Según ellos, “no se puede comprar el argumento de la derecha extrema y de la extrema derecha hablando de paguitas, de que la gente no quiere trabajar, de que las personas somos un caladero de voto cautivo, o estigmatizando o criminalizando a colectivos”. Y, además, han señalado que “es gravísimo que el Gobierno socialista entre por ese aro sin darse cuenta de su responsabilidad y del tremendo favor que les hacen a los partidos de la ultraderecha cuando compra su discurso clasista y lleno de aporofobia. Incluso Vox ya felicitó en varias ocasiones al Gobierno asturiano”.

Para los dirigentes de Podemos Asturies, “es llamativo que el Ejecutivo asturiano no paga las ayudas al alquiler, pero consiguen que la extrema derecha les dé una palmadita en la espalda. Si esto no les hace reflexionar, no sabemos qué podría hacerlo”. En esa línea, han calificado de “intolerable” que la consejera de Derechos Sociales de un Gobierno socialista “mantenga un claro discurso criminalizador de la pobreza, rozando la aporofobia, sobre las personas perceptoras del Salario Social Básico a las cuales, directa o indirectamente, acusan de no querer trabajar”.

Palacios y Suárez, han insistido en que falta un análisis profundo que tenga en cuenta la heterogeneidad de los perfiles de estas personas; las condiciones de los puestos de trabajo ofertados, jornada horarios, salario etcétera; sin olvidar la lenta gestión del Salario Social que no se acompasa a la variación que supone entrar y salir de un mercado laboral inestable -trabajar apenas unos meses y perder la prestación por un largo periodo-.

“El discurso que va desde la falta de interés de las personas perceptoras en un lenguaje más suave, a inclusive la acusación de vagancia en el sentido más peyorativo, va calando en el imaginario colectivo de la sociedad y en las propias personas perceptoras de Salario Social”, han asegurado. Por estos motivos, “la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y el Gobierno de Asturies no deberían alentar discursos que fomentan el rechazo, que amenazan y que se alejan de una cohesión social tan valorada por la comunidad política”, han criticado.

Para Rafael Palacios y Olaya Suárez, el Gobierno de la FSA debería centrarse en favorecer y facilitar la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con dignidad, recordando los perfiles tan diferentes que existen entre las más de 14.000 personas que perciben el Salario Social y no sacar conclusiones simplistas sin datos reales y bien elaborados. Además, han reclamado que se elabore de manera urgente un censo de las viviendas titularidad del SAREB en Asturies. “Increíblemente nadie sabe cuántas hay, para que se destinen a garantizar el derecho a la vivienda en Asturies”.

Por último, han asegurado que “es necesaria una ley que blinde la función social de la vivienda, asegure el cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna y el acceso a los suministros básicos, regule el mercado del alquiler de viviendas impidiendo precios abusivos, garantizando un alquiler estable, seguro y asequible, y aumente el parque público de vivienda en alquiler”.

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