Los consejeros de Sanidad de Asturias, Andalucía y Canarias han rechazado hoy que el Gobierno central pida ahora respaldo sanitario para la reforma de la ley del aborto, cuando en todo momento el texto se ha desarrollado desde el punto de vista de penalización a la mujer, liderado por el Ministerio de Justicia. Faustino Blanco González,  María José Sánchez Rubio y Brígida Mendoza Betancor han criticado que el texto vulnera la capacidad de decisión de las mujeres, supone un riesgo para su salud sexual y reproductiva y abre la puerta a la inseguridad jurídica de la que ya fueron víctimas los profesionales sanitarios. Esto justifica su retirada del Consejo Interterritorial o, en todo caso, un informe negativo por afectar seriamente a la salud de las mujeres.

Antes de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que incluye como último punto del orden del día el informe de impacto en normativa sanitaria del anteproyecto de modificación de la ley del aborto, los consejeros han manifestado que  la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de  la Interrupción Voluntaria del Embarazo es una norma garantista y progresista que apuesta por los derechos y las libertades de las mujeres. Así, han asegurado que  el PP pretende sacar adelante la reforma con el fin último de responder a la demanda ideológica de sectores minoritarios ultraconservadores, cuando, además, no responde a ninguna demanda social.

Los máximos responsables sanitarios de Asturias, Andalucía y Canarias han insistido en que modificar esta normativa para volver a un sistema de supuestos supone un ataque y una regresión en la libertad de las mujeres y que no reducirá el número de abortos, sino que contribuirá a que florezcan métodos clandestinos de interrupción voluntaria del embarazo que pondrán en peligro la salud de las mujeres.

Con la actual ley, se han reducido los embarazos no deseados un 5,04%, si se comparan los datos de 2012 con los del año anterior. Por su parte, con el nuevo texto que plantea el Gobierno central, más del 91% de las interrupciones voluntarias del embarazo que se hacen en España deberían dejar de producirse en  el país, según un informe de la Junta de Andalucía. Esto supone que se realizarían fuera de España o se harían de forma insegura, por lo que se dejaría muy desprotegidas a las mujeres más vulnerables.

El anteproyecto tampoco establece regulación sobre la estrategia de salud sexual y reproductiva y, por tanto, sobre la educación en este ámbito, que es fundamental para evitar embarazos no deseados y prevenir prácticas de riesgo. Asimismo, la eliminación del supuesto de interrupción del embarazo por anomalías fetales puede suponer un aumento en el número de recién nacidos con enfermedades graves y limitantes.           

La reforma también sitúa a los profesionales en un escenario complejo, criticado por organismos como  la Organización Médica Colegial, que ha manifestado que el médico no es capaz de adivinar con carácter previo cómo afectará el aborto a la salud mental de  la mujer. La ley actualmente vigente recoge la objeción de conciencia de aquellos profesionales directamente implicados en la interrupción del embarazo, garantizando siempre la adecuada asistencia a la mujer antes y después de la intervención.

La Ley de 2010 posicionó a España al nivel de países del entorno y reconoció el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad libre y responsablemente. La mayoría de los países europeos reconocen el aborto por libre decisión de la mujer entre las 8 y las 24 semanas en función del país (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia…) y otros lo permiten por indicaciones tan amplias que en la práctica suponen la libre decisión de la mujer (Inglaterra, Finlandia e Islandia). En Europa, sólo dos países (Irlanda y Polonia) mantienen una legislación limitada a situaciones de riesgo vital para la mujer y uno (Malta) lo prohíbe totalmente.

 

 Audio 1 (audio: 256 Kb)  Audio 2 (audio: 294 Kb)  Audio 3 (audio: 121 Kb)  Audio 4 (audio: 225 Kb)