“Con esta iniciativa pretendemos que el Gobierno asturiano inste al Ejecutivo estatal a aprobar una ley estatal de vivienda, que permita su desarrollo en el marco de las competencias de las comunidades autónomas y municipios, que blinde la función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna y adecuada incluyendo el acceso a los suministros básicos”, ha explicado el representante morado.

En ese sentido, Palacios ha denunciado que la especulación en el sector de la vivienda y con los alquileres “es un hecho que no se puede negar y, por lo tanto, la política de no intervención pública en el sector ha generado una tendencia alcista en los precios, que ha ocasionado graves problemas a los ciudadanos para poder acceder a una vivienda”.

Por este motivo, la proposición no de ley que ha presentado Podemos Asturies pretende que el Gobierno regule el mercado del alquiler, impidiendo precios abusivos en los contratos de arrendamiento a través de mecanismos de control de los precios y asegurando bajadas de precios tanto en los contratos en vigor como en los contratos futuros. Así se garantizaría un alquiler estable, asequible y seguro. Podemos también solicita aumentar el parque público de vivienda en alquiler social adoptando mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de vivienda vacía en manos de grandes tenedores de vivienda a las administraciones públicas competentes.

En esa línea, Palacios ha recordado que el parque público de vivienda en España “apenas supone el 1’5 del total, muy lejos del 10 por ciento necesario para llegar al nivel de la mayoría de países europeos”. También ha señalado que “el encarecimiento de los alquileres no se corresponde con una realidad social que muestra que en el Estado español hay más de doce millones de personas en riesgo de pobreza o en exclusión social”.

En cuanto a los datos en Asturies, el diputado morado ha señalado que la vivienda ya era el principal factor de exclusión en Asturies, con alrededor de 240.000 personas afectadas, una tasa superior a la del conjunto de Estado. Casi el 16% de la población asturiana no podía permitirse mantener su hogar a una temperatura adecuada en invierno; alrededor de 2.100 personas se encontraban en situación de infravivienda; en torno a 40.000 habitaban una vivienda en precario, y 31.000 hogares soportaban gastos excesivos o deudas relacionadas con el pago de la vivienda o sus suministros.

Además, según Palacios, el Gobierno asturiano “ha pasado de promover alrededor de 500 viviendas públicas al año entre 2000 y 2004, a 60 en el último ejercicio del que se tienen datos”. Por lo tanto, muchas familias asturianas, en situación de urgencia o emergencia social reconocida, no han podido acceder a una vivienda pública por falta de disponibilidad de vacantes. Y por cada nueva vivienda social que se construye, se presentaron hasta 25 solicitudes.

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