El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha señalado hoy en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias que este año se han llevado a cabo en el Principado 1.875 peritaciones judiciales, de las que 947 han sido resueltas por personal propio de la administración, 904 por contrato de servicios y otras 24, dada su especial complejidad, por agentes externos. Martínez también ha explicado que el 2,45% de las peritaciones realizadas son inmobiliarias, concretamente 46. De ellas, 30 han sido ejecutadas por personal propio de la administración autonómica y 16 por contrato de servicios.

El titular de Presidencia ha respondido hoy en el pleno de la Junta a una pregunta relacionada con el expediente de contratación del servicio de peritaciones judiciales. En este sentido, ha indicado que el Principado adjudicó el servicio el 18 de noviembre de 2013 a la empresa Taxo Valoración S. L. El contrato, suscrito el pasado 31 de diciembre, sigue aún vigente y será prorrogado. 

A juicio del consejero, este servicio ha permitido dotar de más medios a la administración y agilizar las peritaciones con los órganos judiciales, una medida que han adoptado también otras autonomías como Andalucía, Galicia o la Comunidad Valenciana con la misma empresa. Además, ha favorecido un ahorro de 200.000 euros en comparación con el presupuesto de 2011.

Martínez también ha apuntado que, ante una solicitud de revisión de oficio de la resolución de este contrato por parte del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Asturias, que no impugnó a su debido tiempo las resoluciones de licitación y adjudicación, la Consejería de Presidencia dictó en septiembre una resolución para iniciar el citado procedimiento, con el propósito de determinar si procede la nulidad. Una vez tramitado el expediente, el Principado solicitó un informe sobre este asunto a los servicios jurídicos que ha concluido que no procede la revisión de oficio de la resolución de adjudicación a la empresa TAXO.

No obstante, el titular de Presidencia ha precisado que una hipotética declaración de nulidad del contrato de peritaje no invalidaría en ningún caso las periciales practicadas.  “En todo caso, afectaría al procedimiento administrativo, no al procedimiento jurisdiccional; es decir, la nulidad del contrato no anularía la prueba”, ha  destacado.

En este sentido, ha lamentado la alarma generada por las declaraciones del diputado popular José Agustín Cuervas-Mons, que ayer advirtió sobre la posible invalidación de procesos judiciales si se declara la nulidad del contrato con la empresa que gestiona el servicio de contratación de peritos destinado a la justicia gratuita. Asimismo, ha desmentido las cifras facilitadas por el parlamentario popular, que alertaba sobre la posible invalidación de unos 400 procesos judiciales, y ha insistido en que este año únicamente se han realizado 46 peritaciones inmobiliarias.