FORO Asturias - Landa: “Ya desde el 2013 venimos pidiendo una reforma integral de la Ley de Servicios Sociales. Una reforma global”

“Hoy nos tenemos que conformar con una reforma parcial, a pesar de que han pasado 12 años desde la aprobación de una Ley que se ha quedado obsoleta”

“Finalizamos una legislatura caracterizada por la falta de consenso y diálogo entre la Consejería de Bienestar Social y las entidades del tercer sector”

Intervención de la diputada y portavoz de Bienestar Social de FORO en la Junta General, Esther Landa, en su fijación de posición al Proyecto de Ley del Principado de Asturias de primera modificación de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.

“Me gustaría dejar constancia de tres cuestiones:

Primero sobre la modificación que se propone.

Segundo. Insistiré en nuestro más absoluto rechazo a las formas llevadas por la Consejería a lo largo de su tramitación.

Por último, destacar otros aspectos más allá del cambio normativo que, previsiblemente, aprobaremos.

En primer lugar, y en cuanto a la modificación de la Ley, compartimos en gran medida los argumentos que hoy hemos escuchado y sobre los que, como decía, ya nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones.

Se modifica el art. 44 recogiendo la nueva figura del concierto social y reconociendo la necesidad de establecer condiciones especiales, dadas las especificidades de los servicios sociales. Atendiendo a los principios de atención personalizada e integral, arraigo de la persona en el entorno, elección del usuario, continuidad en la atención y calidad del servicio. En este sentido se podrán establecer como requisitos medidas de discriminación positiva: criterios sociales, de calidad, de experiencia y trayectoria, etc. También se recoge la posibilidad de establecer convenios y se crea el ‘Estatuto propio de colaboración’.  No sabemos bien en qué consistirá este Estatuto, seguramente hubiera quedado aclarado si no nos hubiesen privado del trámite parlamentario ordinario. Como también hubiera quedado aclarada la disposición transitoria en cuanto que dice que hasta que exista normativa de desarrollo, se prorrogarán aquellos conciertos vigentes en la fecha de entrada en vigor de la Ley. Nos hubiera encantado que nos explicaran cuales son esos conciertos.

En cualquier caso no voy a extenderme en este punto porque ya está casi todo dicho. Se recoge esa discriminación positiva hacia las entidades privadas sin ánimo de lucro. Algo que llevamos reclamando a lo largo de toda esta legislatura. Son numerosísimas, no las voy a repetir, las ocasiones en las que se pronunció esta Junta General en este sentido. En realidad íbamos a más, porque ya desde el 2013 venimos pidiendo una reforma integral de la Ley de Servicios Sociales. Una reforma global.

Hoy, lamentablemente, nos tenemos que conformar con una reforma parcial, a pesar de que han pasado 12 años desde la aprobación de la Ley, la norma se ha quedado obsoleta y precisa de una adaptación a la normativa posterior. Pero, insisto, no pretendo extenderme con este asunto.

Solo apuntar que, si bien compartimos la necesidad de que el tercer sector debe regularse de forma específica puesto que, por sus características y objeto, no pueden competir en igualdad de condiciones con la empresa con ánimo de lucro, también nos gustaría dejar constancia, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que nosotros tampoco estaríamos de acuerdo con que se excluyera a esta iniciativa privada con ánimo de lucro.

Trato específico para que puedan competir en igualdad de condiciones sin duda. Exclusión directa de otros sectores no. Esto supondría una discriminación negativa que no podríamos admitir. Sí a la discriminación positiva, no a la negativa.

Y apuntar también que por mucho que se manipule, en ningún caso supone una privatización de lo público que estos servicios se presten por una sociedad con ánimo de lucro. No dudamos, lo hemos dicho, de la idoneidad de las sociedades mercantiles a la hora de prestarlos.

En definitiva, defendemos el derecho que tienen las entidades del tercer sector para competir en igualdad de condiciones con la iniciativa privada con animo de lucro, y para ello, sí creemos necesaria esa discriminación positiva. 

Decía que la modificación de la Ley es algo que reiteradamente viene reclamando este parlamento a lo largo de los últimos años, y que inicialmente se instaba al Gobierno a realizar una reforma global de la Ley. Que hoy nos tengamos que conformar con una parcial no significa, de ninguna manera, que renunciemos a ella. Es algo que quedará sobre la mesa para el próximo ejecutivo. Seguiremos insistiendo también en la necesidad de modificar la Ley de contratos y en la obligatoriedad de trasponer las directivas europeas. Aprovechamos también para pedirle al grupo parlamentario popular que sin tan preocupados están por este asunto, podían también demostrarlo intercediendo ante sus compañeros de Madrid.

El segundo de los aspectos que decía me gustaría comentar es el referente a las formas en la tramitación. No fuimos solo los grupos parlamentarios, fue también la entonces Consejera la que ya en su primera comparecencia, en julio del 2012, reconocía la necesidad de llevar a cabo esta reforma. Tenían tres años por delante y no fueron capaces hacerlo, y nos acaban presentando esta modificación parcial a solo 2 semanas de la disolución parlamentaria, poniéndonos entre la espada y la pared, obligándonos a aceptar una lectura única que no queremos, privándonos de un trámite parlamentario en el que hubiéramos podido aclarar cuestiones y plantear aportaciones. Un atropello.

Y que luego tengamos que escuchar declaraciones tales como ‘la reforma está hecha en tiempo y forma’, o ‘su aprobación depende de la voluntad de los grupos parlamentarios’ es, por lo menos, indignante. Es indignante que nos obliguen a aprobar la modificación de una Ley de tal envergadura sin debate. La falta de voluntad y la irresponsabilidad es únicamente de este Gobierno, no intenten de ninguna manera trasladársela a los demás.

En cualquier caso Señorías, no seremos nosotros los que impidamos que hoy se apruebe esta modificación, pero esto no es lo que llevamos años pidiendo.  Esto es simplemente un parche que tendremos que apoyar.

Por último, decía que me gustaría dejar constancia de otros aspectos más allá del cambio normativo que hoy se aprueba. Finalizamos una legislatura que se ha caracterizado por la falta de consenso y diálogo entre la Consejería de Bienestar Social y las entidades del tercer sector. Una Consejería cuya nula capacidad de negociación ha provocado continuas confrontaciones con los distintos sectores a los que van dirigidas sus políticas. Porque la culpa de las situaciones que han vivido estas entidades no son culpa de la Ley que hoy debatimos, han sido creadas por la propia Consejería con su gestión, con su estricta interpretación de la normativa, con su inflexibilidad, amén de las formas de una exconsejera que como no está presente no hablaré de ella.

Jamás se había visto que un número tan importante de entidades y ONGs de ámbitos tan diversos, convinieran manifiestos denunciando las políticas sociales de este Gobierno, paradójicamente, socialista. Ha sido una legislatura marcada, insisto, por la confrontación y el conflicto, desaprovechando en todo momento las sinergias con el movimiento asociativo con los profesionales y los técnicos del Tercer Sector.

Finalizamos una legislatura con una Consejería que se ha burocratizado en exceso, perdiendo la sensibilidad tan necesaria para poder dirigir y prestar este tipo de servicios. La atención a las personas con dependencia y discapacidad se ha vuelto rígida y homogénea, y enorme es el vacío creado con las asociaciones y entidades que han venido colaborando con la Administración desde hace muchos años. Han pasado de ser ‘colaboradores’ a ser considerados meros ‘proveedores’.

Y lo que es peor, las opiniones y los pareceres de los usuarios de los servicios y las de sus familias jamás habían sido tenidas tan poco en cuenta como con este Gobierno.

Esta ha sido la respuesta del actual Gobierno socialista a las difíciles situaciones que han atravesado y atraviesan las entidades sociales, golpeadas fuertemente por una crisis económica sin precedentes y afectadas muy especialmente por un goteo incesante de recortes por parte de la Administración. Precisamente en estos momentos, cuando más necesitan del apoyo de los poderes públicos, estos, lejos de mostrar su sensibilidad no han hecho otra cosa más que ponerles trabas y dificultades en el desarrollo de sus funciones, actuando arbitraria y unilateralmente, de espaldas al sector, creando problemas donde no los había y provocando efectos indeseados por todos que bien podían haberse evitado con algo más de sensibilidad y trato directo.

Han conseguido que estas asociaciones hayan perdido la confianza en el Gobierno. Han perdido esa confianza tan necesaria para que el trabajo coordinado, del que mucho habla este ejecutivo pero muy poco practica, pueda realmente materializarse. Confianza que el próximo Gobierno del Principado tendrá que preocuparse de recuperar”.