Pedro Leal: “El gobierno de Asturias se niega a aplicar las Sentencias que le obligan a elaborar listas específicas para maestros con discapacidad”

“Genaro Alonso y Roberto Suárez Malagón persisten en la ‘insumisión’ a las resoluciones cercenando los derechos de las personas discapacitadas”

“La inaplicación se debe al habitual sectarismo socialista ya que el decreto 6/2012 por el que se regula el acceso a la función pública de la administración del Principado de Asturias, y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad, se dictó en el gobierno de FORO”

“El gobierno del PSOE tiene la obligación de elaborar una lista específica de interinos con discapacidad en todas las especialidades y no lo efectúa con los resultados de las recientes oposiciones a Secundaria”

El diputado de FORO y portavoz en materia de Educación, Pedro Leal, se refirió esta mañana a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de desestimar el recurso de apelación del Principado y, por tanto, avalar el hecho de que exista listas específicas para profesores interinos con discapacidad. “El gobierno de Asturias se niega a aplicar las Sentencias que le obligan a elaborar listas específicas para maestros con discapacidad”, aseguró Leal.

“El pasado 12 de abril, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo dictaba Sentencia por la que estimaba en parte las pretensiones del colectivo Maestros Capacitados, y se reclamaba la aplicación efectiva del contenido de una norma de rango reglamentaria vigente en Asturias como es el Decreto 6/2012, de 16 de febrero, por el que se regula el acceso a la función pública de la administración del Principado de Asturias, y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad, resolución que fue recurrida por la Consejería de Educación, y que posteriormente, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, confirmaba dicha Sentencia otorgándoles la razón el pasado 21 de julio, y dejando en evidencia el criterio erróneo seguido por la Consejería de Educación, como llevamos tiempo advirtiendo desde FORO”, explicó el diputado.

“La Sentencia en cuestión –prosigue Pedro Leal- básicamente condena a la Consejería a que se elabore y publique una lista específica de aspirantes a interinidad para personas con discapacidad en un plazo razonable, dado que no estaba aplicando correctamente el citado Decreto 6/2012, de 16 de febrero. Sin embargo, inexplicablemente, el Consejero de Educación y el Director General de Personal Docente y Planificación educativa, se niegan a aplicar la Sentencia citada en los términos de la misma, como se demuestra, cercenando los derechos constitucionales de discapacitados al no establecer los mecanismos legalmente previstos para la integración y promoción de las personas discapacitadas en la administración educativa del Principado de Asturias”.

Este hecho, como comenta Pedro Leal “se demuestra cuando ayer mismo se publicaron los listados provisionales de interinos y el gobierno de Javier Fernández vuelve a incumplir la obligación de elaborar una lista específica de interinos con discapacidad en todas las especialidades, cuestión que desde FORO les requerimos que efectúen sin más dilación para con continuar en esta situación de ilegalidad”.

“Ciñéndonos a la cuestión, nos preguntamos si Genaro Alonso y el Director General, Suárez Malagón, quieren persistir en esta ‘insumisión’ a las resoluciones judiciales y nos preguntamos si tampoco prevén adaptar el resultado de las presente Convocatoria de Oposiciones de Secundaria a las prescripciones del Decreto 6/2012 y cumplir esta Sentencia”, dice el diputado de FORO.

Obviamente, “las consecuencias del fallo de esta Sentencia también afectan al devenir del reciente proceso selectivo”, añade Pedro Leal. “Estas Resoluciones judiciales implican directamente el cambio de criterio, por no decir inaplicación del decreto 6/2012. Esta inaplicación se debe al sectarismo socialista ya que este decreto se publicó en un gobierno de FORO, dada la animadversión evidente del gobierno socialista del que participa Genaro Alonso hacia las decisiones que tomó en su día el ejecutivo encabezado por Francisco Álvarez-Cascos, decreto que está en perfecta sintonía con la regulación constitucional y legislativa europea y estatal,  pero lo que más preocupa a nuestro grupo parlamentario es que la sentencia objeto de la pregunta considera:

1.- Que se vulnera el art. 49 de la Constitución referente a las personas con discapacidad.

2.- Que infringen la Directiva Europea 2000/78/CE de 27 noviembre para la igualdad de trato en el empleo a las personas con discapacidad”.

“Por tanto –asegura Leal- cuando estamos tratando de derechos tan fundamentales como son el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, como señala el art. 23.2 de la Constitución Española, y demás previsiones constitucionales, europeas y legales que se hayan establecido a favor de la integración de los discapacitados mecanismo de integración como los previstos para el acceso a la función pública docente como funcionarios de carrera pero también y por las mismas razones en el caso de que sean funcionarios interinos, hay que ser pulcro en la aplicación de la normativa, delicadeza que no han tenido ni el Consejero de Educación ni el Director General de Personal Docente y Planificación educativa”.

Pedro Leal advierte que “así mismo, y a tenor del contenido de las Sentencias antes mencionadas, se confirman la nulidad de las estipulaciones de los Acuerdos suscritos entre la administración del PPAA y los sindicatos integrantes de la Mesa de negociación de personal Docente, relativos al actual procedimiento de integración y promoción de los aspirantes interinos con alguna discapacidad reconocida, en la medida que no recogen adecuadamente la adecuación de los procedimientos específicos a este colectivo”.

Por ello, según comenta el diputado, “carece de toda lógica la obtusa postura mantenida desde Educación hacia los interinos discapacitados ya que en el ámbito docente están establecidos procedimientos de integración de los de los discapacitados en el caso de funcionarios docentes de carrera con lo cual parece coherente que, en la medida de los posible, también se establezcan estas mismas medidas en beneficio del acceso a la función pública docente interina, razonamiento que no se observa desde la Consejería de Educación”.

Por ello, “registraremos iniciativas parlamentarias para exigir que se cumplan las Sentencias y se apliquen la legislación para proteger el acceso y promoción a la administración pública de las personas discapacitadas y terminar de una vez con las desigualdades de la Consejería de Educación”, concluye Leal.