FORO Asturias - Oblanca: “Rajoy ha desperdiciado una oportunidad irrepetible para propiciar el saneamiento de las administraciones públicas y despejarlas de tantísimo tejido adiposo, sobrante, carísimo y nocivo para la economía española”

“El Gobierno rubrica la renuncia a pegar el escobazo a la multitud de chiringuitos y demás sucedáneos, parásitos de los recursos públicos que han proliferado a lo largo de la última década por toda la geografía administrativa española”

“Asombra, aunque ya no sorprende, que quienes desde la oposición esgrimieron bandera de combate contra el inaceptable derroche del coste de nuestras administraciones hoy hagan renuncia de aquella lucha”

El senador de FORO, Isidro Martínez Oblanca, intervino ante el Pleno del Senado para rechazar el Proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. Oblanca sumó su veto a otras siete enmiendas a la totalidad formuladas por los Grupos parlamentarios de la oposición. Todas fueron rechazadas por la mayoría absoluta que el Partido Popular tiene en la Cámara Alta.

En su intervención, Oblanca resaltó que “el último trámite parlamentario de este proyecto de ley culmina un fracaso del Gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular para llevar a término una de las reformas de mayor complejidad pero también de mayor necesidad para España”.

“Hemos consumido abundantemente la mitad de la X legislatura, estamos enfilando el periodo preelectoral de las elecciones locales y autonómicas y el Gobierno nos aporta una iniciativa legislativa que en la práctica rubrica la renuncia a pegar el escobazo a la multitud de chiringuitos y demás sucedáneos, parásitos de los recursos públicos que han proliferado a lo largo de la última década por toda la geografía administrativa española” señaló Oblanca para quien “asombra, aunque ya no sorprende, que quienes desde la oposición esgrimieron bandera de combate contra el inaceptable derroche del coste de nuestras administraciones hoy hagan renuncia de aquella lucha”.

Resto de la intervención del senador de FORO:

 Entonces se alarmaban, muy razonablemente, por el aumento del coste de nuestras administraciones, que en el periodo comprendido entre 2005 y 2011 se disparó desde el 38,4% del PIB hasta el 45,2%, pero ahora no entran en el fondo del problema y avalan una ley de efecto blandiblú producto de una especie de faena normativa de aliño con la que aspiran a superar un trámite que no responde ni de lejos a lo que el PP reclamaba durante aquellos años y la sociedad española exige de forma inexcusable. Basta ver las secuelas económicas derivadas de una crisis devastadora, absolutamente incompatible con organismos públicos innecesarios, duplicados, a veces hasta triplicados y con frecuencia opacos, hasta el punto de burlar los controles democráticos más elementales. Más de dos años y medio hemos esperado para esto que el Gobierno titula como racionalización y que resulta una renuncia a la búsqueda de consenso por parte de un partido que gobierna con mayoría absoluta la Administración del Estado y también en 12 de las 17 comunidades autónomas así como una gran mayoría de los 8000 ayuntamientos y entes locales.

          Como presidente, Rajoy ha desperdiciado una oportunidad histórica y probablemente irrepetible en mucho tiempo para propiciar el saneamiento de las administraciones y despejarlas de tantísimo tejido adiposo, sobrante, carísimo y nocivo para la economía española. Así las cosas, tras dos años y medio de espera, lo único que se confirma con este proyecto de ley es que el Partido Popular vuelve a desistir de sus propios compromisos electorales. Se han olvidado de ellos pese a que hablamos de la primera página del programa, escrita y firmada por el propio Mariano Rajoy. Hoy el Gobierno da esquinazo al problema y esquiva el fondo del asunto del sobrepeso generalizado en el sector público, teniendo como tiene la enorme ventaja de ser del mismo signo político que muchas de las comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que sin duda hubiese facilitado la interlocución para llevar a término las cosas que se reclamaban con mucho ahínco desde los bancos de la oposición y hacerlo además desde un amplio consenso.

 Esperábamos desde el principio de la legislatura, allá por diciembre de 2011, que el combate contra el sobredimensionamiento del sector público fuese una constante y, de hecho, no tardó muchas semanas el Gobierno en comparecer ante el Senado para anunciar medidas iniciales muy ambiciosas en el corto plazo que acabaron resultando un auténtico bluf. Yo mismo tuve oportunidad de utilizar algunos turnos en las sesiones de control para interesarme por los avances en el adelgazamiento del sector público, porque ya se percibía un giro copernicano respecto a la multitudinaria e hipermediática comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno ante la Comisión Constitucional, en la que fijó en 2381 empresas, 613 fundaciones y 1029 consorcios los entes públicos existentes en España. El resultado final de este proyecto de ley está muy lejos de ayudar al factor de competitividad que deben jugar las diferentes administraciones públicas en el desarrollo de sus ámbitos territoriales.

          Tampoco parece muy claro el devenir legislativo sobre la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, afectada por un sector público sobredimensionado en el que no pocos organismos y entidades se solapan, son perfectamente prescindibles y recargan sobre el bolsillo de los ciudadanos unos costes inasumibles que acaban por repercutir negativamente en el objetivo de crear empleo, la gran necesidad de España y la prioridad absoluta de toda acción política.

          Una vez más hay que reseñar que el Gobierno ha ido a lo cómodo, a lo fácil, sin medir las consecuencias futuras porque en algunas medidas planteadas en este proyecto de ley se detecta un riesgo de invasión competencial y un claro avance de intromisión en la gestión ajena, bajo unas premisas de eficiencia en el gasto, simplificación en el funcionamiento administrativo y eliminación de duplicidades que, paradójicamente, el Gobierno no se aplica a sí mismo.

          Ya lo sospechábamos mientras pasaba, pasaba y pasaba la X Legislatura y se diluía aquella notoria operación de autopropaganda protagonizada por la vicepresidenta del Gobierno, porque sus grandilocuentes anuncios de reducción del sector público, que constan en el Diario de Sesiones, fueron quedando en el olvido y, de hecho, como varias veces se ha censurado desde diferentes grupos parlamentarios, la señora Sáenz de Santamaría se dejó ver muy poco por este salón de plenos, eludió dar explicaciones y cuando al Gobierno no le quedaba otra que responder a la oposición, envió al ministro de Hacienda de presunto apagafuegos; es decir, de bombero pirómano, que es su especialidad, como bien sabemos en Asturias por sus inolvidables intromisiones y amenazas en contra del Gobierno autonómico de FORO.

          Ahora, con este proyecto de ley se reconvierten en auténtica farsa las intervenciones que los portavoces del Partido Popular realizaban desde sus escaños en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Igualmente, se hace trizas el programa electoral, se incumplen los compromisos anunciados por el candidato a la Presidencia en aquel discurso de investidura en el que prometió también bajar los impuestos unas horas antes de aplicarse a subir más de 50 y, como señalé antes, también se incumple lo que enfáticamente se expresó en ambas Cámaras y en no pocos escenarios mediáticos por parte de diferentes miembros del Gobierno, que entonces parecían firmes y decididos para impulsar una reforma de muchísimo mayor fuste.

          ¿Cuándo se produjo el giro copernicano? ¿Cuándo ese cambio profundo entre lo comprometido y lo puesto realmente en marcha? Fue en octubre de 2012, precisamente aquí, en el Palacio del Senado, durante la V Conferencia de Presidentes, que a la vista de los acuerdos realizados por el Gobierno y por los presidentes autonómicos, acabaron transmutando aquellas medidas que eran urgentes, necesarias e inaplazables para aparcar lo del sobrepeso y, dos años después, acabar presentando a las Cortes Generales un texto que no convence a nadie ajeno al Partido Popular, ni a los que pedimos cambios profundos y sustanciales para evitar el costosísimo y monumental descontrol de nuestro sector público ni a quienes ven en la ley un afán centralizador. Solo así se explica esta amplia cosecha de vetos, que reflejan la manifiesta desconfianza hacia un Gobierno que ha quebrado sistemáticamente sus compromisos electorales más importantes; entre ellos, el de convertir a las administraciones en motor del cambio que la sociedad española necesita imperiosamente.

          En esto de los incumplimientos, no quisiera dejar de mencionar el recientísimo anuncio de prolongar en el tiempo el sistema de financiación autonómica, que hablando de administraciones públicas es clave para que los principios constitucionales de solidaridad y equilibrio territorial sean una realidad. ¿Cómo profundizar en objetivos de control, transparencia y responsabilidad administrativa cuando el Gobierno, contrariamente a lo que prometió, mantiene un sistema de financiación injusto y perverso con el que se maltrata a algunas comunidades autónomas ?desde luego al Principado de Asturias? y se las arrastra a la desigualdad? ¿Cómo aceptar sin rechistar que el sistema continúe vigente, pese a que el hoy ministro de Hacienda y Administraciones Públicas lo rechazó en su momento calificándolo entonces de ejercicio de petulancia y de prepotencia rayano en el delirio, a la par que se comprometió a reemplazarlo por cojo, desasistido, empobrecido, insolidario y antisocial? Pues bien, ahí siguen, el sistema y el ministro, a dúo.

          Esto es lo que define al Gobierno y que se remacha con este proyecto de ley: los clamorosos incumplimientos a costa de no afrontar las grandes necesidades del conjunto de españoles y de las diferentes administraciones que les deben garantizar la calidad de las prestaciones esenciales, unos servicios modernos y un mucho mejor futuro.

          Este proyecto de ley resulta decepcionante porque es otro aderezamiento normativo para tratar de hacer ver que el Gobierno está haciendo cosas sustanciales que en la práctica no van a suponer avances significativos en la lucha política contra el costosísimo sobrepeso del sector público. De hecho, no existe una cuantificación de los recursos económicos que los españoles nos vamos a ahorrar con las supresiones que se fijan en este proyecto. Hubiera sido de gran utilidad hacer un cálculo preciso de lo que supone la aplicación de esta ley en términos contantes y sonantes, un dato clave que se elude porque en la práctica corre el riesgo de alejarse muchísimo de las estimaciones que se barajaron inicialmente y que ascendían a unos ocho mil millones de euros. Desconocemos la evaluación económica que supondrá la aplicación de esta ley porque una vez más se relega la búsqueda de un imprescindible control en el gasto público mientras se acomoda con leyes pirotécnicas la escalada recaudatoria basada en sangrar a los ciudadanos con mayor fiscalidad, directa e indirecta, y la imposición de tasas a saco, aunque de ello se derivase dificultar e incluso privar a los ciudadanos de servicios clave.

          Este proyecto entra de lleno en el capítulo de las leyes decorativas, porque es más que dudosa la eficacia de unas medidas que no resuelven ni afrontan el fondo del galimatías tremebundo y costosísimo de entidades sostenidas con dinero público. En España, tras esta ley, persistirá el lamentable récord de observatorios de cualquier cosa y centros de interpretación de lo inútil. También seguiremos contando con el mayor número de museos de la nada. Es más, continuaremos consultando el inventario oficial de entes públicos estatales, Invespe, para confirmar que el mismo Gobierno que iba a recortar, según sus propias afirmaciones, en un primer paso la quinta parte del sector público, tiene bajo su competencia a fecha de hoy 414 entes, solo 33 menos que a la llegada del Gobierno de Rajoy, apenas el 8% de recorte. ¿Dónde está aquel 20% que iba a suprimir el Gobierno según el propio anuncio de su vicepresidenta ante la Comisión Constitucional de esta Cámara en febrero de 2012? Es la misma vicepresidenta que siendo como es ministra de la Presidencia, se ufanó en su segunda comparecencia del pasado 4 de noviembre de los resultados de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas, CORA, pero tiene aún adscrito ante sus competencias el consorcio programa de preparación de los deportistas españoles de los juegos olímpicos, aclaro, de los juegos olímpicos de Londres 2012. Ya se creó el consorcio para los juegos de Río de Janeiro de 2016, pero nuestro Gobierno mantiene vivo y coleando el de 2012, en una muestra simple pero reveladora de la parsimonia del Gobierno para resolver sus propias duplicidades y entes inútiles o caducados.

          La limpieza de entes vacíos debería estar consumada desde hace un par de años, y la que el Gobierno plantea ahora mediante este proyecto legislativo es timorata con lo propio y arrogante para con los demás, como prueba esta cosecha de propuestas de veto que augura los votos negativos de la oposición y la alarma de no pocos ayuntamientos, que volverán a ser los sufridores finales de la falta de claridad en el redimensionamiento del sector público. Los paganos finales serán los ciudadanos, que continuarán abonando las facturas derivadas de tanto organismo y ente prescindible, a la par que notarán los efectos del desconcierto derivado de este proyecto en la liquidación de otros entes que sí son necesarios.

          Señor presidente, con este fiasco que lleva por título Proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, el Gobierno de Rajoy, renunciando a su propio programa y a sus compromisos ante las Cortes, ha malogrado la gran ocasión de poner orden, concierto y sentido común en el farragoso panorama del sector público heredado del Gobierno de Rodríguez Zapatero, un panorama que por costosísimo continuará siendo en el conjunto de las administraciones públicas una de las grandes asignaturas políticas pendientes de España, tan necesitada de corregir toda la sobrecarga administrativa innecesaria y eliminar las rémoras de entidades absurdas en la España del siglo XXI.

          Como somos de los que creemos en la Administración Pública, entendiéndola como una institución que sirve con objetividad a los intereses generales, lamentamos constatar la deriva del Gobierno, que culmina con esta ley. Como también creemos en la Constitución y en sus principios sobre una Administración Pública eficaz, con jerarquía, descentralizada, desconcentrada y coordinada, rechazamos dar nuestro apoyo a esta mala ley que los desdeña. El Gobierno ha desdeñado, ha desperdiciado los dos años y medio de mandato, y lo que es peor, una legislatura en condiciones políticas irrepetibles.

          Muchas gracias”.