La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha iniciado ya la revisión de los 3.385 expedientes de liquidación de deuda que el Gobierno asturiano pretende revisar en cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad en la Junta General del Principado de Asturias. Para ello, el organismo Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) ha creado un grupo especial de trabajo de seis personas, que llegarán a ser ocho a finales de este mes.

El objetivo es revisar los expedientes de aquellas personas que tenían reconocido el grado de dependencia y fallecieron antes de la entrada en vigor del decreto de copago en 2011, que no tuvo carácter retroactivo, y por tanto, no se les pudo aplicar el beneficio que suponía tener reconocida la ley de la dependencia.

También se quieren analizar los expedientes de aquellas personas que, siendo ya dependientes, a partir de 2011 no se acogieron al sistema de copago y optaron por continuar pagando de acuerdo con lo establecido en lo comúnmente conocido por el “contrato de hospedaje”. El fin de esta revisión extraordinaria es aplicar la opción más ventajosa a cada usuario.

Las revisiones que se están estudiando se refieren a los siguientes casos:

1.287 personas que teniendo reconocida la dependencia tras la entrada en vigor de la ley, en 2007, fallecieron antes de la entrada en vigor del decreto de copago de dependencia, el 1 de enero de 2011 (Decreto 144/2010, de 24 de noviembre, por el que se establecen los precios públicos correspondientes a determinados servicios especializados). Estado actual de las liquidaciones:

    Pagados vía voluntaria: 345     Pagados en vía ejecutiva: 114     En proceso de pasar a ejecutiva: 828     Prescritas:517

    La administración optó por esta modalidad para 1.112 personas (829 fallecidas y 283 vivas.)     986 usuarios optaron ellos mismos por el contrato de hospedaje (604 fallecidas y 302 vivas).

Asimismo, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, junto a la Consejería de Hacienda y Sector Público, la Intervención General y los servicios jurídicos del Principado, está realizando una auditoría sobre el procedimiento seguido para la realización de las liquidaciones de los servicios del ERA, conforme a la normativa aplicable en cada momento; y sobre la legalidad del cálculo de esas liquidaciones y su adecuación al principio de aplicación del régimen más beneficioso para las personas usuarias.

Estos datos han sido facilitados hoy por la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Servicios y Derechos Sociales de la Junta General del Principado para informar sobre el cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad el 4 de marzo sobre las liquidaciones de deudas de usuarios del ERA.

En su intervención, Varela ha asegurado que su departamento “está cumpliendo la orientación al Gobierno” recogida en la moción y ha destacado la necesidad de contar con el tiempo necesario “para enfocar el problema y las soluciones con garantías jurídicas ciertas, ya que se trata de preservar la igualdad de trato a todas las personas”.

Durante este mes, Servicios Sociales ha suspendido también el envío de todas las liquidaciones afectadas por el procedimiento extraordinario de revisión previsto. Aquí se incluyen tanto las reclamaciones iniciadas en vía voluntaria (giradas por el ERA) como las que ya habían pasado a vía ejecutiva, (devueltas por el Ente de Servicios Tributarios tras la solicitud realizad por parte de la Consejería).

Sobre el mandato de la moción referido a la necesidad de agilizar la incorporación al sistema de dependencia de todos los residentes del ERA que reúnan los requisitos para ello, la consejería estudia la posibilidad de habilitar un procedimiento especial de valoración.