Cultura pone en marcha un grupo de trabajo para frenar el impacto del uso de detectores de metales sobre el patrimonio arqueológico

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo ha puesto en marcha un grupo de trabajo para abordar la problemática que causa el uso, cada vez más frecuente, de detectores de metales sobre el patrimonio arqueológico. Tras detectar un incremento relevante de los casos de particulares utilizan este tipo de herramientas para rastrear restos sin tomar precauciones que eviten daños en yacimientos con valor arqueológico, la Dirección General de Patrimonio ha constituido una comisión para tratar de atajar posibles perjuicios.

El director general de Cultura y Patrimonio, Pablo León, ha presidido hoy la primera reunión del grupo de trabajo, del que forman parte el jefe del Servicio de Patrimonio Cultural, la directora del Museo Arqueológico de Asturias, dos arqueólogos de este equipamiento cultural, una historiadora del servicio de Patrimonio Cultural, un representante de la Guardia Civil, otro de la Policía Nacional y la jefa de sección de Gestión Arqueológica de la consejería.

En el primer encuentro se ha acordado elaborar un protocolo que establezca las directrices para un correcto uso de los detectores de metales. “Creemos que puede ser una herramienta valiosa para que las personas que así lo deseen los utilicen sin comprometer el patrimonio arqueológico”, ha explicado Pablo León.

Además, tras analizar los mecanismos legales y las pautas de actuación que se siguen en otras comunidades, la consejería estudiará algunas modificaciones en el reglamento de la Ley de Patrimonio con el fin de actualizar la norma y adaptarla a la nueva situación.

El objetivo prioritario de la comisión es analizar el fenómeno actual del empleo de detectores de metales y su incidencia sobre el patrimonio arqueológico. En los últimos tiempos se ha constatado un considerable aumento de los hallazgos de bienes arqueológicos de todo tipo como consecuencia del empleo de estos detectores y resulta preocupante que su uso pueda provocar daños en yacimientos arqueológicos y el expolio de bienes culturales.

Por ello, la Dirección General de Patrimonio plantea que el grupo de trabajo profundice en la situación legal de la utilización de estos instrumentos, así como en las prácticas que mantienen los diferentes organismos que intervienen en el proceso. De este modo, se aspira a articular protocolos coordinados y evaluar los cambios necesarios en el procedimiento y en la normativa para atajar el problema.