El Grupo Municipal Socialista se ha personado como codemandado en el proceso judicial entablado por el Ayuntamiento de Llanes frente al Consejo de Transparencia. Esta situación se agrava con la falta de remisión de la cuenta de 2023 a la Sindicatura de Cuentas, una irregularidad que la institución hizo pública la semana pasada. La falta de transparencia del Ayuntamiento de Llanes y su negativa a rendir cuentas sobre los gastos municipales generan preocupación entre los ciudadanos, subrayando la necesidad de un gobierno local más responsable y comprometido con la transparencia en la gestión pública.
El Ayuntamiento de Llanes ha llevado a la Audiencia Nacional la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le exige proporcionar información sobre los gastos municipales solicitada por la oposición. El equipo de gobierno, compuesto por Vecinos y el Partido Popular (PP), continúa obstaculizando el acceso a esta información, incumpliendo la orden de un organismo estatal encargado de velar por la transparencia. La pregunta sigue siendo: ¿qué tiene que ocultar el bipartito? ¿Por qué no cumple con la obligación de rendir cuentas sobre los fondos públicos?
La controversia comenzó en enero de 2024, cuando los concejales socialistas solicitaron acceso a las relaciones de gasto del Ayuntamiento desde 2020 hasta 2024. La solicitud fue denegada inicialmente bajo la justificación de que no cumplía con los principios de proporcionalidad y racionalidad, además de aducir la falta de medios materiales y humanos para procesar la información requerida. También se esgrimieron motivos relacionados con la protección de datos personales y la complejidad técnica para extraer los datos solicitados.
El pasado 9 de mayo, el Consejo de Transparencia resolvió a favor del Grupo Municipal Socialista, considerando que la solicitud era "legítima y proporcionada". El Consejo concluyó que la información "existe, está tecnológicamente disponible y su recopilación no presenta dificultades", por lo que otorgó al Ayuntamiento un plazo máximo de veinte días para entregar los datos. Sin embargo, en lugar de cumplir con la resolución, el gobierno local optó por apelar la decisión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, donde el Grupo Municipal Socialista se ha personado como codemandado.
El Consejo de Transparencia también señaló que la negativa del Ayuntamiento a entregar la información carecía de justificación adecuada en lo referente a la protección de datos personales y descartó que la petición pudiera considerarse desproporcionada o abusiva. La información solicitada está disponible y no requiere una reelaboración que justifique la negativa a proporcionarla.
Esta situación se suma a la falta de envío de la cuenta correspondiente a 2023 a la Sindicatura de Cuentas, tal y como esta institución denunció y reclamó recientemente, lo que evidencia una tendencia de opacidad en la gestión del gobierno municipal.
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