Cristina Coto: “El Tribunal Supremo, al admitir a trámite la petición de los trabajadores de que se aporten documentos que podrían acreditar posibles irregularidades en el ERE de Santa Bárbara Sistemas, ofrece una esperanza a los despedidos”

“Por fin se reconoce que la empresa debiera haber presentado las cuentas consolidadas y no unas provisionales y de una parte de la empresa para justificar el ERE”

“La ausencia de aquellos documentos restó motivación a los despidos, algo que desde el principio ha denunciado FORO, y que de determinarse así judicialmente podría causar la nulidad del ERE de Santa Bárbara Sistemas”

“La sentencia ahora recurrida en casación ya reconocía que la empresa incumplió varios requisitos formales de entrega de la documentación e información legalmente exigible, susceptible de conllevar la nulidad del ERE”

“Preguntaremos al gobierno en base a qué el Principado, tras este estropicio, pretende ahora dar dinero para formación a un personal que no sabemos si finalmente conservará su empleo”

Cristina Coto, presidenta y portavoz de FORO en la Junta General ha afirmando hoy que “el Tribunal Supremo, al admitir a trámite la petición de los trabajadores, amparada por la Fiscalía, de que se aporten documentos que podrían acreditar posibles irregularidad en el ERE de Santa Bárbara Sistemas, ofrece una esperanza a los despedidos”.

Coto se refiere a “documentos cuya ausencia restó motivación a los despidos, algo que desde el principio ha denunciado FORO, y que de determinarse así judicialmente podría causar la nulidad del ERE de Santa Bárbara Sistemas”.

“El auto del Tribunal Supremo es de una extraordinaria importancia –subrayó Coto- puesto que por fin se reconoce que la empresa debiera haber presentado las cuentas consolidadas y no unas provisionales y de una parte de la empresa para justificar el ERE”.

“Los documentos cuya inclusión ahora interesa la Fiscalía en el seno del recurso de casación pueden ofrecer conclusiones muy sospechosas, por sus fechas y por incongruencias que sirvieron de soporte para los despidos de los trabajadores y para el desmantelamiento de nuestra industria armamentística asturiana”, añadió.

“De hecho –afirmó Coto- la sentencia ahora recurrida en casación ya reconocía que la empresa incumplió varios requisitos formales de entrega de parte de la documentación e información legalmente exigible, susceptible de conllevar la nulidad del ERE, como denunciaban los demandantes, pero consideró que, al no haberse reclamado dicha documentación durante el ERE, ni haberse denunciado su ausencia en el período de consultas, no podía en ese momento procesal pretenderse la nulidad”.

“En este momento resta esperar el análisis de la citada documentación por el Tribunal Supremo, por lo que nos mantenemos en espera de su sentencia”. Coto recordó que ella misma fue objeto de querella por calificar el ERE como fraudulento, querella que finalmente se archivó: “No se entregó la documentación que la Ley exige, esto es, las cuentas consolidadas de la sociedad que podrían demostrar que no existían 68 millones de pérdidas; se negaron esos documentos tanto en el periodo en el que se gestionó el ERE con los representantes de los trabajadores, como en las declaraciones de los responsables y auditores de la empresa en calidad de testigos ante la Audiencia Nacional; ahora se descubre que sí existía esta documentación contable pero parece que no favorecía la decisión de la empresa de formalizar el brutal ERE que dejó en la calle a más de 600 trabajadores trasladando los costes sociales indebidamente al erario público”.

“Cabe recordar que si finalmente se determina que los despidos carecieron desde el primer momento de motivación y existiendo actualmente carga de trabajo, FORO Asturias luchará por la readmisión, como ya se acordó en diferentes iniciativas de la Junta General del Principado de Asturias”. Y añadió que” deben cumplirse las obligaciones asumidas por General Dynamics cuando adquirió la Empresa Nacional Santa Bárbara en lo relativo a la cargas de trabajo y a nuevos contratos e inversiones tecnológicas, pues no es de recibo que una multinacional que creció gracias al patrimonio y al dinero público haya desentendido de su gran patrimonio humano”.

“En este momento podemos olvidar que en 2012, General Dynamics justificó el Plan de Integración de la fábrica de La Vega en Trubia en un documento donde afirmaba: ‘Mantener el empleo en Asturias, objetivo prioritario’, para perpetrar después un traslado engañoso con el fin de despedir trabajadores y desmantelar nuestra industria armamentística, en medio de un sospechoso silencio y el pasotismo del gobierno de Javier Fernández, pese a tener en la calle a 55 personas con sus familias”, dice.

“Preguntaremos al gobierno en base a qué el Principado, tras este estropicio, pretende ahora dar dinero para formación a un personal que no sabemos si finalmente conservará su empleo”, concluyó Coto.