EL COMERCIO: La Ley de Servicios Sociales, sin reforma.

«La reforma parcial de la Ley de Servicios Sociales llegará a esta Junta en noviembre, no se preocupe». Esa fue la respuesta de Esther Díaz en uno de sus últimos rifirrafes en la Junta con la portavoz de IU, Noemí Martín, antes de que, precisamente en noviembre, tuviera que abandonar su cargo de consejera de Bienestar Social. Dimitió Esther Díaz tras conocerse que tenía participación económica en una empresa que realizaba subcontratas para el Principado.

Su respuesta en un pleno del Parlamento asturiano fue cuestionada ya, en ese momento, por la propia Noemí Martín; por Ignacio Prendes, portavoz de UPyD, y también por Esther Landa, de Foro Asturias. Los tres grupos dejaron claro ya entonces que los plazos del Principado «serán inviables», aseveración que se ha confirmado ahora. Porque todos los secretarios técnicos de la Administración regional han rechazado la propuesta de reforma de la ley que Bienestar Social ha elaborado. Así lo confirmó la actual titular de la consejería, Graciela Blanco, a los integrantes del Consejo Asesor de Bienestar.

Una confirmación que, para Ignacio Prendes, es «la prueba de que todo ha sido una tomadura de pelo». El portavoz de UPyD lamentó que la esperada reforma parcial de la ley que su grupo, en colaboración con las entidades del tercer sector, redactó y presentó ya en julio pasado, «no saliera adelante», aunque está convencido de que lo sucedido en aquel pleno «es una prueba de que no había ningún interés en reformar la ley».

Porque solo Foro e IU sumaron sus votos a la proposición del Grupo Mixto, ante la sorpresa no solo de esas tres formaciones, sino también de las entidades sociales aglutinadas en la Plataforma del Tercer Sector. Porque dichas entidades habían pactado el texto con todos los grupos políticos, al entender que la reforma era muy urgente. Era la única forma, defienden, de blindarlas ante la llegada de empresas con ánimo de lucro a la gestión de dispositivos de infancia, discapacidad y exclusión social.

La justificación de PSOE y PP en aquel momento fue que preferían esperar al borrador del Principado, un borrador que nunca llegó a la Junta. Desde IU, Noemí Martín apunta que «se veía venir. Ya dijimos que todo lo que no entrara en la Junta antes de diciembre quedaría fuera de esta legislatura. El último mes del año se dedica a presupuestos y enero a las comisiones de investigación. La actividad parlamentaria volverá en febrero, pero en marzo concluye, ante las elecciones de mayo». Se trata de un plazo demasiado corto para esperar, como ahora anuncia Bienestar Social, a que el Consejo Consultivo examine el texto rechazado por los secretarios generales técnicos del Principado.

Para las entidades que aglutina la Plataforma del Tercer Sector -Una ciudad para todos, Siloé, Apta, Sanatorio Marítimo, Don Orione, Ascivitas y Rey Pelayo, las titulares de la mayoría de plazas de infancia y discapacidad- la no reforma de la ley significa «que las empresas privadas nos arrasarán. Servicios sociales se mercantiliza».