El portavoz de la formación morada recuerda que la ponencia de la proposición de ley tuvo su origen en una propuesta de Ciudadanos «y nuestro grupo avaló su toma en consideración. La ponencia da casi un carpetazo a los trabajos que se desarrollaron en los últimos meses, paralizados también en gran parte por la burocracia parlamentaria». Deja claro que el balance del texto final que se presenta «no es satisfactorio. El proyecto inicial del grupo proponente ha sido amputado en la tramitación parlamentaria de manera significativa, porque el nuevo texto, que pasa de los 26 artículos iniciales a diez, no amplía ni mejora las competencias y los recursos de la Inspección General de Servicios, la mantiene en una posición subalterna respecto a las consejerías, en la medida en que le sigue sustrayendo la posibilidad de abrir expedientes disciplinarios, y tampoco reconoce expresamente la posibilidad de admitir denuncias anónimas».

Enrique López apunta que «un aspecto fundamental, que era el nombramiento tanto de la inspectora o inspector jefe como de las inspectoras de servicios, se mantiene en un nivel parecido a lo que había anteriormente. A la inspectora jefa se le aumenta el rango administrativo, pasa a tener la categoría de directora general, pero se sigue con la libre designación por parte del Gobierno, con lo cual quien tiene que inspeccionar los servicios de la Administración que depende del Gobierno es una persona nombrada directamente por el Gobierno». Advierte de que «hay prisa por sacar adelante esta proposición de ley, y posiblemente ello se debe a que en unos días se conocerá una nueva sentencia del TSJA que obliga a que todos los puestos de libre designación salgan a concurso público, incluido el del actual inspector de Servicios, destituido recientemente, por cierto. Con la elevación del rango de esta proposición de ley se ofrece un blindaje».

En cuanto al resto de inspectoras e inspectores, el portavoz parlamentario manifiesta que «se abre la posibilidad de que estos puestos sean ocupados por funcionarias y funcionarios de otras administraciones, lo cual en teoría, según lo que establece la legislación asturiana, debería ser una situación que se produzca en casos excepcionales, cuando no haya suficientes personas con la cualificación necesaria en la Administración asturiana».