Publicada por Redacción Búscolu el 19/11/2020 23:42:25

La Consejería de Derechos Sociales concederá la autorización de funcionamiento de estos centros, que podrán obtener también la acreditación para integrarse en el sistema de la dependencia

El Gobierno de Asturias ha sido pionero en regular las viviendas colaborativas como recursos asistenciales para personas mayores. Estos alojamientos se basan en una fórmula de convivencia (cohousing senior) en la que los vecinos practican la autogestión de sus domicilios y comparten espacios comunes.

El desarrollo de la normativa en el Principado ha favorecido también el encaje de estos alojamientos en el marco de la Ley de Dependencia. “Se trata de equipamientos de servicios sociales y no de meras viviendas y la Administración pública tiene clara la necesidad de garantizar la salud y seguridad de las personas dependientes, por lo que se han establecido los requisitos específicos, adaptados a su especial naturaleza, para que obtengan autorización de funcionamiento como tales”, ha explicado la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez.

Álvarez ha participado hoy el Congreso de Cohousing Senior, organizado por la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, en el que se han analizado los beneficios de estos equipamientos. Las viviendas colaborativas permiten a las personas mayores darse apoyo mutuo de forma voluntaria y deben contar con espacios privados libres de barreras arquitectónicas, dormitorios individuales o dobles, baño, salón, cocina, trastero y otros espacios comunes, también sin barreras: comedor, recepción o entrada, aseos o baños, salas polivalentes, jardín o zona exterior, zona de aparcamiento y áreas para la atención especial donde se puedan ofrecer cuidados a quienes los necesiten.

La normativa autonómica establece que en cada alojamiento se nombrará una persona responsable, con titulación universitaria y formación específica adaptada a los servicios que preste.

Además, cada centro dispondrá de un reglamento interno que será visado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. “Las personas en situación de dependencia formalmente reconocida que vivan en este recurso y que necesiten cuidados diarios deberán contar con un plan individual de atención que describirá las medidas y apoyos previstos para garantizar una atención integral”, ha agregado la directora general.

Este modelo de atención, que se alinea con la estrategia del Principado para adecuar los espacios residenciales a las necesidades personales, incluye un plan general de intervención en el que se recoge la planificación de aspectos como la limpieza, el servicio de comedor, las actividades colaborativas de los residentes, las actividades dentro y fuera del centro y la organización del sistema de cuidados. De esta forma, el modelo de vivienda compartida tendrá espacios para residentes autónomos y para aquellos que tengan algún nivel de dependencia.

Álvarez ha indicado que esta alternativa constituye un recurso “vivo” que va cambiando a medida que surgen situaciones de dependencia y respeta la voluntad de las personas en cada momento. Esto permite que, en una fase inicial, prime la idea de apoyo a los mayores en la vivienda y, en otra posterior, aumenten los servicios profesionalizados hasta cumplir con las ratios fijadas para los centros de atención residencial. “De este manera, los alojamientos pueden llegar a obtener la acreditación oportuna para ser considerados servicios residenciales y los socios con dependencia podrán recibir una prestación económica vinculada al servicio”, ha añadido.