El representante del partido morado recalca que se produjo «un sobrecoste ilegal que permitió desviar fondos al sindicato por valor de millones de euros desde finales de los años noventa hasta la actualidad. Es difícil de creer que los precios que se justificaban duplicasen los precios reales y nadie viese nada». Añade que «parece ser que las personas que fueron represaliadas y perseguidas por denunciar estas prácticas tenían razón. Lo que nos llama la atención es que nadie hizo nada en la Administración, no se investigaron estas denuncias».

Daniel Ripa asegura que «hubo una negligencia evidente que se demuestra por haber aceptado precios superiores a los de mercado sin requerir ninguna explicación. Encontramos otras cosas, como que se presentaran justificaciones de alquiler de locales que estaban cedidos por el Ayuntamiento de Gijón». Por ello saca en conclusión que «hay gente que no quiere que salga a la luz este fraude millonario con un dinero que debería haber llegado a los desempleados y que parece ser que unos pocos lo utilizaron para otros fines».

Apunta que «lo que hay que hacer ahora es perseguir a quienes realizaron estas prácticas. La dirección de UGT de Asturias se vuelve a equivocar al no intentar llegar hasta el final de la investigación. Nosotros pedimos que se investigue si hubo desvío de estos beneficios millonarios para otros fines». Agrega que «ya sabemos que se pudieron financiar préstamos, contratar personal del sindicato o desviar dinero para operaciones inmobiliarias, pero aún desconocemos si hubo o no gastos de lujo, compras de coche de alta gama, pagos en B o enriquecimiento de dirigentes sindicales, como se ha denunciado en la comisión parlamentaria de la Junta General sobre los cursos de formación y que a día de hoy es una vía no investigada en el proceso judicial».