Oblanca: “FORO rechaza los proyectos de ley de transición energética y de industria del Gobierno sanchista porque suponen la pérdida de empleos y la desertización de Asturias”

“Las enmiendas de totalidad presentadas por FORO en el Congreso tratan de impedir el desmantelamiento industrial y la desertización de Asturias”

“En el Congreso, fuimos los únicos que votamos en contra de los dos Reales Decretos-Ley del Gobierno de Sánchez relativos a los sectores de la industria, de la minería y de la energía”

“El PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU alardean en Asturias y cobardean en Madrid votando contra los intereses de la industria y el carbón”

El diputado nacional de FORO, Isidro Martínez Oblanca, registró hoy en el Congreso de los Diputados, dos enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley derivados de los dos Reales Decretos-Ley relativos al sector de la industria y al de la minería, “porque suponen la pérdida de empleos y la desertización de Asturias”.

El primer proyecto de Ley enmendado a la totalidad por Oblanca es el derivado del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, que el Pleno del Congreso aprobó el 20 de diciembre de 2018 y que defendió Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. El diputado asturiano fue el único en votar en contra de estas medidas que, tal y como afirmó en la tribuna, “arrastra a los asturianos a la recesión, al paro y a la pobreza como secuelas de su fórmula fulminante de descarbonización, antesala de desertización y deslocalizaciones”.

El otro proyecto de Ley enmendado a la totalidad por el representante forista es el de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. Defendido en la tribuna por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se aprobó por el Pleno del Congreso el 22 de enero con el único voto en contra de FORO que en el debate calificó entonces la nueva normativa como “muy dañina social y económicamente para el futuro de las cuencas mineras, también para nuestra industria básica y, en definitiva, para el conjunto de Asturias”.

“Con estas dos enmiendas a la totalidad de ambos proyectos de Ley impulsados por el Gobierno de Sánchez, FORO subraya su inalterable compromiso con Asturias, su industria básica, las cuencas y el carbón”, destacó Oblanca que insistió que “allá donde tengamos representación, FORO dará continuidad y prioridad a las iniciativas para evitar el desmantelamiento industrial y la desertización de Asturias”.

El diputado asturiano recordó que “el voto de FORO fue el único en contra de los dos Reales Decretos-Ley del Gobierno de Sánchez relativos al sector de la industria y al de la minería” y afirmó que “El PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU alardean en Asturias y cobardean en Madrid votando contra los intereses de nuestra industria y del carbón”.

Textos de las dos enmiendas de totalidad registradas hoy en el Congreso por el diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca

ENMIENDA DE TOTALIDAD AL PROYECTO DE LEY de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España (procedente del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre). COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Núm. expte. 121/000037)

La tramitación del PROYECTO DE LEY de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España (procedente del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre) pretende dar continuidad a una nefasta política industrial del Gobierno que, supeditada a la política energética, dará al traste con miles de empleos estables y cualificados, y causará graves perjuicios económicos a grandes áreas de población.

Tal y como se manifestó en el debate de convalidación del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, celebrado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 20 de diciembre de 2018, estamos en la práctica ante un apéndice complementario de las medidas legislativas de transición energética que abocan hacia el agujero negro de la desindustrialización y que ha despertado la alarma en Comunidades –caso de Asturias- en la que la industria es esencial en su tejido productivo, fundamental para la economía, clave en el empleo y vital para el sustento de grandes comarcas ahora sumidas en la incertidumbre.

Esta política del Gobierno arrastra a los asturianos a la recesión, al paro y la pobreza como secuelas de su fórmula fulminante de descarbonización, antesala de desertización y deslocalizaciones, que aniquilará sectores capitales para el futuro económico y social. Las improvisaciones en torno a la transición energética consolidan a España como un país con tarifas eléctricas penalizadoras, que inciden muy negativamente en la competitividad de las empresas, singularmente las electrointensivas.

La última subasta de interrumpibilidad dejó en evidencia a un Gobierno que ha desperdiciado importantes dotaciones presupuestarias  consignadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 con el objeto de promover mecanismos de apoyo para la reducción de las emisiones medioambientales, así como ayudas a las industrias de consumo electrointensivo para costes indirectos del CO2.

 El denominado Acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón, firmado el día 24 de octubre de 2018, es el acta de defunción de las cuencas mineras y preámbulo de las medidas de este real decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre , ya convalidado (con el voto en contra del diputado de FORO) que resulta lesivo para el futuro de nuestra industria y sus decenas de miles de empleos tanto de las empresas titulares como de las auxiliares.

Este nuevo conjunto normativo no responde ni de lejos a lo que mandató el Congreso de los Diputados en diferentes Proposiciones no de Ley e iniciativas parlamentarias porque está carente de ambición y ausente de compromiso, fruto de una política industrial palmariamente subalterna del ultraecologismo  que se ha instalado en La Moncloa, dogmático como en ningún otro país del mundo, y con la cual el Gobierno le pone fecha de extinción a la industria con su cortoplacismo y anima a la fuga de empresas.

Medidas como las que se plantean en este Proyecto de Ley, por desalentadoras, incitan a frenar inversiones por estar al albur de un Ministerio cuya titular, en su cruzada ecológica radical, lo mismo acaba con el carbón que con las centrales térmicas de generación eléctrica, con el diésel, con la automoción, a golpe de fundamentalismo o de ocurrencias. Las medidas, tal y como se recogen en este Proyecto de Ley, seguirán profundizando el declive de la industria española que ya ha mermado un 2,33% del PIB nacional en lo que va de siglo. Continúa faltando una política industrial específica. Las decisiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo van totalmente a rebufo de las legislativas que ya ha tomado para mal la ministra para la Transición Ecológica y a las que también he formulado la correspondiente Enmienda de Totalidad.

La legislación en la que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pretende basar su actuación política tiene, además, su traducción en propósitos reindustrializadores basados en decisiones de pura burocracia como la creación de oficinas a la par que se niega la crisis industrial de España como secuela  de la descarbonización exprés que ya afecta seriamente al sector del automóvil y al de los concesionarios con su irresponsable cruzada contra el diésel, y a los fabricantes de chapa para la fabricación de coches. En lugar de aplicarse en el impulso y defensa de una alternativa responsable de  transición energética gradual, bien planificada por auténticos expertos, que cumpla los Acuerdos de París para la reducción de gases de efecto invernadero y contribuya a frenar el cambio climático, se evitan las fórmulas para hacer compatible su cumplimiento de las obligaciones medioambientales con el fortalecimiento industrial de Asturias.

Por todo lo expuesto y, además, en coherencia con la posición política que FORO y sus representantes mantienen en las Instituciones democráticas (Cortes Generales, Junta General del Principado y Ayuntamientos), así como con los irrenunciables compromisos adquiridos públicamente en defensa de la industria, de sus trabajadores y de las comarcas cuya economía gira en torno al sector, el diputado de FORO integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, presenta esta ENMIENDA DE TOTALIDAD AL PROYECTO DE LEY de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España (procedente del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre).

ENMIENDA DE TOTALIDAD AL PROYECTO DE LEY de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras (procedente del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre). COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Núm. expte. 121/000045)

Tal y como se manifestó en el debate plenario celebrado por el Pleno del Congreso de los Diputados de fecha 22 de enero de 2019 para la convalidación del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, estamos ante la renuncia a la soberanía energética de España con todo lo que eso supone dada la altísima dependencia energética de nuestro país.

El voto en contra del diputado de FORO a la convalidación de este Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, que justifica por sí mismo la presentación de esta enmienda a la totalidad en su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia, pretende la devolución al Gobierno de unas medidas que arrastran al desmantelamiento y la desertización de las cuencas mineras con todo lo que ello supone en pérdida de puestos de trabajo y en gravísimo perjuicio para el futuro de grandes comarcas de población.

El derrotero contra el carbón español fue iniciado en 2010 por el entonces Comisario europeo de la Competencia, señor Almunia, quien con el conocimiento y aquiescencia del entonces presidente del Gobierno de España, el señor Rodríguez Zapatero, inició una regulación por razones de competencia desleal del carbón subvencionado y  puso como fecha terminal para la minería la de finales del año 2018 mediante la Decisión(2010/787/UE) de 10 de diciembre de 2010relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.

Ahora, otro gobierno de signo socialista, el que preside el señor Sánchez Pérez-Castejón, remata de forma precipitada, irreflexiva, ansiosa y súbita la minería del carbón y la actividad económica de las comarcas mineras cuando, además, continua siendo imprescindible  la participación del carbón autóctono en el mix energético que el pasado año 2018 supuso nada menos que el 14% del total de la generación eléctrica. De hecho, en este año 2019 España está comprando electricidad procedente de centrales de generación extranjeras, térmica en Marruecos y nucleares en Francia.

Hoy en España nuestras familias, comercios, pymes e industrias pagan uno de los recibos de la luz más caros de toda Europa. Debido a los altos costes energéticos las industrias electrointensivas y sus miles de empleos directos e indirectos están sumidos en la incertidumbre. Las centrales térmicas de generación eléctrica están siendo forzadas a echar el cerrojo arrastrando al desempleo a sus trabajadores y a los de las empresas auxiliares. Igualmente, la logística y el transporte de graneles sólidos -tanto marítimo como por carretera- también se ven muy penalizados. El Gobierno, incluso antes de estar constituido el Consejo de Ministros, comunicó a la Unión Europea un giro copernicano de la política energética española y, nueve meses después, los efectos se están dejando sentir con paulatinos anuncios de cierre de centrales térmicas y anuncios paralelos de creación futura de plantas solares que no serán, ni de lejos, una alternativa a las térmicas porque la potencia de las energías renovables no está disponible siempre que se necesita y la de las térmicas de carbón, sí con lo que eso supone de garantía de seguridad del suministro eléctrico. La aportación de las fuentes de energías renovables dependen de factores climáticos que disminuyen drásticamente su disponibilidad y la reducen a 2.000 horas/año. En las puntas de la demanda de electricidad, al coincidir todos los consumos, cobra importancia la potencia firme que aportan las centrales termoeléctricas -carbón, gas y nuclear- frente a la potencia renovable que no siempre está disponible.

El camino a seguir en el marco de una transición energética gradual –se recalca lo de “gradual”- para dar cumplimiento a los Acuerdos de París pasa por estimular las inversiones para reducir las emisiones contaminantes y, en consecuencia, la de los gases de efecto invernadero que, además, permitan el mantenimiento y el fortalecimiento de nuestro importantísimo sector industrial que proporciona decenas de miles de puestos de trabajo estables y cualificados, tanto en las empresas titulares como en las empresas auxiliares, y que son principal eje económico de grandes áreas de población, evitando la desertificación y el desempleo a la que el Gobierno aboca con medidas como las que se contienen en este Proyecto de Ley para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras.

Por todo lo expuesto y, además, en coherencia con la posición política que FORO y sus representantes mantienen en las Instituciones democráticas (Cortes Generales, Junta General del Principado y Ayuntamientos), así como con los irrenunciables compromisos adquiridos públicamente junto con partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales  en Defensa de la Minería del carbón y de las Comarcas Mineras, Isidro Martínez Oblanca, diputado de FORO integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, presenta esta ENMIENDA DE TOTALIDAD AL PROYECTO DE LEY de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras (procedente del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre).

Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2019