Intervención del Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra

Publicada por Pressy el 05/03/2019 16:05:02

El despoblamiento es un grave problema en muchas zonas rurales de Europa, tanto en el norte como en el sur, y varios informes indican que es un fenómeno creciente. Esto ha llevado a que los gobiernos nacionales y los regionales pongan en marcha planes y programas para abordar el problema. España, particularmente afectada, está trabajando en una estrategia para el reto demográfico, y algunas comunidades también han diseñado sus propias estrategias, pues cuentan con territorios que pueden considerarse desiertos demográficos, con densidades por debajo de los 10 habitantes por Km2.

Sin embargo, el mundo rural aporta notables beneficios: contribuye a la diversidad biológica a través de los espacios de alto valor natural, produce alimentos sanos y saludables, garantiza la provisión de los elementos básicos para la prestación de servicios ecosistémicos como agua en cantidad y calidad suficiente, garantía de seguridad de abastecimiento, así como un aporte de aire de calidad.

A la diversidad natural se añade la diversidad cultural. Las áreas rurales de Europa albergan una rica pluralidad de manifestaciones lingüísticas, gastronómicas y artesanales; folclore, arquitectura y otros tipos de representaciones culturales que constituyen modelos de interacción entre sociedad y territorio únicos, insustituibles y de gran valor, que suponen, también, una estimable contribución a la generación de oportunidades sociales y económicas en estas áreas.

Importa que en las comunidades rurales cobre fuerza la visión de que las políticas de protección, dirigidas a aumentar la cantidad y calidad de las áreas protegidas, de asegurar la preservación de las especies silvestres, constituyen un ámbito de oportunidades para el desarrollo humano, social y económico; y, si hablamos de desarrollo humano, hablamos de abordar el problema del despoblamiento, que las afecta intensamente.

Siendo esto una constatable realidad, hay un prejuicio que combatir: muchos habitantes de las zonas rurales en Europa perciben las políticas de protección y conservación ambiental como una limitación a sus posibilidades de desarrollo, como un inconveniente de difícil solución para sus proyectos vitales. Existe un serio conflicto de convivencia en muchas regiones y comunidades rurales entre los planes de protección y control de algunas especies silvestres y las actividades tradicionales de ganadería y agricultura.

La idea del reequilibrio entre conservación y desarrollo en el espacio rural implica la necesidad de articular los programas políticos y el discurso adecuado que permita que sean percibidas como una oportunidad.

La Unión Europea cuenta con normas bien conocidas para la protección de los espacios naturales, como la red Natura 2000, y con instrumentos financieros adecuados al objeto de lograr sinergias entre protección ambiental y atracción de actividad y población a las zonas rurales, así como políticas que promueven la adaptación de las actividades en los sectores tradicionales de agricultura y ganadería a los cada vez más exigentes criterios de calidad y sostenibilidad ambiental; y no solo a estos sectores sino también al creciente sector servicios y particularmente al turismo rural, que se asocia a diversidad y calidad ambiental, a cultura tradicional y a productos sanos y saludables.

El reto es identificar nuevas oportunidades, reforzar las políticas y los instrumentos para que tanto la protección como la restauración del medioambiente ofrezcan nuevas posibilidades de desarrollo, de autosuficiencia económica en las zonas rurales afectadas por la despoblación. Y deberá hacerse de manera participativa, donde las comunidades rurales puedan hacer oír su voz y se sientan protagonistas de este proceso. La existencia del nuevo Marco Financiero Plurianual, al igual que el Plan de Acción para el Medio Ambiente y la cumbre de Sibiu sobre el futuro de Europa suponen una buena oportunidad para identificar las prioridades, para lograr el reequilibrio entre conservación y desarrollo, para que nuestras zonas rurales puedan ser un lugar para vivir y para trabajar, una combinación entre la obligación de conservar y la necesidad de vivir.

 

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