El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha presentado hoy en la Junta General el proyecto de presupuestos de su departamento para 2019, que alcanza 140,6 millones, un 9,3% más que el año anterior. Este crecimiento permitirá reforzar la justicia asturiana con la ampliación de la plantilla, intensificar la lucha contra la violencia de género y afrontar la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas.

En su intervención, Martínez ha considerado que el proyecto económico del Principado “es una llamada abierta al diálogo y al consenso, y a aminorar las diferencias” y ha mostrado su agradecimiento “a quienes de antemano ya han trabajado y mostrado su compromiso por un escenario favorable a su aprobación”.

Las cuentas plasman el compromiso de la consejería con la administración de justicia. Así, incluyen el incremento del 11% previsto para el segundo tramo de la subida salarial. También contempla mejoras de personal; entre ellas, las destinadas a responder ante casos de violencia de género, culminar la implantación del expediente digital e invertir en infraestructuras.

Con la subida salarial, que supondrá una inversión de 463.000 euros, más de 1.300 funcionarios de los cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal, Auxilio Judicial y Médicos Forenses, así como los destinados en los juzgados con competencias en violencia sobre la mujer, aumentan sus retribuciones en un período de tres años hasta 2020, con un coste total de 2.908.832 euros, de los que un 88% se ejecutarán en 2019.

Las políticas encaminadas a luchar contra la violencia machista impulsan el aumento de la plantilla en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón, que, además de la incorporación en julio de dos interinos, contará a partir del 1 de enero con un gestor y un tramitador más. Las unidades de Valoración Forense Integral especializadas en violencia machista, que entrarán en funcionamiento este mes en Oviedo y Gijón, mejorarán los sistemas de apoyo a las mujeres en estas situaciones y a los menores a su cargo con el refuerzo de un psicólogo y un trabajador social.

Entre otras medidas, se ampliará la cobertura territorial de las oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual con una nueva delegación en la sede judicial de Avilés y se mantendrá la prórroga de los seis funcionarios de refuerzo en el juzgado especializado en cláusulas suelo, premiado por ser el más ágil y con más sentencias de España. En total, la partida destinada a ampliar y mejorar la dotación del personal Justicia supera los cinco millones y crece un 13,14%.

El proceso de modernización tecnológica, en el que la consejería ha invertido más de 1,5 millones desde 2015 para la implantación del expediente digital, es otra de las prioridades. Este mes se iniciarán los trabajos para poner en marcha la Sede Judicial Electrónica. Loa primeros juzgados que funcionarán íntegramente con el expediente electrónico serán los cuatro de Mieres.

El aumento en 200.000 euros de la partida destinada a la asistencia jurídica gratuita, que la dotará con más letrados y profundizará en la formación especializada, permitirá mejorar, asimismo, las herramientas para combatir la violencia machista.

La protección del menor es otra de las prioridades, por lo que los recursos y actuaciones de la justicia relacionada con este objetivo alcanzan una cuantía de 7.018.493 euros, la más elevada desde 2015.

El consejero ha destacado la prioridad que suponen las políticas de igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. “El desbloqueo del Gobierno de España de los más de 200 millones que nos correspondían a las comunidades ha supuesto un punto de inflexión en el desarrollo de nuestras políticas públicas”, ha destacado Martínez.

La aplicación de los 5,7 millones que recibirá el Principado en dos años permitirá elevar en más del 80% las partidas destinadas a este fin, que serán gestionadas por cinco consejerías dada su transversalidad

En el caso de Presidencia, se destinarán 1,8 millones a impulsar nuevas acciones de formación e información; incrementar las transferencias a las entidades locales para el impulso de la Red de Centros Asesores de la Mujer, que incorporará una nueva oficina en Piloña y una psicóloga en cada uno de los ya existentes; apoyar a las entidades y asociaciones; la puesta en marcha de acciones contra el acoso sexual laboral; la difusión de programas de divulgación y sensibilización en la RTPA; la creación de un Observatorio de Urbanismo con Perspectiva de Género, y la concesión de una ayuda directa por importe de 150.000 euros a mujeres y menores víctimas de violencia machista en situaciones de emergencia.

Los casos de vulnerabilidad provocados por los desahucios centrarán también las actuaciones de la consejería. Al convenio suscrito en marzo entre el Principado, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos se sumará en 2019 una nueva línea de colaboración por importe de 99.000 euros con el Colegio Oficial de Trabajo Social del Principado.

Con la entrada en vigor de la Ley del de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, la consejería destinará 369.975 euros a la puesta en marcha del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Actualmente se trabaja en la creación del registro de los grupos de interés y se está diseñando una comunidad de prácticas en colaboración con el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada para realizar un seguimiento del cumplimiento de la ley.

La apuesta por la transparencia ha llevado al aumento en un 30,7%, hasta superar los 542.400 euros, del coste de mantenimiento del portal Asturias Participa y del desarrollo de encuentros territoriales, aulas de formación itinerante y asesoría a entidades locales.

En materia de juventud, por su parte, la consejería contará en 2019 con un presupuesto de 3.123.359 euros, que destinará, entre otras medidas, a poyar las manifestaciones artísticas sobre la violencia de género, a una línea de créditos a los ayuntamientos y asociaciones que desarrollan actividades para este colectivo y a la promoción del asociacionismo.

Las políticas de memoria histórica, que dispondrán el próximo año de 75.000 euros, han permitidos ya elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura franquista, y actualizar el mapa de fosas comunes y la base de datos de las víctimas. La consejería trabaja actualmente en un registro de lugares relacionados con este ámbito y prevé crear en 2019 una nueva línea de financiación para la realización de producciones audiovisuales sobre la recuperación de la memoria histórica y ampliar y aumentar la convocatoria pública de subvenciones a nuevos proyectos como homenajes a personas y acontecimientos relevantes, y trabajados de identificación y señalización de lugares e itinerarios.

Las políticas de emigración contarán con 1.572.760 euros, de los que más de 900.000 son subvenciones directas y convenios para la población emigrante y quienes regresan. En materia de cooperación, la consejería destina cuatro millones a diversas iniciativas, entre ellas, proyectos destinados a paliar situaciones de emergencia humanitaria, alimentaria u ocasionada por desastres naturales o conflictos; proyectos de empoderamiento político y social de las mujeres; apoyo a la población saharaui, y al Programa Juventud Asturiana Cooperante que ofrece estancias de voluntariado de dos meses en proyectos apoyados por el Principado y que en 2019 crecerá un 33% para ampliar el número de becas.

Por lo que respecta a Interior, Presidencia desarrollará el Programa de Prevención de la Ludopatía con una partida de 70.000 euros destinados a organizar actividades de información y publicidad, entre ellas, una campaña de sensibilización dirigida a la población adulta, la organización de la cuarta convocatoria de las Jornadas de Juego Responsable y la realización de estudios sobre la ludopatía en Asturias.

Además, dotará con 27.093.584 euros al Servicio de Emergencias del (Sepa), que aumentará su plantilla en 16 bomberos conductores e invertirá 500.000 euros en renovar sus equipos con la mejora en la red de comunicaciones de emergencia, nuevos aparatos de excarcelación y la compra de mobiliario para los parques, equipos informáticos para la Sala 112 y otros elementos de intervención, como detectores de gases o cámara de imágenes térmicas. Con esta partida, el Sepa acumula una inversión de más de 2,4 millones desde 2017, que ha permitido la renovación de doce de vehículos de intervención y diversas mejoras de los medios materiales y tecnológicos de los parques y del centro de coordinación de emergencias.