La Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos dice rechazar de forma rotunda las acusaciones muy graves que se vierten contra la Consejería y los funcionarios en la trama del lobo, refiriéndose a la posición de la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies y a la Asociación de Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, que han asegurado en un comunicado que había denunciado y alertado en varias ocasiones a la Dirección General de Recursos Naturales sobre la existencia de múltiples evidencias de un uso fraudulento de los recursos públicos y que sus responsables hicieron caso omiso de sus alertas.
La Coordinadora Ecoloxista d´Asturies y a la Asociación de Conservación y Estudio del Lobo Ibérico quieren manifestar que:
En la reunión del Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo en Asturias que tuvo lugar el 9 de octubre de 2012, el vocal por las entidades conservacionistas en dicho comité remitió un escrito que consta en el Acta de dicha reunión en la que llamaba la atención sobre la ausencia de “investigaciones abiertas por posibles casos de fraude o abusos, o los casos de doble cobro por compensaciones de daños y seguro”. Además, tal y como consta en el Acta de dicha reunión, una reunión que contaba con presencia de los representantes de la Dirección General y de los sindicatos COAG, UCA-UPA y ASAJA, el mismo vocal explicó que existe “la posibilidad de doble cobro por parte de los afectados, a través del seguro [Agroseguros] y de la indemnización por la responsabilidad patrimonial de la Administración”.
La Coordinadora Ecoloxista d´Asturies remitió escrito, por registro, a la Dirección General de Recursos Naturales en fecha 10 de octubre de 2012, en la que ponía en conocimiento de la Dirección General de Recursos Naturales de que la empresa Agroseguros estaba cubriendo los daños de lobo al tiempo que la Administración asturiana realizaba el pago de los mismos daños, en la que alertaba que tal situación podía estar vulnerando el ordenamiento jurídico vigente, y en la que solicitaba información sobre si el Principado de Asturias tenía activados mecanismos de control sobre las supuestas vulneraciones, y si tenía previsto ejercer el derecho a reclamar la devolución de las cantidades percibidas de forma injusta.
De todo lo anterior hay pruebas documentales en poder de la Consejería que ahora lo niega. Ante la negativa a actuar en el algunos casos (por ejemplo, por parte de la Dirección General durante la reunión del Comité Consultivo el 9 de octubre de 2012), y la falta de respuesta en otros, las entidades conservacionistas presentaron en mayo de 2013 una denuncia que ahora se esta investigando.
Además, en la reunión del Comité Consultivo de 22 de marzo de 2011, el vocal por las entidades conservacionistas en dicho comité remitió un escrito para su inclusión en el Acta de dicha reunión en la que solicitaba, en su punto 4: “Trabajar en estrecha colaboración con la Fiscalía para perseguir el fraude en las solicitudes por daños”.
Por todo lo anterior, la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies y la Asociación de Conservación y Estudio del Lobo Ibérico sostienen que la Consejera de Agrogandería y Recursos Autóctonos no se atiene a la verdad cuando asegura que la Administración del Principado de Asturias no fue alertada por las entidades citadas sobre posibles vulneraciones en los cobros de daños de lobo, cuando lo sabía desde hace mucho tiempo, así como el resto de irregularidades producidas en la trama del lobo.
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