EQUO pide la renuncia de la diputada socialista Dolores Álvarez Campillo a su escaño en el parlamento asturiano por haber intervenido en una caso de violencia de género en favor del agresor

Cuando presidía la mancomunidad Llanes-Ribadedeva Dolores Álvarez Campillo ayudó con fondos públicos a un maltratador para que  burlase  la justicia. La entonces alcaldesa de Llanes impidió la adecuada aplicación de la justicia al hacerse cargo una administración pública que ella presidía del cumplimiento de la condena en lugar del condenado. Gracias al abono de la sanción económica ordenado por la ex alcaldesa de Llanes, el agresor, que había quebrantado la orden de alejamiento, evitó ir a prisión.

Para EQUO estos hechos suponen una interferencia intolerable que impide la adecuada marcha de la Administración de Justicia.

"Solicitamos la renuncia inmediata a su acta de diputada por haber desvirtuado por completo el sistema judicial en favor de un agresor condenado por violencia de género. La responsabilidad completa de estos hechos desde el punto de vista político es de Dolores Álvarez Campillo. Asimismo deberían depurarse todas las responsabilidades que hubiese en la tramitación de ese expediente". Afirma Ignacio González, coportavoz de EQUO Asturies

"La diputada transfirió la condena de R.A.B. a la administración pública. El castigo fijado por el juzgado se supone que tiene una finalidad disuasoria, ¿cómo va a disuadir al agresor si es la mancomunidad quien cumple la condena pagando la multa?" Comenta Azulina Llano, coportavoz de EQUO Asturies

El hombre había sido condenado en 2005 a una orden de alejamiento de 8 años por agredir a su pareja, sentencia firme por dos delitos de lesiones que incumplió, siendo detenido por la Guardia Civil en 2012 en el domicilio de la víctima. Por este quebrantamiento fue condenado de nuevo a  200 días de cárcel, evitables mediante el pago de una sanción económica. Al no hacerse efectivo el pago, la mancomunidad Llanes-Ribadedeva presidida por la entonces alcaldesa llanisca y actual diputada Dolores Álvarez Campillo abonó al juzgado la cantidad que restaba por satisfacer, a petición del maltratador.

El beneficiario de esta acción política de la actual diputada socialista consiguió así evitar ir a prisión.

"Los ciudadanos responsables de un delito deben cumplir su condena, no puede la administración local utilizar dinero público para evitar que se cumplan las condenas en sus términos." Comenta Azulina Llano.

Una administración pública debe asegurarse de para qué se utiliza el dinero público. Máxime cuando es un dinero escaso y debe utilizarse para paliar situaciones sociales gravísimas. No puede concederse a la ligera sin averiguar lo máximo posible a quién y para qué realmente lo va a utilizar.

"No sirve alegar desconocimiento de lo que se firma, no cabe decir hoy que no sabía para qué era; en el expediente consta que es para el pago urgente de una multa y así evitar la prisión. En la práctica supone que  la Sra. Campillo con su firma ha permitido que un quebrantador de una condena de malos tratos no cumpla su pena utilizando recursos públicos para ello". Afirma Ignacio González