Los socialistas, según ha anunciado Antonio Trevín, "pedimos al Gobierno que retire" el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana. Una norma que ha recibido las críticas del diputado nacional del PSOE porque "significa la vuelta a concepciones anteriores y parece que la calle vuelva a ser más de Ministerio del Interior que de la ciudadanía". "La calle no es del ministro, debe recordarlo pese a que aprendió esa lección, que es equivocada, en otra época", ha advertido el parlamentario asturiano.

Respecto a la llamada ley mordaza, que Trevín considera "lógico que la gente la denomine así", el diputado socialista ha advertido que, cuando entre en vigor, se podrá sancionar a los manifestantes que acudan a protestas organizadas en Asturias "cuando no sean comunicadas a Delegación de Gobierno, cosa que en Asturias sucede en la mitad de las concentraciones que se celebran", lo que acarrearía multas de entre 100 y 600 euros para los participantes en esa manifestación que sean identificados.

En su rechazo a una ley que "va a recortar, por primera vez en la democracia, el derecho de huelga", el diputado socialista señala que "no hay datos que corroboren" un exceso de conductas extralimitadas en el ejercicio del derecho ciudadano de reunión y manifestación "ya que, en las más de 25.000 manifestaciones celebradas en 2013, la fuerza pública sólo actuó en menos de 1 por mil de esas protestas".

"Con la excusa de la seguridad, el Gobierno quiere recortar derechos civiles y políticos", señala Trevín sobre una ley que "convierte al ciudadano que protesta en ciudadano bajo sospecha". Un proyecto de ley, además, que considera "desproporcionada" porque las actuaciones policiales "afectarán a la libertad individual de las personas, a la circulación y permanencia en vías y lugares públicos y que establecerá zonas de seguridad".

Asimismo, Trevín critica "una ley desmesurada porque agrava las cuantías y los plazos de prescripción de las sanciones". En concreto, alerta de que la ley mordaza "se hace para castigar más", con sanciones, por ejemplo, de entre 600 y 30.000 euros en protestas de plataformas de activistas como Femen o en concentraciones de rechazo y para evitar un desahucio.

Trevín señala también que, dado que "el 82% de la ciudadanía rechaza esa ley, el mismo porcentaje que se oponía a la intervención de España en Irak", "el PSOE pide que el Gobierno del PP retire la ley y siga el ejemplo de la reforma del aborto".

En su estrategia contra la Ley de Seguridad Ciudadana, ha avanzado que "los socialistas combatiremos hasta el final esta ley" buscando un frente con otros partidos para "lograr una mayoría parlamentaria amplia para derogarla". Si finalmente la ley entra en vigor, en un plazo que Trevín fija en el primer trimestre de 2015, "los socialistas no renunciamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad".