Los grupos políticos hablan de «burla», «desconsideración» y «oportunidad perdida» para dar explicaciones.

La primera sesión de comparecencias de la comisión que investiga la fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa se desarrolló ayer en la Junta General ajustándose al milímetro al guión previsto. Ni el ex secretario general del SOMA hizo acto de presencia, con el informe médico presentado la pasada semana como justificación, ni sus familiares más directos -su mujer y sus dos hijos- dieron el más mínimo detalle sobre el origen de un dinero de procedencia presuntamente ilícita que fue regularizado aprovechando la amnistía fiscal abierta en 2012. Una actitud que provocó una combinación de resignación e irritación entre los grupos parlamentarios, que en una reunión a última hora de la mañana decidieron trasladar la polémica sobre la ausencia del ex sindicalista a la Fiscalía de Asturias con un doble objetivo. Por un lado, para que aclare si su negativa a comparecer supone un delito de desobediencia. Por otro, para que determine si procede el inicio de un proceso de incapacitación, en vista del deterioro de su salud que acredita la valoración médica.

La sesión de ayer se antojaba crucial para saber si hay posibilidades de arrojar luz sobre el origen de los 1,2 millones de euros regularizados por Villa. Pero solo en la teoría, no en la práctica. Esto es, parecía evidente que eran el propio ex sindicalista y sus familiares quienes podían aportar información directa al respecto, pero también se daba por hecho que iban a callar. Y así sucedió. Constatada la ausencia de Villa, que estaba citado a primera hora, la posterior aparición de su esposa, María Jesús Iglesias, y de sus hijos, Rolando y Ángela Fernández, se limitó a una justificación de su silencio y poco más. Con la ley de enjuiciamiento criminal y la «naturaleza inquisitoria» de la citación como argumentos, callaron y escucharon como los diputados leían para la galería -y para las actas de la Junta- la retahíla de preguntas que llevaban preparadas. Cerca de la una de la tarde, los tres abandonaron las dependencias del Parlamento regional perseguidos por una nube de fotógrafos y ante la mirada curiosa de los ovetenses, que en su mayoría no reconocían a quienes recibían la luz de los flashes.

A partir de ahí comenzó el movimiento político. Los diputados se reunieron de inmediato, esta vez a puerta cerrada, para decidir qué hacer en vista de lo sucedido, de las ausencias y de los silencios. Y acordaron dar traslado de la situación a la Fiscalía para que se pronuncie. En primer lugar, y dado que la comisión «no es un tribunal médico», según explicitó su presidente, el diputado de UPyD Ignacio Prendes, se emplaza al Ministerio Fiscal a determinar si el informe presentado por la familia de Villa justifica su negativa a comparecer o si, por el contrario, cabría el delito de desobediencia previsto en el código penal que acarrea una pena de hasta un año de prisión.

Y en segundo lugar, pero no por ello menos relevante, se quiere que la Fiscalía, a la vista del contenido del informe, que señala que Villa padece una demencia que se ha agravado en los últimos meses, precise si corresponde iniciar un proceso de incapacitación del ex dirigente sindical. Un movimiento defendido con especial ahínco, con la ley de enjuiciamiento civil bajo el brazo, por el propio Prendes, que preguntó tanto a la esposa como a los hijos si ya habían impulsado ese trámite por iniciativa propia, y que tiene notable trascendencia. Tal y como precisan fuentes jurídicas, Fernández Villa está ahora bajo el único paraguas de su familia y solo sus allegados tienen acceso a él. Con una declaración de incapacidad sobre la mesa pasaría a quedar bajo la tutela de una persona, que podría ser de su entorno más cercano o ajena, pero siempre bajo una supervisión externa. Según estas fuentes, con una declaración de incapacidad el ‘blindaje’ familiar en torno a Villa se rompería y la situación actual -este no da explicaciones sobre el origen del dinero porque no está en condiciones para hacerlo y sus familiares callan- cambiaría de forma notable. Pero eso equivale a adelantar acontecimientos y primero la Mesa de la Junta, hoy, dará el visto bueno al escrito que remitirá a la Fiscalía, al que se añadirá el informe médico de Villa, instando un pronunciamiento.

Pese a ser conscientes de antemano de que la matinal parlamentaria daría poco de sí, los portavoces de los distintos partidos hicieron visible su desagrado. Quizá el más contundente fue el popular Fernando Goñi, que habló abiertamente de «burla» a la comisión. «Nos están tomando el pelo a todos, no sé si es que les parece bien haberse quedado con ese dinero», dijo, haciendo ostensible su irritación. «Han perdido una oportunidad de aclarar de dónde salieron esos fondos», añadió Teresa Alonso, de Foro. «Es una desconsideración hacia el Parlamento y los asturianos, las sospechas son ahora mayores», indicó Luis Álvarez Payo, de IU. El más contemporizador fue el socialista Fernando Lastra, que dijo «lamentar» la ausencia de información y mostró mayor confianza en la investigación que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción que en la que realiza la propia Junta.

José Antonio Postigo y su familia también se acogen a su derecho a no declarar.

Igual que hiciera la familia Villa durante la mañana, el ex presidente del Montepío y ex dirigente del SOMA, José Antonio Postigo Postigo, también se acogió ayer a su derecho a no declarar y abandonó la Junta General sin arrojar ni un halo de luz sobre el origen de la fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa y las presuntas irregularidades en la gestión de los Fondos Mineros. Tampoco lo hicieron su hija y su pareja, Patricia Postigo Pérez y Dorina Bicher, ambas llamadas a comparecer ante la comisión de investigación del ‘caso Villa’ por su vinculación personal con Postigo, pero también por haber sido empleadas del Montepío. (Noticia completa)

(Fuente: El Comercio)

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