Juan Cofiño, vicepresidente del Principado, y Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, comparecerán la próxima semana ante el grupo de trabajo de la Junta General para el seguimiento y evaluación del coronavirus. Cuando lo hagan, el Gobierno de Asturias al completo –el presidente y todos los consejeros y consejeras- habrán intervenido ante el Parlamento. El Ejecutivo considera que esta presencia continuada constata la voluntad de transparencia, una de sus pautas de actuación desde el inicio de la crisis sanitaria, así como su plena disposición a colaborar con la Cámara.
El grupo de trabajo mantiene reuniones telemáticas debido a las condiciones del estado de alarma, que han obligado a restringir la actividad presencial en la Junta General. Desde su constitución el 31 de marzo, han comparecido el jefe del Gobierno y los titulares de Presidencia, Hacienda, Industria, Educación, Salud, Derechos Sociales, Desarrollo Rural y Cultura. La primera de las sesiones se celebró el 2 de abril con el consejero de Industria, Enrique Fernández. Por su parte, Pablo Fernández Muñiz, consejero de Salud, y Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, acuden todas las semanas. El consejero de Salud, los viernes, y la consejera de Derechos Sociales, los martes.
El presidente del Principado intervino el 13 de abril a petición propia, al igual que lo harán Juan Cofiño y Borja Sánchez, quienes registraron su solicitud ayer mismo. Es previsible que el vicepresidente acuda el lunes y el consejero de Ciencia lo haga el miércoles. Aparte, también están previstas, ya para una semana después, las comparecencias de Carmen Suárez (Educación), Berta Piñán (Cultura) y Alejandro Calvo (Desarrollo Rural), quienes ya tuvieron ocasión de informar a todos los portavoces parlamentarios.
El Gobierno de Asturias reitera que la transparencia en la información sobre la evolución de la crisis continuará siendo máxima. A diario facilita datos acerca de los principales indicadores sanitarios, así como sobre la situación de las residencias de mayores (tanto públicas como privadas), especialmente castigadas por la epidemia de la COVID-19. A diferencia de otras comunidades, el Principado nunca ha tenido que modificar su pauta informativa para garantizar la certidumbre de sus datos. Al tiempo, el Ejecutivo autonómico subraya su disposición a colaborar con el parlamento asturiano en los términos que la propia Junta General determine.
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