Oblanca: “Emplazo a la Defensora del Pueblo a continuar profundizando en el lamentable asunto de los ancianos fallecidos en los ERA del Principado”

“La Consejería de Infraestructuras recibió tres apercibimientos por su falta de colaboración con la Defensora del Pueblo”

“Otro año más, la deriva y el desmantelamiento de la UTE de Villabona sigue siendo asunto recurrente porque no se atienden las reclamaciones de la Defensora, ni las del parlamento, ni las de la sociedad civil”

El diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, intervino esta mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados durante el debate sobre el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2015. Oblanca expresó al comienzo de su intervención el respeto hacia Soledad Becerril y toda la institución de la Defensora del Pueblo.

“En el Informe 2015 constato que el del Principado es uno de los dos gobiernos autonómicos a los que la Defensora del Pueblo tuvo que formular un tercer requerimiento para responder sobre un asunto”, dijo Oblanca, que lamentó “como asturiano y exdiputado de su Junta General esta falta de colaboración de la Consejería de Infraestructuras que, por otra parte, no pilla de sorpresa a nadie, diríase que es norma de la casa”.

El diputado de FORO se refirió en su intervención al “caso de la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Villabona y señaló que “la Defensora del Pueblo –que ya en 2014 cursó una Recomendación específica sobre el asunto- ha tenido que recordar a los responsables de nuestras instituciones penitenciarias la necesidad de que sean respetados los planteamientos de intervención en los términos expuestos por los funcionarios que en su momento alumbraron una UTE que ha sido modélica. Vaya, en respaldo de este recordatorio de la Defensora del Pueblo, que también el Pleno de la Junta General del Principado, hace tres semanas, incidió en la denuncia del progresivo desmantelamiento que el ‘espacio libre de drogas’ de Villabona viene sufriendo desde hace tres años y que va claramente en perjuicio de los internos como prueba el progresivo aumento de los incidentes y del tráfico de sustancias”. A juicio de Oblanca “lo que ha venido sucediendo en Asturias supone una quiebra inexplicable del mandato constitucional para la reinserción social de los presos”.

El diputado forista se refirió ante el Pleno del Congreso sobre “el tema suscitado en torno a los establecimientos residenciales en Asturias que dependen del Principado y a las extemporáneas facturas astronómicas que se han cursado, mucho tiempo después del fallecimiento de los ancianos a sus familiares. Por una cuestión de elemental respeto a los derechos de nuestros mayores emplazo a la Defensora del Pueblo a continuar investigando en este lamentable asunto que es secuela indeseable de una Ley de Dependencia impulsada sin recursos y que ha pillado a muchas familias en situación de absoluta indefensión, desprevenidos frente a los voraces recaudadores y gestores autonómicos que, además, ante la escandalera social, ya han reconocido errores de mucho bulto y, asimismo, evidencia una brutal falta de sensibilidad que ha provocado una gran indignación entre los allegados a los ancianos”, indicó Oblanca.