Las empresas asturianas ya pueden acogerse a la posibilidad de reajustar de manera temporal la potencia eléctrica que tengan contratada para rebajar la factura eléctrica durante el periodo de vigencia del estado de alarma a consecuencia de la crisis del coronavirus.

Esta opción, ya en vigor, es una de las diez actuaciones aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno para aminorar los efectos económicos y sociales derivados de las medidas adoptadas para combatir la emergencia sanitaria. Bien porque se hayan visto obligadas a cesar temporalmente su actividad o porque su volumen de trabajo se haya reducido, las empresas podrán solicitar el reajuste de la potencia contratada para ajustar el recibo eléctrico.

Esta medida es el resultado de las conversaciones mantenidas por la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica con las principales distribuidoras que operan en Asturias, especialmente con EDP-HC Distribución y Viesgo Distribución, que suman cerca del 98% de los suministros, pero también con las otras cuatro operadoras: Electra de Carbayín, i-DE (Iberdrola Distribución Eléctrica), Suministros Eléctricos de Amieva y Distribuidora Eléctrica del Sil.

La directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, explica que esta iniciativa implica que se podrá modificar más de una vez al año la potencia contratada. Además, supondrá un importante ahorro para el consumidor que necesite reducir la potencia debido a la crisis del COVID-19, pues se beneficiará doblemente: por una parte, con el ahorro de haber reducido el término fijo de potencia; adicionalmente, porque este ajuste no le supondrá coste alguno (ni para la reducción ni para cuando recupere los valores de potencia de antes de la crisis).

De no haberse acordado esta medida, estos costes de ajuste, dependiendo del contrato, podrían llegar a ser tan elevados que no compensara solicitar la reducción temporal de la potencia. “Esta es, pues, una actuación que beneficia desde los autónomos y el pequeño comercio, pasando por la pequeña y mediana empresa, hasta la gran industria que, como sabemos, tiene elevados consumos energéticos en épocas de producción normal y que podría verse obligada a ajustar la potencia en las circunstancias actuales”, asegura Díaz. Aunque los consumidores domésticos no son los potenciales beneficiarios de esta alternativa, también podrán acogerse a ella.

Dada las implicaciones y beneficios que implica esta actuación para las empresas, la directora general “valora y agradece el compromiso que han demostrado las distribuidoras, su disposición y la sensibilidad hacia los consumidores”.

No es este el único acuerdo alcanzado con las empresas de distribución eléctrica. Así, adicionalmente a la garantía de suministro a consumidores vulnerables contemplada en el Real Decreto 8/2020, el Gobierno del Principado ha solicitado a las operadoras que durante el estado de alarma no se produzcan bajas o cortes de suministro eléctrico salvo por cuestiones de seguridad y que flexibilicen el alta de los suministros eléctricos. Ambas peticiones han sido aceptadas.

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