El Gobierno de Asturias ha presentado el anteproyecto de Ley de Estancias Turísticas, una iniciativa que contempla la creación de una tasa turística de aplicación voluntaria por parte de los ayuntamientos con el objetivo de impulsar un modelo de desarrollo turístico más sostenible, equilibrado y respetuoso con el territorio.
La propuesta permitirá a los municipios que así lo decidan aplicar este pago durante la temporada alta, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, así como durante la Semana Santa. La tasa se abonará por un máximo de cinco noches y los fondos recaudados se destinarán a actuaciones relacionadas con la sostenibilidad turística, la mejora de servicios y la calidad de la experiencia de los visitantes.
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha defendido la medida como una herramienta para que quienes visitan Asturias contribuyan también a la conservación y mejora del territorio. Según explicó, la comunidad atraviesa un momento de fuerte crecimiento turístico que requiere nuevas fórmulas para garantizar una gestión sostenible del destino.
El anteproyecto establece importes diferenciados según el tipo de alojamiento. Las tarifas oscilarán entre los 0,5 euros por noche en alojamientos rurales, albergues o campings, y los 3 euros en hoteles de cinco estrellas superior y cruceros turísticos. También se incluyen apartamentos turísticos, viviendas vacacionales, viviendas de uso turístico y áreas de acogida de autocaravanas.
Una de las principales características de la medida es que será voluntaria para los ayuntamientos y no supondrá costes de gestión para las administraciones locales, ya que el Principado asumirá íntegramente la administración y recaudación de la tasa. Los ingresos obtenidos revertirán en actuaciones vinculadas a la promoción, protección y desarrollo de un turismo sostenible.
La propuesta contempla además diversas exenciones. No tendrán que abonar la tasa los menores de edad, las personas con discapacidad igual o superior al 65 %, quienes participen en programas sociales públicos, las personas desplazadas por motivos sanitarios o educativos, investigadores, participantes en programas de talento impulsados por las administraciones públicas y deportistas federados que acudan a competiciones oficiales, entre otros supuestos.
El texto inicia ahora la fase final de su tramitación administrativa antes de ser sometido a la aprobación del Consejo de Gobierno. La iniciativa forma parte de los compromisos del Ejecutivo autonómico para este año y busca dotar a los municipios de una nueva herramienta para reforzar la financiación de actuaciones vinculadas a la sostenibilidad y la calidad turística.
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