La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha criticado hoy que el Gobierno de España se empeñe en ocultar la aportación de las comunidades autónomas al sistema de la dependencia. A su juicio, la información recogida en el informe que ha elaborado el Imserso sobre la financiación de este sistema es “sesgada y unilateral”, puesto que únicamente recoge la contribución del Estado, a pesar de que, al menos en el caso de Asturias, se ha aportado toda la documentación certificada al respecto.

Esther Díaz ha participado esta mañana en Madrid en la reunión del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, donde se ha analizado este estudio.

La titular de Bienestar Social ha explicado que el informe del Imserso que evalúa la aplicación de la ley 39/2006 en el ejercicio 2013 muestra sólo que el Estado aportó 23.351.967 euros, cuando en Asturias el pasado año se destinaron a la dependencia, en total, 192.492.282.

Díaz ha agregado que, con su estrategia de ocultación de datos, el Gobierno de España tampoco refleja en el estudio lo que aportan las personas dependientes a través del copago al sistema, una cantidad que en Asturias ya supera a la aportación estatal.

Tomando en consideración las tres vías de financiación del sistema de la dependencia, la distribución en 2013 es la siguiente:

   - Administración General del Estado: 23.351.967 euros (12,2%)    - Principado de Asturias: 142.010.315 euros (73,7%)    - Dependientes (copago): 27.130.000 euros (14,1%)    - Total: 192.492.282 euros

A juicio de la consejera, el argumento que esgrime el Imserso para no reconocer las aportaciones de cada administración, basado en la existencia de diferentes sistemas contables y presupuestarios, no se sostiene. En su opinión, la normativa estatal aprobada en diciembre de 2013 obliga a las autonomías a presentar una certificación anual del gasto en dependencia antes del mes de abril, precisamente con el objeto de determinar el coste total del sistema de la dependencia, como queda reflejado en varios apartados del propio informe de evaluación.

Esther Díaz también ha denunciado que el Gobierno de España ha venido reduciendo la financiación de la dependencia, puesto que mientras en 2010 su aportación alcanzó los 41 millones, el pasado año bajó hasta los 23 millones. Ha reclamado también al ministerio que diferencie entre las comunidades que con la resolución de dependencia comienzan a prestar servicios, como es el caso de Asturias, y aquéllas que lo dejan pendiente para un momento posterior. Desde su punto de vista, esta diferencia supone notables disparidades en los tiempos de tramitación de las autonomías y no responde a la realidad de lo que sucede. Esto es así porque mientras en Asturias, con la resolución, la persona dependiente ya tiene el servicio o prestación, en otras lo tiene concedido pero no lo disfruta.

Por otro lado, Díaz también se ha referido al fondo de lucha contra la pobreza infantil, al que el Estado destina 16 millones para repartir entre los territorios y del que Asturias recibirá casi 800.000 euros, que ha considerado “insuficiente”, por lo que el Principado los incrementará con 600.000 euros más, movilizando un total de 1,4 millones. Esto se llevará a cabo mediante una línea de ayudas directas a las familias con menores a cargo que estén pasando por graves dificultades económicas. Durante la reunión celebrada hoy, la consejera ha reclamado además que se mantengan en el tiempo estas ayudas y que se incluyan en los Presupuestos Generales. Y ha propuesto un pacto de Estado entre todas las administraciones, porque la situación actual así lo requiere.