Los Picos de Europa no quieren las opiniones de los ecologistas

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Los Picos de Europa no quieren las opiniones de los ecologistas

Publicada por Redacción Búscolu el 11/02/2015 00:29:20

Las asociaciones ecologistas hemos recibido escrito de la Dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa en la que se nos informa que ninguna de las alegaciones presentadas por los grupos ambientales fueron atendidas en el tramite de la ZEC

Esta contestación a las alegaciones formuladas al borrador del instrumento de gestión que regulará la Zona de Especial Protección en dicho espacio protegido y que adolece de la misma indiferencia y el mismo desprecio que los precedentes escritos emitidos por la Consejería con respecto a los Instrumentos de Gestión Integrada de los espacios naturales a los que se alego a todos con igual resultado, al no estimar ninguna de las alegaciones remitidas, haciendo caso omiso a los problemas ambientales advertidos cuya solución se propone cabalmente para ser acometida vigorizando los recursos administrativos existentes.

Los grupos ecologistas denunciamos el reiterado incumplimiento de los preceptos de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente por los órganos gestores del Principado de Asturias, lo que ha generado que se hayan presentado varias denuncias contra este desprecio del Principado a los derechos que tenemos la participación y la información.

La actitud de desprecio y soberbia de los órganos gestores hacia los argumentos ecologistas ha deparado en el abandono de los representantes de este importante sector de la población de varias mesas, comités y órganos consultivos legalmente establecidos en el cumplimiento de la ley, solo nos tienen de comparsas.

El concurso en la gestión de los recursos naturales de las asociaciones ecologistas viene no solo determinado, sino impuesto por le Ley 27/2006 de participación pública, que transpone a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas europeas que repararon en esta necesaria intervención social, para que deje de ser costumbre inveterada el fraude y la mala gestión y se fomente la participación directa y equitativa en la gestión del medio ambiente, y así la referida ley pondera las aptitudes y esfuerzos de las organizaciones conservacionistas en la obra de cooperación. Sin embargo, como en muchos otros ámbitos ocurre, el derecho a la participación pública, que es de interés general, se viene sacrificando al interés personal de los órganos gestores, que no ponen oídos más que a su propia ambición política.

Este desprecio a las aportaciones y sugerencias de los ecologistas, todas ellas desoídas, malbarata los valores que recoge la ley vulnerada y es la causa de la judicialización de la gestión medioambiental, que no cuenta con el asentimiento general.   

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