Con esta ley, afortunadamente, actividades tan perjudiciales para el entorno del concejo como la explotación maderera indiscriminada que realizan algunas empresas, deberán pagar, a través de los seguros, por destruir los caminos y los acuiferos y deberán implantar sistemas de gestión ambiental para rebajar el importe de los seguros y establecer una auténtica cultura servícola.

 La Ley de Responsabilidad Medioambiental, actualmente anteproyecto en fase de consultas, obligará a las empresas con mayor potencial de causar daños medioambientales a suscribir una póliza de seguro.

             

La norma supone la transposición de una directiva europea y, conforme a los plazos previstos, entrará en vigor el 30 de abril de 2007, obligando a las empresas a responder de los daños que causen sobre suelo, agua, flora o fauna. Aunque la UE dejaba libertad a los estados sobre la cuestión del seguro obligatorio, España se ha adelantado, estableciendo tres tramos de empresas en función de la cuantificación del daño ecológico potencial que puedan causar.

En el último se sitúan aquellas empresas que puedan superar los dos millones de euros que serán las que estarán obligadas a cubrir un seguro para cubrir los gastos de reparación correspondientes hasta un límite máximo de 20 millones de euros. Esta obligación no entrará en vigor hasta principios de 2009, ya que a partir de la entrada en vigor de la ley y, a lo largo de 2008, se prevé desarrollar los modelos que sirvan para evaluar esa capacidad de riesgo.