Pedro Leal: “La filtración de la Consejería de Educación que publica hoy La Nueva España confirma que no existió la más mínima traza de irregularidad o ilegalidad en la actuación de José Antonio Martínez, sino una rigurosa observancia de la contratación pública”

“De nuevo, las resoluciones de la Consejería de Educación llegan antes filtradas a La Nueva España que a los ciudadanos o empresas afectados en un claro ejemplo de discrecionalidad administrativa”

“Asimismo, esta noticia evidencia que la verdadera finalidad de tal decisión de iniciar un expediente de revisión de oficio para declarar la nulidad de dicho contrato era, únicamente, la represalia de la Consejería y de  La Nueva España contra un diputado de FORO, tras la dimisión de Esther Díaz por su vinculación con la empresa Davelco”

El director del Gabinete Jurídico de FORO, y presidente de la Comisión de Política Local, Pedro Leal, ha afirmado hoy que “la filtración de la Consejería de Educación que publica hoy La Nueva España confirma que no existió la más mínima traza de irregularidad o ilegalidad en la actuación de José Antonio Martínez, sino una rigurosa observancia de la contratación pública”.

Pedro Leal ha explicado que “en el día de hoy, hemos tenido conocimiento de que la Consejería de Educación del Principado de Asturias habría archivado, por Resolución de 7 de enero de 2015, el expediente de revisión de oficio para declarar la nulidad del contrato de servicios de comedor en los colegios Gesta I y Gesta II de Oviedo, adjudicado a la entidad Cook Gastronomía, según recoge una noticia publicada en portada y página interior La Nueva España”. También ha subrayado que “de nuevo, las resoluciones de la Consejería de Educación llegan antes filtradas a La Nueva España que a los ciudadanos o empresas afectados en un claro ejemplo de discrecionalidad administrativa. En todo caso, la noticia demuestra lo que desde un principio sostuvo FORO en relación con la supuesta nulidad del contrato por la alegada incompatibilidad del diputado regional José Antonio Martínez, y que es que no existía la más mínima traza de irregularidad o ilegalidad en la actuación del diputado ni en la adjudicación del contrato sino, muy por el contrario, una recta aplicación del Ordenamiento jurídico y una rigurosa observancia de los principios rectores de la contratación pública.

Pedro Leal ha añadido que “asimismo, esta noticia evidencia que la verdadera finalidad de tal decisión de iniciar un expediente de revisión de oficio para declarar la nulidad de dicho contrato era, únicamente, la represalia del Gobierno de Javier Fernández y de La Nueva España contra de un diputado de FORO, tras la dimisión de Esther Díaz por su vinculación con la empresa Davelco. Fue una decisión claramente política que atentó contra los intereses de un partido y no atendía al interés general, adoptada con unos mimbres jurídicos cuya extrema endeblez ha quedado ahora constatada. Todo esto dicho  ahora sin perjuicio de valorar más adelante el contenido íntegro de la resolución de la Consejería de Educación cuando se haya notificado ésta por los cauces previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo a la entidad interesada, pues lo cierto es que, hasta el momento, la empresa no ha tenido otro conocimiento de la misma que la información hoy publicada en La Nueva España”.