Rosa Domínguez de Posada: “FORO no está de acuerdo con las medidas recaudatorias del restablecimiento por Decreto-Ley del pago fraccionado mínimo del Impuesto de Sociedades, que ni es fraccionado ni es mínimo, ni con la subida de determinados impuestos especiales”

“El incremento de la recaudación no debe fiarse siempre a la elevación de los tipos de gravamen ni a la creación de nuevas figuras impositivas sino al incremento de la actividad económica”

“La inseguridad jurídica que se produce con estas medidas pasará factura en términos de litigiosidad y estabilidad de las empresas, porque pone en entredicho nuestro sistema tributario en su conjunto”

“Justificar el aumento de la presión fiscal para reducir el déficit no es aceptable cuando lo que necesita España, y por ende Asturias, son mayores bases imponibles gracias al crecimiento, y no mayores tipos o nuevas figuras impositivas para frenarlo”

“Señor Montoro, urge poner punto final a la deriva que su gobierno vaticinó con acierto hace siete años, pero para la que aún no ha aplicado remedio. Se trata de que todos los españoles puedan acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones, vivan donde vivan”

La senadora de FORO, Rosa Domínguez de Posada, trasladó hoy al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que “FORO no está de acuerdo con las medidas recaudatorias del restablecimiento por Decreto-Ley del pago fraccionado mínimo del Impuesto de Sociedades, que ni es fraccionado ni es mínimo como han advertido algunos expertos, ni con la subida de determinados impuestos especiales”.

Tras la comparecencia de Montoro en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Senado, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento, Domínguez de Posada advirtió que “el incremento de la recaudación no debe fiarse siempre a la elevación de los tipos de gravamen  ni a la creación de nuevas figuras impositivas sino al incremento de la actividad económica”.

“El pasado mes de  septiembre -continuó Domínguez- con la entrada en vigor del RDL 2/2016 el Gobierno modificó el régimen legal de los pagos fraccionados a las empresas, algo que, de la forma en que se hizo, supuso un incremento de facto en la fiscalidad de las mismas. Posteriormente con la aprobación del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre y por el camino de la limitación a la deducibilidad en las bases imponibles negativas (pérdidas de ejercicios anteriores) para empresas con cifra de negocios superior a 20 millones de euros, la reversión de los deterioros, es decir, su inclusión como ingresos en la cuenta de resultados de una determinada forma y la no deducibilidad de las pérdidas generadas por ventas de participaciones en determinadas sociedades, vuelve a hacer lo mismo”.

Para la senadora de FORO “lo que se produce es una subida encubierta en el Impuesto sobre Sociedades para recaudar más, obligando a las empresas a tributar más, sin que obtengan más beneficios, simplemente limitando sus deducciones, lo que daña la financiación de las mismas, porque les restan recursos de forma significativa, cuando ya se encuentran en el último trimestre de su ejercicio fiscal y tienen sus programas presupuestarios casi finalizados”.

Domínguez de Posada añadió que “esta nueva ocurrencia fiscal resta liquidez y penaliza la inversión, por tanto  frenará la creación de empleo. Pero es más, la inseguridad jurídica que se produce con estas medidas pasará factura en términos de litigiosidad y estabilidad de las empresas, porque pone en entredicho nuestro sistema tributario en su conjunto y coloca a las mismas al albur de las decisiones que el Consejo de Ministros adopte con los efectos retroactivos que considere en función de las necesidades recaudatorios del momento. Justificar el aumento de la presión fiscal para reducir el déficit no es aceptable cuando lo que necesita España, y por ende Asturias, son mayores bases imponibles gracias al crecimiento, y no mayores tipos o nuevas figuras impositivas para frenarlo”.

Y respecto a la reforma de la financiación autonómica, la senadora de FORO instó al ministro a “poner punto final a la deriva que su gobierno vaticinó con acierto hace siete años, pero para la que aún no ha aplicado remedio. Se trata de que todos los españoles puedan acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones, vivan donde vivan”.

Intervención íntegra de Rosa Domínguez de Posada, en el Senado :

Gracias Presidente.

Buenos días, señor Ministro.

Tras escuchar su comparecencia ante esta Comisión de Hacienda y Función Pública para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento, quiero utilizar mi tiempo para referirme a  dos cuestiones que como representante de los asturianos, considero esenciales.

La primera hace referencia a que FORO no está de acuerdo con las medidas recaudatorias del restablecimiento por Decreto-Ley del pago fraccionado mínimo del Impuesto de Sociedades, que ni es fraccionado ni es mínimo, como han advertido algunos expertos. El pasado mes de  septiembre con la entrada en vigor del RDL 2/2016, el Gobierno modificó el régimen legal de los pagos fraccionados a las empresas  algo que, de la forma en que se hizo, supuso un incremento de facto en la fiscalidad de las mismas. Posteriormente, con la aprobación del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre y por el camino de la limitación a la deducibilidad en las bases imponibles negativas (pérdidas de ejercicios anteriores) para empresas con cifra de negocios superior a 20 millones de euros, la reversión de los deterioros es decir su inclusión como ingresos en la cuenta de resultados de una determinada forma y la no deducibilidad de las pérdidas generadas por ventas de participaciones en determinadas sociedades, se produjo otra subida encubierta en el Impuesto sobre Sociedades, con el objetivo de recaudar más, obligando a las empresas a tributar más, sin que obtengan más beneficios, simplemente limitando sus deducciones lo que daña la financiación de las mismas, porque les restan recursos de forma significativa, cuando ya se encuentran en el último trimestre de su ejercicio fiscal y tienen sus programas presupuestarios casi finalizados.

El sistema impositivo español debe garantizar la suficiencia financiera del Estado pero, a la vez, no debe distorsionar el libre desarrollo de la iniciativa privada y empresarial con una elevada carga fiscal. Para FORO, el incremento de la recaudación no depende de la elevación de los tipos de gravamen ni de la creación de nuevas figuras impositivas sino del incremento de la actividad económica. Por ello es necesario la simplificación de nuestro sistema impositivo con una reforma fiscal integral. El elevado número de figuras impositivas y su complejidad impiden un adecuado control y además favorecen el fraude fiscal.

Esta nueva ocurrencia fiscal resta liquidez y penaliza la inversión, por tanto  frenará la creación de empleo. Pero es más, la inseguridad jurídica que se produce con estas medidas pasará factura en términos de litigiosidad y estabilidad de las empresas, porque pone en entredicho nuestro sistema tributario en su conjunto y coloca a las mismas al albur de las decisiones que el Consejo de Ministros adopte con los efectos retroactivos que considere en función de las necesidades recaudatorios del momento. No parece serio Sr. Ministro.

Estamos en contra de cualquier subida de impuestos porque recurrir a la manivela de la fiscalidad, que tanto le gusta a usted, Sr. Ministro, es una solución cómoda, pero inadecuada y rechazable, sobre todo cuando existen otras alternativas aunque sean transitorias como la gestión inteligente del sistema concesional español para incrementar los ingresos sin subir los impuestos de todos que, además, tendría un efecto positivo sobre la competitividad de la economía española e impulsaría la creación empleo.

Justificar el aumento de la presión fiscal para reducir el déficit no es aceptable cuando lo que necesita España y por ende Asturias son mayores bases imponibles gracias al crecimiento, y no mayores tipos o nuevas figuras impositivas para frenarlo.

La segunda se refiere a la financiación autonómica.

El vigente sistema de financiación autonómica fue aprobado en 2009 por el entonces Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, a la medida de las exigencias del tripartito catalán. Durante aquella tramitación en las Cortes Generales, la propuesta recibió muy gruesas descalificaciones desde los escaños del Partido Popular.

No era para menos porque se consagraba una financiación que distinguía entre españoles y que despreciaba los mandatos constitucionales de solidaridad y equilibrio entre territorios.

“Injusto, antisocial, ejercicio de prepotencia rayana en el delirio”, fueron algunas de las definiciones que acompañaron el debate. Incluso el PP comprometió con gran énfasis su modificación y, de hecho, lo plasmó de forma señalada en el programa de las elecciones generales que, en noviembre de 2011, le dieron un incontestable triunfo.

El actual es  un sistema perverso, injusto, antisocial, que ya debería haber sido corregido en su primer mandato, pero que empeoró añadiendo unas medidas discrecionales de condonación de intereses mediante las cuales se repartieron 22.647 millones de euros, el 75% de los cuales, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, fueron a parar a Cataluña, a la Comunidad Valenciana y a Andalucía, precisamente las comunidades más incumplidoras, que en términos de euros por habitante establecen unas diferencias de uno a tres entre comunidades autónomas, con el consiguiente efecto negativo sobre el crecimiento económico y el empleo, que en el caso de Asturias también incide con la acumulación de una deuda histórica de insolidaridad del Estado.

Señor Montoro ¿recuerda usted que solo amenazó a Asturias con los “hombres de negro” cuando gobernaba FORO? Pues bien, en estos años de crisis los criterios de estimación de los costes de los servicios esenciales (Sanidad, Educación, Servicios Sociales) han creado agravios comparativos entre Comunidades Autónomas que rompen la cohesión nacional y crean divergencias en crecimiento y empleo en España.

Señor Ministro, la asignación de inversión pública con criterios de eficiencia y de equilibrio interterritorial es también un gran instrumento para lograr la convergencia homogénea del crecimiento en España y es la herramienta decisiva para articular la cohesión del territorio nacional siguiendo el modelo europeo.

España necesita un mayor esfuerzo de solidaridad e igualdad constitucionales. Se lo requerimos sabiendo, como usted bien conoce, que los asturianos no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que los demás, soportando las secuelas de un discriminatorio sistema de financiación, sufriendo los peores datos de crecimiento señalados por el Instituto Nacional de Estadística y ocupando año tras año el farolillo rojo en la tasa de población activa.

Señor Ministro, urge poner punto final a la deriva que su gobierno vaticinó con acierto hace siete años, pero para la que aún no ha aplicado remedio. El Gobierno ha reconocido que el actual sistema de financiación autonómica tiene deficiencias y que hay que corregirlas. El objetivo a  perseguir es asegurar un nivel de servicios en todos los territorios definiendo una cartera común en las áreas fundamentales y, en segundo lugar, asegurar una financiación estable y suficiente. Se trata de que todos los españoles puedan acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones, vivan donde vivan. Pero no basta con decir, hay que hacer.

Anteayer se produjo la primera gran cita para iniciar el cambio con la celebración de la Conferencia de Presidentes  que tuvo lugar en esta Cámara. Estaremos vigilantes porque de las líneas de acuerdo que se marquen allí dependerá una parte muy sustancial del inmediato futuro de España y por tanto de Asturias.

Sabemos que es un tema de una enorme dificultad, siempre que se ha producido un debate sobre este asunto las cosas no fueron fáciles, pero, en fin, para resolver las cosas que no son fáciles ya estamos  aquí en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados para llegar a un entendimiento entre todos.

Y ya para finalizar, decir que con respecto a las inversiones, es necesario  buscar un reparto equitativo, impulsar actuaciones que redunden en beneficio del interés general y, por supuesto, poner énfasis en las políticas que mejoren nuestra economía, amplíen nuestro tejido productivo, generen empleo y, por tanto, reviertan en riqueza y bienestar para los españoles. 

Muchas gracias, Presidente.