Inauguramos una nueva sección de Colunga Digital dedicada a nuestro concejo vecino, donde trataremos todas aquellas noticias de interés sobre el mismo.

A Joaquin de la Riva, Fiscal de medio Ambiente, se le acumulan los expedientes encima de la mesa a velocidad de vértigo.Si los asuntos de Llanes ocupan buena parte de su despacho, cierto es que el resto de los ciudadanos de otros municipios asturianos empiezan a despertar ante la mareona de argamasa que los invade.

Los vecinso de Caravia llevan un tiempo avisando de que lo que allí ocurre con respecto a la especulación del suelo se parece cada día mas o lo que Llanes viene padeciendo desde hace mas de 20 años.

Ayer tomaron la decisión de llevar sus quejas y sus pruebas ante el Fiscal.

La Asociación de Afectados por el Nuevo Plan de Ordenación de Caravia ha denunciado ante la fiscalía especial de medio ambiente un supuesto trato de favor hacia la esposa de un concejal socialista y una técnico de la Consejería de Urbanismo. Los integrantes de este colectivo, alrededor de 40 vecinos y propietarios del concejo, han solicitado al fiscal que investigue los posibles delitos penales cometidos. Los afectados sostienen que se han producido «manifiestas irregularidades» durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Caravia.

Según los denunciantes, el hecho «más llamativo» del plan urbano de Caravia es la recalificación de suelos de especial protección incluidos en el plan de ordenación de los recursos naturales de Asturias. Los vecinos subrayan que, tras la emisión de un informe por parte de la Consejería de Urbanismo del Principado, se recortó de manera importante la edificabilidad prevista en el PGOU de Caravia. Pero aseguran que se eliminaron suelos urbanizables en zonas sin problemática ambiental y que incluso en planeamientos anteriores podían ser edificados. Por el contrario se han clasificado como urbanizables suelos protegidos. La explicación a esta aparente incongruencia, según los vecinos, es muy clara: una gran parte de los terrenos recalificados, situados en las inmediaciones de la sierra del Sueve, son propiedad de la esposa de un edil socialista de Caravia. Un concejal que, por su cargo, ha ostentado un «protagonismo relevante» en la elaboración del plan urbano de Caravia y que no se ha abstenido en la toma de decisiones sobre esos terrenos, afirman los vecinos.

La denuncia detalla que, en plena tramitación del PGOU de Caravia, la familia de este concejal suscribió un contrato inmobiliario con una empresa constructora sobre el terreno que estaba siendo recalificado. «Las irregularidades en la tramitación de estos terrenos no se detienen aquí, sino que en el reciente documento de aprobación definitiva se ha maquillado su recalificación, reconociendo su edificabilidad, pero incluyendo los terrenos en conjunto con otras unidades de manera que materialmente las edificaciones se trasladen a los otros terrenos dejando los primeros como zonas verdes, pero haciéndoles partícipes de la edificabilidad y valoración de la unidad», relatan los denunciantes en su comunicación al fiscal. Los vecinos entienden que esta «maniobra» no hace más que «poner de manifiesto que estos terrenos nunca se debieron calificar y en todo caso deberían haber sido los primeros que habría que suprimir ante el inventado recorte.

Los denunciantes, que se consideran perjudicados por los recortes impuestos por Medio Ambiente, señalan otro supuesto trato de favor a una técnico de la Consejería. Esta empleada de Medio Ambiente es copropietaria, junto a sus hermanos, de una finca denominada «La Sotura». Según los afectados, esta técnico trabaja en el mismo departamento del que salió el informe que modificó drásticamente el plan urbano de Caravia. Según estos vecinos, las anteriores normas urbanísticas de Caravia permitían construir 50 viviendas en esta propiedad. Pese a que la actuación nunca se desarrolló, el nuevo PGOU ha incrementado en un 400 por ciento la edificabilidad en «La Sotura». En esta finca se ubica un caserón catalogado al que, señalan los afectados, se le restringe su zona de protección a favor de la edificabilidad. Los denunciantes creen que las administraciones públicas han defendido supuestamente los intereses particulares de esta técnico de la Consejería, en detrimento del interés general.

ECTV