IU insta a los grupos de la Junta a oponerse al fracking

El grupo parlamentario de IU en la Junta General del Principado
registra una Proposición No de Ley para que el parlamento inste al
Consejo de Gobierno a promover en el marco de sus competencias una
normativa responsable y coherente con el principio de precaución en las decisiones relativas a la extracción de recursos y a oponerse a
la extracción de gas por fracking debido a los graves impactos ambientales y sociales que conlleva esta tecnología. A esta iniciativa en el parlamento asturiano se suman las preguntas por escrito del diputado de IU de Asturias, Gaspar Llamazares. El diputado pregunta al Gobierno si piensa promover una normativa responsable y coherente con el principio de precaución en las decisiones relativas a la extracción de recursos e impacto ambiental en el territorio y si tiene previsto el Gobierno rechazar la utilización de la fractura hidráulica para la obtención de petróleo y gas de esquisto, así como de metano procedente de yacimientos de carbón, debido a los graves problemas ambientales y sociales que conlleva esta tecnología, anteponiendo los intereses de la población a los de las empresas del gas.
 
Emilia Vázquez, diputada de IU, encargada de los asuntos de
 medioambiente, considera que pese a que la fractura hidráulica se nos
 presenta como la tecnología que permitiría acceder a nuevas bolsas
 de gas con las que mantener el ritmo de consumo actual, conlleva los
 graves riesgos, ya detectados en Estados Unidos tras años de
 experiencia, sobre el medioambiente, las personas y las reservas de
 agua dulce.
 
La extracción de gas no convencional supone una alta ocupación del
 territorio, dada la cantidad de pozos que se deberían hacer para
 optimizar la explotación, la necesidad de crear balsas para acumular
 el agua contaminada y el elevado tránsito de vehículos con cisternas
 para evacuar el gas. "Este modelo de desarrollo tendría graves
 impactos en las actividades que mantienen la actividad en el medio
 rural: agricultura, ganadería…", explica la diputada.
 
Del mismo modo, recuerda, que en el aire de las zonas donde se está
 desarrollando el fracking se han detectado niveles extremadamente
 altos de compuestos orgánicos volátiles tóxicos y carcinógenos
 como benceno, tolueno, xilenos, naftalenos y disulfuro de carbono,
 así como otros 35 compuestos químicos diferentes. Además las fugas
 de metano en los procesos de fractura hidráulica pueden tener un
 impacto muy negativo en el balance de gases de efecto invernadero ya
 que el metano es un gas invernadero mucho más potente que el CO2.
 
La preocupación por estos proyectos va en aumento y la Comisión
 Europea ha recordado en un escrito del pasado 28 de junio de 2012 que
 "los proyectos de hidrocarburos convencionales, incluidos los de
 prospección y exploración, estarían sujetos a una evaluación de
 impacto ambiental (EIA) si no puede confirmarse, a la luz de una
 información objetiva, que no van a tener repercusiones ambientales
 importantes". Así lo ha explicado el comisario europeo de Medio
 Ambiente, Janez Potocnik, en una respuesta sobre la EIA en proyectos
 de fractura hidráulica.
 
En Asturias, recuerda Vázquez ya ha habido algún proyecto para
 tratar de evaluar las posibilidades de explotar hidrocarburos mediante
 esta técnica en la zona de Villaviciosa. Como consecuencia de ello se
 han solicitado permisos de investigación para la explotación de
 dichos hidrocarburos mediante fractura hidráulica. Por eso es bueno
 que la Junta General se pronuncie de sobre la extracción de gas por
 fracking debido a los graves problemas ambientales y sociales que
 conlleva esta tecnología, anteponiendo los intereses de la población
 a los de las empresas del gas.
 

Las iniciativas de los parlamentarios asturianos de IU se suman a una Proposición No de Ley presentada en enero de 2012 en el parlamento español, que aún no ha sido tratada. En la misma, el diputado de La Izquierda Plural, Chesús Yuste, demanda la paralización de las prospecciones y sondeos usando esta técnica, además de la redacción de una ley que prohíba su uso.