El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ha animado hoy a todos los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado a sumarse a un gran pacto social que garantice el cumplimiento de la Ley de Drogas. “Un pacto social --ha dicho-- que parta del apoyo de esta ley por los grupos políticos con representación en esta Cámara. Un pacto que trascienda del ámbito estrictamente parlamentario, en el que se impliquen activamente todos aquellos agentes que en la sociedad civil tienen algo que decir”.

Blanco ha  defendido esta tarde en el Parlamento asturiano el anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Atención Integral en Materia de Drogas porque es una norma que pretende “reducir los riesgos y daños causados por las drogas a través de medidas de prevención y de promoción de la salud”. La ley, ha añadido, prevé “la atención integral a los consumidores” mediante una oferta de calidad centrada en sus necesidades. También contempla “la búsqueda de la incorporación efectiva a la sociedad de las personas afectadas”.

“Estamos ante un proyecto de ley ambicioso --ha añadido--, que busca regular con rigor una realidad social tan compleja como la de la drogodependencia, que debe tener un enfoque basado en las condiciones sociales, ambientales y culturales en las que este fenómeno ocurre y perseguir la reducción del daño, la rehabilitación y la reinserción de los enfermos. Creemos en esta ley porque creemos firmemente en la importancia de abordar esta materia desde una perspectiva que integre todos los aspectos, más allá de los meramente sancionadores”.

En materia de alcohol, regula su venta, publicidad, consumo y promoción, en especial por sus efectos sobre los jóvenes,  para quienes la edad legal de consumo pasa de los  16 a los 18 años, límite vigente en el resto de España. Quedan fuera del anteproyecto actos privados como las bodas u otro tipo de celebraciones.

Respecto al tabaco, el anteproyecto remite a las limitaciones a la venta, consumo, publicidad y promoción establecidas en la Ley estatal de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de la Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad. A ello se añade la prohibición de fumar en las marquesinas cubiertas con paramentos que sean lugares de espera del transporte, así como en los espacios con cubierta y profundidad superior a un metro, originados por el retranqueo o avance sobre fachadas de centros, establecimientos o lugares en los que, así mismo, no se pueda fumar.

En relación con las medidas estatales incluidas en la reciente Ley de Consumidores que prohíbe la utilización de cigarrillos electrónicos en centros docentes y sanitarios, en edificios de la Administración, transporte público y parques infantiles, así como su publicidad en horario infantil, el consejero considera que e trata de una regulación necesaria pero no suficiente porque, “una vez que se están constatando científicamente los efectos adversos para la salud del consumo de este producto, tiene que equipararse con el resto de productos derivados del tabaco, sin excepciones”.

En el apartado de infracciones y régimen sancionador, la norma se rige por una clara vocación reeducadora y promotora de salud y por el carácter correctivo de las sanciones por conductas inapropiadas de los menores, siempre informadas a los padres o tutores. Por el contrario, en función de la gravedad y cuando se trata de adultos, se establecen multas y hasta el cierre temporal, total o parcial de los establecimientos infractores en la venta, la publicidad o inducción al uso inadecuado de drogas.

El documento   que se está tramitando en la Cámara ha sido elaborado con las aportaciones de un equipo multidisciplinar integrado por más de medio centenar de expertos de diversos colectivos.