R- Con Lada y con Velilla. Aquí la cuestión está en que una empresa eléctrica tiene, efectivamente, derecho a decir que va a cerrar un grupo generador, una central. Pero el Gobierno dirige la política energética y, a mi juicio, tiene también capacidad para pedir que se subasten en determinadas condiciones esas centrales por interés energético del país. Se trata de que es una capacidad que tiene el Gobierno, que es la de dirigir esa política energética y que aúna tres cuestiones: la seguridad del suministro, el medio ambiente y el precio. Y en el caso del que estamos hablando, en el caso de las centrales térmicas del carbón, está muy claro que su cierre generaría un aumento de los precios eléctricos. Por tanto, no solamente estamos hablando del impacto que eso tiene en Asturias en concreto y en Lada con el fin de la instalación y lo que supone sobre los empleos directos e indirectos, etcétera, en una zona, además, que ya lo he comentado, y todos ustedes lo saben, está muy golpeada por sucesivas reconversiones. Se trata también de que el precio de la electricidad subiría. Y aquí estamos hablando, justamente, en una comunidad autónoma en la que el precio de la electricidad es determinante para la continuidad de empresas muy intensivas en esos consumos. Y de que España es un país que no está conectado con el resto de Europa, no llega energía barata por Francia, no hay intención europea de ampliar esas conexiones. Por tanto, tenemos empresas en Asturias que están compitiendo en mercados mundiales y, sin embargo, la electricidad la tienen necesariamente que adquirir aquí, en un mercado regional. Y el Gobierno tiene no solamente el derecho sino la obligación de, a través de su regulación de la política energética, procurar evitar que se cierren aquellas centrales que traigan como consecuencia un encarecimiento de la energía.

R- El Gobierno tiene una posición –y yo mismo— muy clara en relación con lo que ha sucedido con el concierto vasco. Lo digo una vez más: nosotros no cuestionamos el concierto. El concierto está en una disposición adicional de la Constitución. Lo que sí es evidente es que, dentro de lo que es el cupo, es decir, el pago al Estado de las competencias no asumidas en el País Vasco, hoy no se contempla ninguna contribución al fondo de nivelación de servicios públicos esenciales. Y a ese fondo, en el sistema general, sí contribuyen aquellas comunidades que tienen un alto PIB y una alta recaudación, como es el caso de Madrid, de Cataluña o de Baleares. Por tanto, lo que correspondía y lo que decían los expertos y lo que opinamos desde Asturias desde hace mucho tiempo es que debería haber en ese cupo una cantidad destinada a participar en ese fondo de nivelación de servicios públicos. Lo digo para que quede absolutamente claro qué es lo que opino: que el Gobierno debería de haber simultaneado la negociación del sistema general de financiación y del sistema de concierto –que son cosas distintas, uno se haría de manera bilateral, otro en el conjunto— para establecer esa, digamos, contribución que ahora mismo no existe y que como no se ha hecho, pues no existirá durante, al menos, cinco años. Luego esto blinda esa situación durante cinco años y evita que se contribuya. Esa es la posición.

R- Mire, la responsabilidad en este caso, la responsabilidad de haber negociado de manera simultánea es la responsabilidad del Gobierno de España. Luego, que cada uno saque sus conclusiones respecto a los apoyos que ha tenido.

R- La posición del Gobierno de Asturias y la mía propia es la que he expresado ahora con absoluta claridad.

R- Si es muy técnica, tendrán que ser los técnicos, ¿no? Será una parte política, pienso yo. Pero, en todo caso, estoy absolutamente implicado porque estoy en permanente contacto con la consejera de Hacienda que es la que lleva de manera muy directa y, por cierto, muy constante y muy intensa, esta negociación.