Sonia Busto, por su parte, recuerda que «en febrero pedimos un pleno para que la concejala de Servicios Sociales del Partido Popular, Mariví Álvarez Pico, hoy candidata de Ciudadanos, diese cuenta de su gestión en ese área. Una vez en el pleno, se nos prohibió preguntar». Ante tal circunstancia, añade, «nos fuimos y acto seguido, después de haber estado aguantando vulneraciones de este tipo durante cuatro años, lo denunciamos. Ahora el juzgado nos da la razón y reconoce que se vulneraron nuestros derechos fundamentales, no sólo como concejales sino como ciudadanos, además de declarar la nulidad del pleno y ordenar que se repita».

La edil y candidata a la Alcaldía critica «la cobardía de la concejala y del equipo de Gobierno municipal, que se escudan en triquiñuelas de este tipo para evitar dar explicaciones». Y agrega que «la actitud chulesca y caciquil sobrepasó los límites de ese pleno al burlarse públicamente de nuestro grupo jactándose en redes sociales de la maniobra que iban a llevar a cabo».

Por ello, la concejala pide que «que el PP rectifique tales declaraciones y se disculpe», y afirma que esta sentencia judicial «pone de manifiesto que las tácticas siguen siendo las mismas que cuando gobernaba el PSOE. La sentencia señala que, paradójicamente, después de nuestra marcha del pleno se permitieron las preguntas del resto de grupos. Queda claro que Podemos incomoda».

La sentencia estima el recurso interpuesto por Sonia Busto «contra la decisión municipal que le denegó poder formular preguntas oralmente a la concejal de Servicios Sociales en su comparecencia en el pleno extraordinario de 21 de febrero de 2019 del Ayuntamiento de Cudillero, que se declara nula por vulnerar derechos fundamentales», y reconoce «su derecho a realizar preguntas oralmente a la concejal de Servicios Sociales sobre su actuación en dicho Ayuntamiento, en una nueva comparecencia en un pleno extraordinario monográfico de Asuntos Sociales».