El año pasado, durante la campaña electoral europea, el por entonces candidato de EQUO Florent Marcellesi visitó Asturias. Entre otras acciones, se reunió con asociaciones de Mieres y Campomanes para conocer de primera mano la situación que viven en estas poblaciones por el ruido que genera la A66.

El resultado de esta visita fue una pregunta a la Comisión Europea por parte del Grupo Verde Europeo en el que EQUO está integrado desde esas elecciones de mayo de 2014.

Ahora, la Comisión reconoce la obligatoriedad de que el Gobierno Español presente un plan de acción con medidas preventivas a este tipo de situaciones. Dado que dicho plan no se ha presentado, la Comisión investigará los datos sobre exposición al ruido y la ausencia de dicho plan de acción.

EQUO Caudal y Nalón se alegra de que el trabajo de nuestro representante en el Parlamento Europea dé sus frutos, pero considera inadmisible que haya que recurrir permanentemente a Europa para que el Gobierno Español cumpla la ley. Por eso le pide que actúe cuanto antes y no espere a que le saquen los colores desde Europa.

El texto completo de la respuesta es el siguiente:

La Directiva 2002/49/CE[1], sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, prevé la elaboración de mapas de ruido y la preparación de planes de acción para aglomeraciones, grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y aeropuertos, así como en relación con el ruido producido en emplazamientos de actividades industriales. La Directiva no establece valores límite ni valores objetivo, ni prescribe las medidas que tienen que figurar en los planes de acción. Corresponde a los Estados miembros fijar las medidas de prevención o limitación del ruido que consideren útiles o necesarias.

Las autoridades españolas han presentado información sobre la exposición al ruido en la autopista A-66 respecto al año 2011 (año de referencia), como exige la Directiva, pero aún no han notificado el correspondiente plan de acción para la gestión del ruido en las carreteras asturianas pertinentes.

La Comisión investigará con las autoridades españoles la integridad de los datos de exposición al ruido y la ausencia de plan de acción.