FORO Asturias - Oblanca: “La parsimonia del Gobierno en materia de tratamiento de aguas residuales arrastra a España a otra sanción multimillonaria de la UE”

Publicada por Pressy el 05/03/2020 12:35:01

Oblanca: “La parsimonia del Gobierno en materia de tratamiento de aguas residuales arrastra a España a otra sanción multimillonaria de la UE”

“El plazo de la Comisión Europea para la construcción y mejora de depuradoras de aguas que afecta a 113 aglomeraciones urbanas españolas (15 de ellas asturianas) finaliza el próximo mes de abril”

“Llevamos varios años perdidos, las depuradoras siguen sin funcionar y la cuantiosa multa europea continúa aumentando ostensiblemente y suma del orden de 30 millones de euros desde 2018”

En relación con Asturias, que tiene aún pendiente de resolver el caso de la depuradora de Gijón este, y que añade ahora otras 15 aglomeraciones urbanas con problemas de tratamiento de aguas residuales, ¿qué medidas tiene previsto ejecutar el Gobierno?

“¿Cómo resolverá el gobierno de forma urgente que 113 aglomeraciones urbanas españolas puedan cumplir lo antes posible las directivas comunitarias en materia de tratamiento y depuración de aguas residuales?”

El diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, dirigió varias preguntas escritas al Gobierno en relación con el tratamiento de aguas residuales y sus posibles repercusiones medioambientales y económicas. “La parsimonia del Gobierno en materia de tratamiento de aguas residuales arrastra a España a otra sanción multimillonaria de la UE”, afirmó Oblanca que añadió que “el plazo de la Comisión Europea para la construcción y mejora de depuradoras de aguas que afecta a 113 aglomeraciones urbanas españolas (15 de ellas asturianas) finaliza el próximo mes de abril”.

“En relación con Asturias, que tiene aún pendiente de resolver el caso de la depuradora de Gijón este, y que añade ahora otras 15 aglomeraciones urbanas con problemas de tratamiento de aguas residuales, ¿qué medidas tiene previsto ejecutar el Gobierno?”. Oblanca se refería así a los problemas de depuración de aguas residuales que existen en quince aglomeraciones urbanas, además del controvertido caso de la depuradora de Gijón este, y que añade ahora La Reguerona (Gijón Oeste), Maqua (Avilés), Las Arenas (Arenas de Cabrales), Sella-Piloña, Figueras-Castropol, Frieres (Langreo), Caso, Sobrescobio, Villaviciosa, Alfilorios (Morcín), Luarca (Valdés), Villabona (Llanera), Navia y Las Caldas.

Oblanca subrayó que “llevamos varios años perdidos, las depuradoras siguen sin funcionar y la cuantiosa multa europea continúa aumentando ostensiblemente y suma del orden de 30 millones de euros desde 2018… y ahora la ministra Ribera anuncia un nuevo plan”. “¿Cómo resolverá el gobierno de forma urgente que 113 aglomeraciones urbanas españolas puedan cumplir lo antes posible las directivas comunitarias en materia de tratamiento y depuración de aguas residuales?”, concluyó.

Iniciativa parlamentaria (preguntas escritas) registrada por el Diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, dirigida al Gobierno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico anunció en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados la puesta en marcha, a lo largo de 2020 del Plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización (DSEAR) y sus actuaciones junto con los criterios generales, económicos, sociales y ambientales. Según afirmó la señora Ribera ante la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la finalidad del plan DSEAR es la de garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua, aportando transparencia a los escenarios de gestión, prestando especial atención al aprovechamiento del potencial tratamiento de las aguas residuales, e impulsando medidas como la reutilización de aguas depuradas o el aprovechamiento de los lodos de depuradora.

Los tiempos para la puesta en marcha del referido plan DSEAR, así como su posterior desarrollo, del que se desconocen estimaciones de inversión y de calendario, contrastan con la gran urgencia derivada de los incumplimientos de España en materia de tratamiento de aguas residuales fijados en la Directiva Marco del Agua. De hecho, la Comisión Europea ha dado recientemente a España un plazo que finaliza el próximo mes de abril para que acelere la construcción y mejora de depuradoras de aguas residuales que afecta a 113 aglomeraciones urbanas españolas (la mayoría entre 2.000 y 15.000 habitantes), de ellas 15 asturianas. Pasado este plazo Bruselas llevará a España -una vez más- ante los tribunales de la Unión Europea por graves incumplimientos medioambientales, exigiendo la imposición de una multa millonaria que se sumaría a la que el 25 de julio de 2018 impuso por incumplimientos similares en otra serie de aglomeraciones urbanas que ya ha costado del orden de 33 millones de euros (a razón de 12 millones de euros semestrales) y continúa vigente toda vez que apenas se ha resuelto el problema que afectaba a nueve poblaciones, entre ellas Gijón (Asturias).

La nueva denuncia por incumplimientos medioambientales con la que ahora amenaza la Unión Europea ratifica la parsimonia con la que el Gobierno se ha tomado el asunto pese a sus elevadísimos costes medioambientales y económicos. Durante 2019, nada impidió la adopción de medidas para atajar las palmarias carencias que tenemos en España en materia de tratamiento de aguas y ahora el Gobierno se remite a un nuevo plan del que no hay avance alguno salvo el anuncio de ponerlo en marcha durante 2020. Total: dos años perdidos, las depuradoras sin funcionar y la cuantiosa multa europea aumentando ostensiblemente.

Por lo expuesto, el diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, formula al Gobierno las siguientes preguntas para las que desea obtener respuesta escrita:

1.- ¿Qué medidas urgentes piensa adoptar el gobierno para que 113 aglomeraciones urbanas españolas puedan cumplir en el menor tiempo posible las directivas comunitarias en materia de tratamiento y depuración de aguas residuales, evitando a España otra costosa sanción medioambiental?

2.- Sin contar que en 2011 el tribunal de la Unión Europea ya condenó a España por verter aguas residuales sin depurar, ¿cuánto totaliza, a fecha actualizada, la sanción impuesta a España en Julio de 2018 por incumplimientos medioambientales que afectaban a nueve aglomeraciones urbanas? ¿Cuántas de estas nueve aglomeraciones urbanas han solucionado los problemas de depuración de sus aguas residuales conforme a la Directiva Marco del Agua?

3.- En relación con Asturias, que tiene aún pendiente de resolver el caso de la depuradora de Gijón este, y que añade ahora La Reguerona (Gijón Oeste), Maqua (Avilés), Las Arenas (Arenas de Cabrales), Sella-Piloña, Castropol, Frieres (Langreo), Luarca (Valdés), Villabona (Llanera), Nora-Noreña, Villaviciosa, El Franco y Tapia de Casariego, entre otras localidades, ¿qué medidas tiene previsto ejecutar el Gobierno para dar cumplimiento en las referidas poblaciones a las directivas europeas y resolver las grandes y graves carencias en materia de depuración de aguas residuales?

4.- Ante el inminente cierre del periodo de alegaciones a las exigencias medioambientales de la Comisión Europea, ¿cuál será la respuesta del Gobierno para tratar de evitar las importantes sanciones que se puedan derivar del incumplimiento de las directivas europeas y, singularmente, la Directiva Marco del Agua (vigente desde 1991, con plazo de aplicación que finalizaba en 2000)? 

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