Publicada por Pressy el 14/12/2017 10:05:01

Oblanca: “FORO apoyará siempre los derechos de las miles de personas y familias gravemente afectadas por el incumplimiento del pago de sus pensiones por el Gobierno de  Venezuela”

“España y Venezuela suscribieron en 1988 un convenio en el que se reconoce el derecho a percibir pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones sin que estén sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o retención por el hecho de que el beneficiario se encuentre en Venezuela o en nuestro país”

“Nuestro Gobierno debe poner todo de su parte en la búsqueda de soluciones para todas estas personas que tienen en su pensión venezolana la única fuente de sustento”

El diputado nacional de FORO, Isidro Martínez Oblanca, ha apoyado una Proposición No de Ley del Grupo Socialista sobre medidas para paliar la desprotección de los españoles afectados por la suspensión del pago de sus pensiones por el Gobierno de Venezuela. “FORO apoyará siempre los derechos de las miles de personas y familias gravemente afectadas por el incumplimiento del pago de sus pensiones por el Gobierno de  Venezuela”, dijo Oblanca.      

Martínez Oblanca recordó que “la calidad de vida de miles de familias que viven en España está gravemente comprometida por el desastre económico de Venezuela, su inflación récord del 800% y el desabastecimiento a todos los niveles que ha arrastrado a impagos desde diciembre del año 2015”.

“Esto –continuó- afecta de forma muy crítica a las pensiones de los beneficiarios en el exterior, a los pensionistas venezolanos residentes en España y también a pensionistas emigrantes retornados españoles. Permítanme que, si bien este es un problema que afecta a toda España, yo  tenga un recuerdo singular para los que en Asturias, a través de ASOPEVE, nos han transmitido su situación y nos han pedido que nos hagamos eco de la misma”.

Oblanca denunció el “incumplimiento flagrante de los compromisos asumidos por España y Venezuela, que suscribieron en 1988 un convenio en el que se expresa el reconocimiento del derecho a percibir pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones sin que estén sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o retención por el hecho de que el beneficiario se encuentre en Venezuela o en nuestro país”.

“La aprobación de esta iniciativa parlamentaria tiene que suponer –considera Oblanca- una llamada urgente y perentoria de atención a nuestro Gobierno para que ponga todo de su parte en la búsqueda de soluciones para todas estas personas que tienen en su pensión venezolana la única fuente de sustento”.

Intervención de Isidro Martínez Oblanca en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso :

Muchas gracias, señor presidente.

Es imprescindible que al igual que se hizo en el Senado, en diferentes parlamentos autonómicos y en muchos Ayuntamientos, también el Congreso de los Diputados haga suyos los problemas que están sufriendo las miles de personas –muchas de ellas con una edad avanzada que ya les impide acceder al mercado laboral-  que tras una vida de esfuerzo, de trabajo y de sacrificio en la que hoy es la República Bolivariana de Venezuela, se ven privadas desde hace dos años de las pensiones y los derechos económicos que se han ganado con su trabajo y que no pueden percibir por el incumplimiento de ese gobierno y, singularmente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Hay que subrayar que el IVSS y por extensión el Gobierno firmó un convenio bilateral -entre ambas naciones-  que en su artículo 5 sobre exportación de pensiones, supone una obligación recíproca que textualmente dice lo siguiente: “Las pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones adquiridas en virtud de la legislación de una Parte Contratante no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de la otra Parte o en un tercer país. Las prestaciones económicas, debidas por una de las Partes Contratantes en aplicación del presente Convenio, se harán efectivas a los beneficiarios que residan en el territorio de la otra Parte o de un tercer país”.

La calidad de vida de miles de familias que viven en España  está gravemente comprometida por el desastre económico de Venezuela, su inflación récord del 800% y el desabastecimiento a todos los niveles que ha arrastrado a impagos desde diciembre del año 2015 lo que afecta de forma muy crítica a las pensiones de los beneficiarios en el exterior,  a los pensionistas venezolanos residentes en España y también a pensionistas emigrantes retornados españoles.

 Permítanme que, si bien este es un problema que está repartido por todo el territorio nacional, con especial incidencia en Comunidades históricamente emigrantes hacia Venezuela, yo tenga un recuerdo singular para los que en Asturias, a través de ASOPEVE nos han transmitido su situación y nos han pedido que nos hagamos eco de la misma, una situación crítica que viene derivada de la entrada en barrena de Venezuela y que se resume en su involución desde un sistema democrático a un sistema dictatorial.

Los dictadores hacen leyes a su medida o las interpretan a su conveniencia. El abuso del poder y el atropello a los derechos humanos también les lleva al incumplimiento de los pactos y acuerdos que se firmaron en su día. De lo que hablamos en este caso es, de una cuestión de incumplimiento flagrante de los compromisos asumidos por ambos países. España y Venezuela suscribieron en 1988 un convenio –que entró en vigor dos años después- en el que se expresa el reconocimiento del derecho  percibir pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones sin que estén sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o retención por el hecho de que el beneficiario se encuentre en Venezuela o en nuestro país.

La aprobación de esta iniciativa parlamentaria tiene que suponer –al menos esa es la intención de FORO Asturias- una llamada urgente y perentoria de atención a nuestro Gobierno para que ponga todo de su parte en la búsqueda de soluciones para todas estas personas que tienen en su pensión venezolana la única fuente de sustento y que, además, tiene una derivada en la que sí tiene todo que decir la administración española porque las personas afectadas constan como perceptores de una pensión venezolana, aunque no la cobren, pero eso les acarrea muy serias dificultades para acceder a los servicios y prestaciones sociales españolas y de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto ahí también existe una tarea muy importante que hacer que depende de España.