Con un presupuesto de 1.493.715 euros, el Consejo Consultivo del Principado emitió en 2017 un total de 323 dictámenes, con lo que cada dictamen le salió a la ciudadanía asturiana por la friolera de 4.624 euros, una cifra desproporcionada para unos informes que en la mayoría de los casos lo son por asuntos similares relacionados con la responsabilidad patrimonial. Las funciones de los consejeros, que no elaboran los informes, sino que se limitan a discutirlos, impugnarlos o defenderlos, no justifican unos salarios anuales que superan los 64.000 euros por consejera o consejero, un verdadero escándalo.

Con este panorama, Podemos Asturies cree llegado el momento de plantearse seriamente la continuidad del órgano consultivo autonómico más caro en relación gasto por habitante. El Consejo Consultivo del Principado le cuesta a la ciudadanía asturiana tres veces más de lo que cuesta, por ejemplo, el organismo consultivo equivalente que tiene Aragón. Del total del presupuesto, el 89% se destina a gastos de personal, en una plantilla que cuenta con seis altos cargos con salarios que van de los 62.650 euros anuales de quién ocupa la Secretaría del Consejo a los 64.343 euros que cobra el presidente.

El Consejo Consultivo, según datos de 2014, tenía el mayor gasto por habitante entre todas las comunidades autónomas que cuentan con este órgano propio, siete veces más que el gasto del órgano consultivo de Aragón y siete más también que el coste por habitante que supone el Consejo de Estado. Sin embargo, en datos de ese mismo año, el Consejo Consultivo asturiano estaba en el undécimo lugar en número de dictámenes emitidos por miembro del Consejo, por debajo de Aragón y muy por debajo de los datos de Extremadura, Galicia o Castilla y León, donde los dictámenes por miembro cuadruplicaron los de Asturies.