El terrible dato de que una gran parte del escaso presupuesto para el año 2017 destinado al sector pesquero por el Gobierno central, fue poco más de 65 millones de euros, dedicándose a paradas temporales (vedas, por ejemplo) y a paradas definitivas (desguaces de la flota), esto simple y llanamente es un fiel reflejo de la decisión política de seguir aniquilando lo que queda de flota pesquera española.
El único objetivo es destruir flota, siguiendo órdenes europeas. Eso sí, disfrazándolo de expresiones ininteligibles para el común de las personas, con términos como «reestructuración de flota» o «reducción del esfuerzo pesquero».
ATENTADO.
El hecho de que gran parte del dinero público esté dedicado a acabar con unidades de flota pesquera es un auténtico atentado a la capacidad laboral pesquera y la dimensión social. Tengamos en cuenta que sólo en los últimos diez años se han perdido casi 12.000 empleos en el sector marítimo-pesquero español y cientos de unidades de flota desguazadas.
Desde nuestra integración en la Unión Europea, hemos pasado de ser una de las tres primeras potencias pesqueras del mundo, tanto en número de pesqueros, como de tripulantes enrolados, a ser un país residual.
En vez de dedicar ese dinero a provocar una auténtica reestructuración del sector pesquero, con la localización y la promoción de nichos de empleo alternativos, destinan estos fondos al lobby económico del sector, ya que son estos los que salen beneficiados por estas políticas, único sector en el que ocurre una práctica similar.
MÁS QUE UN SIMBOLISMO.
No es de extrañar, igualmente, que del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente haya desaparecido cualquier denominación específica que haga referencia al mar o a la pesca, que hasta hace poco figuraba en su documentación. Efectivamente, no tiene por qué figurar, ya que el sector está prácticamente desaparecido.
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