El Gobierno del Principado ha iniciado el trámite de información pública del anteproyecto de la primera Ley de Puertos de Asturias, una norma que busca ordenar de forma integral la gestión de las infraestructuras portuarias y adaptarlas a la realidad actual del litoral.
La propuesta afecta a la red de 24 puertos autonómicos y plantea un cambio de enfoque: pasar de una gestión fragmentada a un sistema coordinado, con herramientas propias de planificación y una visión más estratégica.
Uno de los aspectos clave es el reconocimiento del papel que hoy juegan los puertos más allá de la actividad pesquera. En muchos casos se han convertido en espacios donde conviven usos deportivos, turísticos, comerciales y de ocio, con un impacto directo en la economía local y en la vida de los municipios costeros.
La norma plantea compatibilizar estos usos y reforzar la integración de los puertos en el entorno urbano. En esta línea, se prevé una mayor coordinación con los ayuntamientos para mejorar la ordenación de estos espacios y facilitar su apertura a la ciudadanía.
En el ámbito de la planificación, el texto incorpora instrumentos como el futuro Plan de Puertos del Principado, que marcará prioridades de inversión y definirá el modelo de desarrollo a largo plazo. También se contemplan criterios para adaptar las infraestructuras a los efectos del cambio climático.
La sostenibilidad es otro de los ejes de la ley, con medidas orientadas a la prevención de la contaminación, la gestión de residuos y la evaluación de riesgos ambientales en las instalaciones portuarias.
En paralelo, se refuerzan los aspectos de seguridad, con nuevos planes de emergencia y autoprotección, y se reconoce al personal del Servicio de Puertos como agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
El anteproyecto también introduce cambios en el modelo de prestación de servicios, diferenciando entre servicios gestionados directamente por la administración y otros que podrán desarrollarse en régimen de competencia.
El proceso se encuentra ahora en fase de participación pública. A partir de mañana se abre un plazo de veinte días hábiles para presentar alegaciones, lo que permitirá incorporar aportaciones antes de su aprobación definitiva.
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