En ese sentido, “la prevención de los desahucios debe ser una medida prioritaria en la política de vivienda del Gobierno socialista, sobre todo cuando vivimos un alarmante incremento de los mismos en Asturies, especialmente los causados por impago de alquiler, que cada vez son más frecuentes a causa de la constante subida de los precios”, prosiguió.

Desde su entrada en el Parlamento asturiano en el año 2015, Podemos Asturies ha exigido a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales la elaboración y puesta en marcha del Convenio entre el Consejo General de Poder Judicial y la FAC para la detección de situaciones de vulnerabilidad de personas y/o familias en riesgo de ser desahuciadas, con el que ya cuentan otras CCAA.

Espiño considera “intolerable que la Dirección General de Vivienda lleve más de dos años anunciando este Convenio sin que se haga efectivo. Si bien no atajaría la situación de emergencia habitacional en la que se encuentran muchas personas y/o familias asturianas, sí facilitaría la detección de situaciones de vulnerabilidad, ya que establece la obligación para los juzgados de comunicar a los servicios sociales municipales las situaciones de vulnerabilidad o exclusión en que puedan encontrarse de personas y/o familias en riesgo de ser desahuciadas. De esta forma, los servicios sociales podrían adoptar las medidas de apoyo necesarias para evitar la pérdida de la vivienda sin contar con una alternativa habitacional asequible, una situación dramática que lamentablemente siguen sufriendo muchas personas y/o familias en Asturies”.