La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha anunciado hoy que el Gobierno de Asturias atenderá a través de una línea específica de ayudas a 1.400 familias con menores a su cargo que atraviesen graves dificultades económicas. Las ayudas se destinarán a la compra de material escolar, el abono de las facturas energéticas del hogar y gastos de alimentación.

En total, se movilizarán 1,4 millones de euros para estas ayudas, de los que el Principado aportará 600.000 y 800.000 el Gobierno central. La gestión se realizará a través de convenios de colaboración con los ayuntamientos y para su reparto se atenderá a los parámetros del indicador AROPE (tasa de riesgo de pobreza y exclusión social). El convenio de colaboración con las entidades locales debe ser aprobado previamente por el Consejo de Gobierno.

Las ayudas serán de 1.000 euros por familia y se destinarán a las que se encuentren en una situación de mayor dificultad, una vez que los servicios sociales municipales hayan valorado los casos. Los receptores deberán justificar que los gastos realizados han sido destinados a los conceptos de compra de material escolar, gastos energéticos en el hogar y gastos de alimentación.

La titular de Bienestar Social y Vivienda, que hoy ha comparecido ante la Comisión de Bienestar Social y Vivienda de la Junta General del Principado, ha explicado que se ha optado por este sistema de gestión de las ayudas porque era la opción más ágil desde el punto de vista administrativo, y que se informó del mismo a las entidades en el seno de la Mesa Ciudadana contra la Pobreza y la Exclusión Social.

 

Esther Díaz también ha respondido en la Junta General a una pregunta relacionada con la pobreza energética. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha incluido en la Agenda Social Asturiana una serie de medidas a adoptar en relación con este asunto. A su juicio, resulta necesario modificar la legislación actual sobre el sector eléctrico y los hidrocarburos, de competencia estatal, de manera que se tengan en cuenta las directrices europeas sobre normas comunes para los mercados interiores de la electricidad y el gas natural.

No obstante, ha destacado que, en el marco de su competencia, el Gobierno asturiano está tomando medidas para aliviar la situación de las familias y ha citado las ayudas contra la pobreza infantil, que contemplan actuar en este ámbito, o las de emergencia, que se distribuyen a través del Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos. En 2013, el 29,02% de las ayudas de emergencia se destinaron a gastos generados por la habitabilidad y disfrute de la vivienda, entre los que figura el abono de gastos energéticos.

 

En relación con el Centro Polivalente de Recursos (CPR) El Manso-Lastres, la consejera ha indicado en la Comisión de Bienestar Social que se han presentado once empresas al proceso de licitación de las obras que restan para finalizar la construcción del equipamiento. Actualmente se están analizando las propuestas y, una vez adjudicados, los trabajos podrían comenzar en noviembre. El plazo de ejecución de las obras pendientes es de tres meses.

Las obras de construcción de este centro comenzaron a principios de 2011, pero en diciembre del mismo año se suspendieron porque la empresa contratista estaba inmersa en un proceso de concurso de acreedores. Los trabajos se retomaron en noviembre de 2012 y, apenas un año después, en octubre de 2013, se paralizaron de nuevo cuando estaba ejecutado el 93% de la obra, en esta ocasión, por el abandono de la empresa contratista a causa de la apertura de un expediente sancionador.

El CPR El Manso-Lastres cuenta con 60 plazas residenciales y 15 de centro de día.