La comisión de investigación del ‘caso Villa’ ha empezado a recibir las primeras respuestas por parte de las administraciones, entidades y organismos a los que los diferentes grupos parlamentarios han solicitado documentación para tratar de esclarecer el origen de la fortuna oculta del ex sindicalista José Ángel Fernández Villa y, aún sin empezar a estudiarla, ya han surgido los primeros problemas.

Por un lado, porque ha quedado en evidencia que el volumen de información solicitada es tan elevado que podría complicar la investigación hasta incluso hacerla ineficaz -sólo los expedientes requeridos a la administración regional suman ya 800.000 folios- y, por otro, porque algunos de los organismos a los que se les ha pedido colaboración se han mostrado reticentes. Al menos, así lo entiende el presidente de la comisión de investigación. El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha reprochado la falta de cooperación por parte del SOMA -sindicato que Villa dirigió durante más de 35 años-, tras mostrar esta organización recelos para facilitar información relativa a las dietas y remuneraciones recibidas por el ex sindicalista por temor a infringir la ley de protección de datos . «Yo entiendo que esos datos no deben estar afectados por la ley de protección de datos y si el SOMA entiende otra cosa tendrán que ser ellos los que argumenten y lo fundamenten jurídicamente para negar esa información, no pedir opinión a la comisión. Cada uno debe asumir sus responsabilidades y saber qué grado de colaboración quiere o puede tener», recriminó Prendes a la salida de la comisión. Horas más tarde el SOMA emitía un comunicado en el que garantizaba la colaboración total con la comisión y su interés por llegar «hasta las últimas consecuencias, aclarar con total transparencia y rotundidad, si hay más personas supuestamente implicadas, y los instrumentos de ingeniería fiscal u de otro tipo que se hayan podido utilizar».

Debate aparte merece el problema surgido en relación al volumen ingente de documentación requerida a la administración regional que, según los cálculos realizados por los letrados de la Cámara, sumarían más de 800.000 folios que, con un peso cercano a las cinco toneladas, deberían ser llevados a la Junta General en 320 cajas. La comisión de investigación del ‘caso Villa’ ha acordado reunirse este viernes con el fin de «concretar» la documentación que finalmente va a ser solicitada a la administración regional, con el objeto de que su estudio sea más ágil. «No sería razonable mantener la petición de documentación en los términos en los que está formulada», reconoció Prendes, quien se mostró confiado en el éxito de la comisión «si trabajamos con rigor, con sentido común y si hay disponibilidad» por parte de todos los implicados.

(Fuente: El Comercio)