El parlamentario por la circunscripción occidental denuncia que «esto viene de atrás. Concretamente, los grupos dos y tres del Narcea llevan desde 2010 sin completar las inversiones necesarias para la desnitrificación, que no se inventó ayer. Un sector estratégico que repercute en la industria, en el suministro doméstico y en el empleo tiene que estar bajo una estricta supervisión de los poderes públicos». Por tanto, añade, «tiene que denegarse la solicitud de cierre, en base al riesgo de disminución del suministro. Pero además el Estado se puede fortalecer jurídicamente con una ley que ponga al mismo nivel que el suministro la importancia del empleo y el precio de la factura de la luz».

Andrés Vilanova reclama «planes individualizados de inversiones en las comarcas en las que se asientan las centrales. Hay que garantizar que los millones de euros en beneficios recaigan en el territorio afectado y que se creen los puestos de trabajo allí». Asimismo, ve necesario «obligar a las térmicas a asumir las inversiones ambientales hasta que se permita el cierre. Y aquí el Gobierno autonómico tiene su responsabilidad también. No basta con que la Consejería de Industria se lamente y haga declaraciones de intenciones, queremos saber qué pasos se van a dar para frenar la solicitud de cierre y obligar a Naturgy a completar las inversiones en disminución de emisiones y a concretar qué cantidad de los mil millones en inversiones que anuncia Naturgy van a venir para Asturies».