Pedro Leal: “El fraccionamiento anómalo de 156 contratos menores de TDT a la misma empresa durante tres años refleja la corrupción estratosférica de los sucesivos gobiernos socialistas en Asturias”

“La omisión del procedimiento legalmente establecido puede dar lugar a la calificación delictiva del fraccionamiento masivo fraudulento como delito de prevaricación”

“Todo ello implica tanto a Graciano Torre como al actual Consejero Francisco Blanco, de lo que tiene que responder Javier Fernández como presidente del Consejo de Gobierno”

“Estos 156 contratos se realizaron con una carencia total de apoyo legal, con elementos intencionales para evitar los controles y límites, mediante una actuación obstruccionista, opaca y encubierta del gobierno asturiano”

El diputado de FORO y portavoz en materia jurídica, Pedro Leal, puso de relieve esta mañana que “entre octubre de 2013 y diciembre de 2015 la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias, adjudicó a la misma empresa 156 contratos menores para el mantenimiento y coubicación de repetidores de TDT, por valor de 2,3 millones, de forma directa, opaca y sin cumplir los principios de la contratación pública, bajo el pretexto no acreditado de que no existían empresas capacitadas para el encargo y en la transitoriedad. A partir de diciembre del pasado año, es el mismo Consejo de Gobierno que preside Javier Fernández quien autoriza esta forma proceder a todas luces irregular para continuar con esta contratación”.

Por ello aseguró que “el fraccionamiento anómalo de 156 contratos menores de TDT a la misma empresa durante tres años refleja la corrupción estratosférica de los sucesivos gobiernos socialistas en Asturias. Estos sucesivos encargos mediante la forma de contrato menor son susceptibles de considerarse fraccionamiento fraudulento de dicha contratación pública al exceder sobradamente el tiempo en que se producen (tienen un límite de un año) y la cuantía permitida (18.000 euros) como se establecía en el art 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, normativa aplicable a ese momento”.

“La constancia de la efectiva y adjudicación de los encargos y de la materialización del mismo –explicó Pedro Leal- se puede acreditar en la documentación que obra en la web del perfil del contratante, lo que prueban que esas contrataciones anómalas tuvieron lugar, a pesar de no existir ni la justificación adecuada, ni de la fundamentación pertinente para prolongarse en el tiempo durante casi tres años. Ante el intento de oscurecer administrativamente esta contratación, el Gobierno del Principado de Asturias incurre en contratación fraudulenta, al haber trascurrido ya más de 3 años desde la finalización del anterior contrato sin que se procediera  a la regularización adecuada, y a mayor abundamiento, sin aplicar las reducciones de tarifas acordadas por la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, dilapidando de nuevo el dinero de los asturianos como acontece en múltiples áreas del gobierno asturiano. La omisión del procedimiento legalmente establecido puede dar lugar a la calificación delictiva del fraccionamiento masivo fraudulento como delito de prevaricación, entre otros, porque las pautas establecidas para la tramitación del procedimiento a seguir en cada caso tienen normalmente la función de alejar los peligros de la arbitrariedad y la contradicción con el derecho”.

El diputado de FORO añadió que “el procedimiento administrativo tiene la doble finalidad de servir de garantía de los derechos individuales y de garantía de orden de la Administración, de justicia y acierto en sus resoluciones, y el apartarse de dicho procedimiento de contratación legalmente establecido puede tener relevancia penal si de esa forma lo que se procura es eliminar los mecanismos que se establecen precisamente para asegurar que la contratación se sujete a los fines que la Ley establece para la actuación administrativa concreta en la que adopta su resolución. Son, en este sentido, trámites esenciales”; sin embargo “desde el Gobierno del Principado de Asturias se organizó un irregular entramado que procedía a fraccionar 156 contratos, de forma deliberada y pública, utilizando la figura del contrato menor para evitar la aplicación de los principios básicos de la contratación pública, por mucho que se quiera justificar dicha contratación en el derecho fundamental a la información, al adjudicar tal volumen de contratos a la misma persona jurídica y durante casi tres años, lo que excede con mucho los términos de transitoriedad y temporalidad que pudieran justificarlo”.

“Es patente –insistió Leal- que no se han seguido las debidas prescripciones legales y que se han cometido arbitrariedades e irregularidades que perjudican a derechos individuales, al cercenar la publicidad y la libre concurrencia de los profesionales y empresas del sector que pudieran concurrir a los encargos realizados por el Gobierno del Principado relativos a la TDT, al limitar las adjudicaciones a una sola empresa”.

“Todo ello implica a personas concretas, tanto al anterior Consejero de Economía, Graciano Torre, como el actual, Francisco Blanco, de lo que tiene que responder Javier Fernández como Presidente al convalidarse estos métodos desde el propio Consejo de Gobierno, lo que constituye una deficiente praxis en la contratación de servicios, con una carencia total de apoyo legal a su actuación, incluyendo elementos intencionales en su conducta para evitar los controles y límites que la legislación establece, sobretodo en los extremos relativos a las cuantías y al tiempo de la contratación, incluso mediante una actuación obstruccionista, opaca y encubierta del gobierno asturiano”, aseguró.

“Ante la gravedad de estos hechos, que son ejemplos a añadir a los casos Marea, Niemeyer, GITPA o SOGEPSA, y que reflejan la corrupción estratosférica de los sucesivos gobiernos socialistas en Asturias, desde FORO pondremos en conocimiento de las autoridades competentes estas presuntas conductas de corrupción”, concluyó Pedro Leal.