Coto: “El Gobierno de Asturias debe resolver el problema de los funcionarios adscritos a escalas a extinguir, y el del subgrupo C1, que en la última Ley del Gobierno quedó fuera de las posibilidades de promocionar”

“La inacción del Gobierno y la falta de un modelo organizativo que responda a necesidades objetivas y reales origina estas anomalías y situaciones injustas en la función pública”

"Es imprescindible regularizar la anómala e injusta situación del personal funcionario adscrito a las distintas escalas a extinguir”

“No es de recibo que solo se considere para la reclasificación al nuevo Grupo B, a quienes se les exigió en la convocatoria estar en posesión de un título de Técnico Superior de FP, pero no a quienes se hallen en posesión de un título de FP de Segundo Grado, de Técnico Especialista, o de cualquier otro”

Cristina Coto, portavoz de FORO en la Junta General, ha afirmado hoy que “el Gobierno debe resolver en el ámbito de la función pública de la Administración autonómica, el problema de los funcionarios adscritos a escalas a extinguir, y el del subgrupo profesional C1 que en la última Ley del Gobierno quedó fuera de las posibilidades de promocionar”.

 

“Por ello”, ha anunciado “desde FORO llevaremos en febrero a Pleno de la Junta General una iniciativa por la que pedimos al Gobierno de Asturias la integración de todas y cada una de las escalas a extinguir existentes en la actualidad dentro de los distintos grupos de clasificación de los cuerpos y/o escalas activos/as de la Administración del Principado de Asturias, previa negociación con la parte social en las distintas Mesas de Negociación convocadas a tal efecto”.

 

“Dicho procedimiento –añadió- deberá regular la posibilidad de que el personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias adscrito a escalas a extinguir, pueda integrarse en la misma u otra categoría profesional dentro del mismo grupo de clasificación de los cuerpos/escalas activos/as, de acuerdo con el sistema establecido en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública”.

 

Coto ha explicado que “igualmente, solicitaremos la reclasificación en los cuerpos y/o escalas que se determinen, dentro del nuevo Grupo B de clasificación profesional, del personal funcionario que se encuentre integrado en el subgrupo profesional C1, y que en las pruebas selectivas de acceso a la Administración se le hubiese exigido expresamente, como requisito de participación en la respectiva convocatoria, estar en posesión del título de técnico superior de formación profesional, o se halle en posesión de un título de Formación Profesional de Segundo Grado, o de Técnico Especialista, o de cualquier otro, genérico o específico, que de conformidad con la legislación educativa o de la Función Pública, se hubiera considerado en su día equivalente a efectos de participación en procesos selectivos desarrollados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta previsión será de aplicación, igualmente, al personal funcionario al que, con posterioridad a su ingreso en la Administración se le hubiera exigido hallarse en posesión de cualquiera de los títulos mencionados a los efectos de reclasificación en el entonces grupo C (C1 actual)”.

 

“Y con carácter previo a dicha reclasificación, y atendiendo al número, situación, y peculiaridades de cada uno de los colectivos de funcionarios afectados, se procederá a la determinación y creación por ley de los nuevos cuerpos y/o escalas que vayan a encuadrarse en el reseñado Grupo B de clasificación profesional” indicó la portavoz.

 

Cristina Coto señaló que “en el ámbito de la función pública, resulta esencial una gestión que garantice los principios de eficacia, objetividad, transparencia e imparcialidad. En la Administración del Principado de Asturias adquieren especial relevancia, considerando los numerosos varapalos judiciales de estos últimos años, contrarios a la forma de proceder de los sucesivos gobiernos socialistas”.

 

“La inacción del Gobierno en la política de personal, y la falta de un modelo organizativo que responda a necesidades objetivas y reales, origina anomalías y situaciones injustas en la función pública que requieren una regularización”, subrayó Coto.

 

La portavoz de FORO continuó además explicando que “de un lado, el personal funcionario adscrito a distintas escalas a extinguir se encuentra discriminado y sufre limitaciones, especialmente en materia de movilidad, con respecto al resto de los funcionarios, y esta situación se viene perpetuando desde hace años en la Administración del Principado de Asturias, por lo que la Administración debería contemplar su integración dentro de los distintos grupos de clasificación de los cuerpos y/o escalas activos/as, quedando equiparados plenamente a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo, Escala y/o Grupo correspondiente, tanto en lo que respecta a condiciones de trabajo, como a los derechos profesionales y derechos económicos de carácter general. Máxime cuando dicha integración en ningún caso conlleva incremento de retribuciones de ese personal, por cuanto en la totalidad de los casos las retribuciones del Grupo de clasificación profesional en el que sería integrado el personal adscrito a escalas a extinguir son las mismas retribuciones que perciben en la actualidad”.

 

“Es imprescindible regularizar la anómala e injusta situación del personal funcionario adscrito a las distintas escalas a extinguir, que se viene dando desde hace años en la Administración del Principado, para que con su integración queden equiparados plenamente a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo, Escala y/o Grupo correspondiente en lo que respecta a sus condiciones de trabajo con carácter general. Todo ello, previa negociación con la parte social en las distintas Mesas de Negociación convocadas a tal efecto”, anunció Coto.

 

Para finalizar, Coto asegura que “de otro lado, debe ampliarse la previsión recogida en el apartado segundo de la Disposición Transitoria Segunda de la reciente Ley del Principado de Asturias 7/2014, de 17 de julio de medidas en materia de función pública y organización administrativa, al objeto de evitar la problemática que supondría graves discriminaciones entre los empleados públicos pertenecientes al subgrupo profesional C1 de la Administración Autonómica, puesto que no es de recibo que solo se considere para la reclasificación al nuevo Grupo B, a quienes se les exigió en la convocatoria estar en posesión de un título de Técnico Superior de FP, pero no a quienes se hallen en posesión de un título de FP de Segundo Grado, de Técnico Especialista, o de cualquier otro, genérico o específico, que de conformidad con la legislación educativa o de la Función Pública se hubiera considerado en su día equivalente a efectos de participación en procesos selectivos desarrollados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público”.