plazo de tiempo.

Hemos hablado hasta este momento de los ingresos públicos de carácter tributario y de los procedentes del modelo de financiación. Hablemos ahora de los ingresos de naturaleza financiera. En los últimos años, y en un escenario complejo, con muchas restricciones e incertidumbres, Asturias ha llevado a cabo una gestión responsable de la deuda. Salvo contadas excepciones, y en su mayor parte por cuestiones ajenas a la actuación autonómica, nuestra Comunidad ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria exigidos por la normativa a nivel nacional, y ha acudido al endeudamiento con responsabilidad, apoyándose en unas finanzas saneadas.

Todo ello se ha reflejado en nuestra calificación crediticia. Según la última revisión realizada hace escasos días por la agencia Moody’s, nuestra deuda a largo plazo tiene una calificación de “Baa1” con perspectiva estable, y “Prime-2” para la deuda a corto plazo. Dichas calificaciones coinciden con las otorgadas por la misma agencia al Reino de España y nos sitúan en el bloque de comunidades del territorio común con mejor calificación. Sin duda, esto favorece el interés de los inversores en nuestro territorio y nos permite beneficiarnos de tipos de interés más favorables.

No rehuimos la necesidad de acudir al endeudamiento como una herramienta para financiar nuestra administración pública. Y lo hacemos de este modo porque las cifras nos avalan. Asturias se mantiene como una de las comunidades menos endeudadas en relación al PIB. Según los últimos datos del Banco de España, el Principado fue la 4ª comunidad del régimen común menos endeudada al cierre de 2018, con un porcentaje de deuda del 18,4% del PIB, siendo la media del resto de territorios del 24,3%.

Estos números y la situación general de los mercados nos hacen comenzar a valorar dar un paso más que nos permita adquirir una ventaja financiera a medio y largo plazo. Estamos trabajando para llevar a cabo una emisión de deuda pública. Los parámetros actuales, con bajos tipos de interés y una mayor liquidez en los mercados, nos invitan a pensar que 2020 puede ser el momento idóneo para ello.

Creemos firmemente que el futuro de nuestra financiación pasa por acudir a los mercados. Esta estrategia no tiene por qué suponer, si así lo considerásemos adecuado, abandonar otros métodos de financiación que hasta el momento hemos utilizado, como son los mecanismos que ha puesto el Estado al servicio de las comunidades autónomas. Optaremos en cada momento por aquel instrumento que suponga mayores ventajas para el Principado de Asturias.

Me gustaría en este parte de mi intervención hacer un breve repaso sobre nuestros objetivos desde el punto de la Intervención General.

La contabilidad pública y el control de la actividad económico-financiera de la Administración autonómica también se verán reforzados en esta nueva legislatura.

La Consejería de Hacienda, a través de la Intervención General, está actualmente trabajando en la redacción de un nuevo Plan General de Contabilidad Pública autonómico. Su aprobación a lo largo de esta legislatura permitirá avanzar en la armonización de la información económico-financiera del sector público regional con la de otras administraciones públicas y empresas privadas.

Contar con dicha norma permitirá no sólo incorporar a nuestra región al proceso de normalización contable puesto en marcha a nivel nacional, sino también reforzar la política de transparencia del Gobierno de Asturias en relación a la información económico-financiera.

Además, para intensificar el control de la actividad financiera nuestra Intervención General se ha visto ampliada recientemente con 5 nuevos puestos. Esto permitirá tanto la adaptación a las nuevas exigencias de la Administración electrónica, como la mejor atención a las recomendaciones anuales de la Sindicatura de Cuentas.

Como saben, nuestra Consejería tiene un eminente carácter técnico y de gestión, con lo que las inversiones en infraestructuras no tienen el mismo peso que en otros departamentos del gobierno del Principado. Sin embargo, la Consejería mantiene la competencia de patrimonio. Como habrán ya escuchado en días previos, las inversiones en edificios judiciales se ha centralizado en la Consejería de Presidencia. Por lo tanto, la acción de la Dirección General de Patrimonio se ceñirá a racionalizar el gasto, y rentabilizar y mantener el patrimonio del Principado de Asturias.

Es nuestra pretensión retomar un objetivo que se planteó en pasadas legislaturas y que pasa por una revisión de la normativa en materia de patrimonio. A través de una nueva Ley queremos afrontar los nuevos escenarios que aparecen en la gestión patrimonial, regulando, por ejemplo, los arrendamientos, las explotaciones o las cesiones de inmuebles públicos que se realicen desde la Administración. Está entre nuestros objetivos traer esta Ley al Parlamento a lo largo de la legislatura.

La Dirección General de Patrimonio se encarga también de uno de los importantes avances que se han llevado a cabo dentro de nuestra administración autonómica, la contratación centralizada. Estamos convencidos de las bondades de un sistema de contratación que trae ahorro para las arcas públicas, por lo que nos comprometemos a seguir avanzando en este campo para conseguir una administración más eficiente.

Como saben, nuestra Consejería tiene un eminente carácter técnico y de gestión, con lo que las inversiones en infraestructuras no tienen el mismo peso que en otros departamentos del gobierno del Principado. Sin embargo, la Consejería mantiene la competencia de patrimonio. Como habrán ya escuchado en días previos, las inversiones en edificios judiciales se ha centralizado en la Consejería de Presidencia. Por lo tanto, la acción de la Dirección General de Patrimonio se ceñirá a racionalizar el gasto, y rentabilizar y mantener el patrimonio del Principado de Asturias.

Es nuestra pretensión retomar un objetivo que se planteó en pasadas legislaturas y que pasa por una revisión de la normativa en materia de patrimonio. A través de una nueva Ley queremos afrontar los nuevos escenarios que aparecen en la gestión patrimonial, regulando, por ejemplo, los arrendamientos, las explotaciones o las cesiones de inmuebles públicos que se realicen desde la Administración. Está entre nuestros objetivos traer esta Ley al Parlamento a lo largo de la legislatura.

La Dirección General de Patrimonio se encarga también de uno de los importantes avances que se han llevado a cabo dentro de nuestra administración autonómica, la contratación centralizada. Estamos convencidos de las bondades de un sistema de contratación que trae ahorro para las arcas públicas, por lo que nos comprometemos a seguir avanzando en este campo para conseguir una administración más eficiente.

En esta legislatura, la Dirección General de Patrimonio asume una nueva competencia, la de Casinos, juegos y apuestas. En este apartado hay que conjugar dos escenarios: por un lado, se trata de un sector que aporta riqueza y puestos de trabajo en nuestra CC.AA., aunque permítanme que les adelante que me estoy refiriendo a la rama tradicional y presencial de esta actividad; pero, por otro, somos conscientes de la preocupación y la alarma que genera en nuestra sociedad la proliferación de las apuestas deportivas, especialmente entre nuestros jóvenes.

Señorías, pongamos en valor que Asturias es la única CCAA que cuenta con un Plan de Prevención de la Ludopatía. Nuestro objetivo será desarrollarlo adecuadamente para profundizar en el conocimiento de la patología y su tratamiento, reforzar la prevención y abordar en mejores condiciones esta adicción.

Como saben a raíz de la nueva estructura orgánica, la Consejería de Hacienda se hace cargo de la competencia en materia de Asuntos Europeos, que pasa a tener rango de Dirección General. No es casual, ya que desde el Gobierno del Principado de Asturias somos conscientes de que la Unión Europea es un foco de decisiones clave para una comunidad como la nuestra.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional es un ejemplo de la importancia que tiene para Asturias la política europea. Durante esta legislatura finalizará el actual programa operativo de este fondo (2014-2020), donde se contemplan unas ayudas para Asturias de algo más de 260 millones de euros. Por poner un ejemplo de su importancia, es una cifra similar a la del coste total que tuvo el actual Hospital Central de Asturias.

Los Fondos Europeos son quizá la parte más visible de la Unión Europea para la ciudadanía, pero la importancia de las políticas europeas va mucho más allá. Por supuesto, tenemos la firme intención de traer a la región la mayor cantidad posible de Fondos, convirtiéndonos en catalizador de proyectos europeos entre Empresas, Universidad, Administración y Sociedades Públicas. Pero la Dirección General de Asuntos Europeos se crea con una vocación más ambiciosa: la de incrementar la influencia de la región en las políticas de la Unión Europea, en beneficio de nuestro desarrollo económico y social.

Consideramos primordial influir con más precisión en la legislación europea, y lo haremos no sólo a través de las instituciones que mejor encauzan la voz de los territorios en Europa, como es el Comité de las Regiones, sino también directamente en el Parlamento Europeo y en la Comisión.

Esta nueva perspectiva se hace ahora más necesaria que nunca, dado que será preciso abordar una transición energética que va a tener un gran impacto en la región, y que debe ser correctamente planificada. Tengamos en cuenta que no somos la única región en Europa que sufrirá el mismo proceso de transición; debemos estar preparados para competir y a la vez colaborar con el resto de regiones en situaciones similares.

Como sabrán, en estos momentos se prepara la planificación del nuevo marco financiero plurianual 2021-2027 y Asturias debe estar preparada para hacer valer sus intereses en el ámbito comunitario. En esta cuestión nos encontramos con el hándicap de la situación de incertidumbre que está provocando el Brexit, cuya resolución será clave para conocer el presupuesto con el que contará la Unión Europea.

En esta legislatura también se pretende reforzar la presencia asturiana en Bruselas, para estar a la altura de otras Comunidades Autónomas de cabecera. Se trata de potenciar la marca Asturias, fomentar la exportación de productos asturianos y promover la atracción de capital extranjero a la región.

La Dirección General de Asuntos Europeos tendrá un carácter eminentemente transversal, con vocación de apoyo al resto de Consejerías y ámbitos sectoriales, para intermediar con las instituciones de la Unión y conseguir una mayor contundencia en los esfuerzos realizados. Se trata de poner Europa en Asturias, y Asturias en Europa.

Ese carácter transversal es algo innato a esta Consejería. Nuestra labor exige la colaboración y el consenso de todas las áreas y departamentos de la administración regional. Es la misma colaboración y consenso que espero lograr el resto de fuerzas políticas. Demostremos a la ciudadanía asturiana que pueden confiar tanto en la capacidad de este Gobierno, como en la concordia plural de esta cámara parlamentaria.

Finalizo, señorías, emplazándoles a hacer uso de los tres pilares sobre los que tengo intención de que se sustente la gestión de la Consejería: visión de equipo, responsabilidad y diálogo. Me tendrán siempre dispuesta para hacer valer junto a ustedes cada uno de ellos.

Muchas gracias por escucharme. Quedo a su disposición para todas aquellas cuestiones que desean aclarar.

 

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